Los abogados de Verónica Abad ya analizan una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y luego acudir a instancias internacionales.
“Golpe de Estado judicial”, así reaccionó Verónica Abad la mañana de este sábado 29 de marzo, tras conocer que la suspensión de sus derechos políticos por dos años quedó en firme, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) despachara la noche del viernes un recurso de aclaración y dispusiera la ejecutoría de la sentencia.
La suspensión de sus derechos no implica directamente su destitución, pero no le permite ejercer un cargo público, como es la Vicepresidencia.
En esta línea, Abad se hizo eco de la postura que tuvo durante la sesión del viernes el juez Fernando Muñoz, quien discrepó con Joaquín Viteri (juez ponente), Ángel Torres (quien conducía su auto mientras se desarrollaba la sesión) e Ivonne Coloma.
El magistrado Muñoz dijo que aplicar la suspensión de derechos políticos a Abad es desproporcional e implica una forma de remoción indirecta. Y que esto contraviene la Constitución, pues la Carta Magna establece claramente cuáles son las causales para destituir a un Presidente o Vicepresidente y entre estas no se encuentra la pérdida de derechos de participación.
Los abogados de Verónica Abad ya analizan una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y luego acudir a instancias internacionales.
El lunes se espera que el TCE remita un oficio al Ministerio de Trabajo para que inhabilite a Verónica Abad de ejercer cargo público, con lo que estará bloqueada de ejercer la Vicepresidencia.
Ecuavisa
