Fausto Giraldo

El 16 de marzo del 2020, mediante decreto ejecutivo 1017 el presidente declara el Estado de Emergencia por calamidad pública e implementa una serie de medidas principalmente restrictivas para el tránsito libre de personas, dispuso el confinamiento obligatorio, toque de queda, mecanismos de provisión de alimentos y otros productos y servicios para la población en general, esto con el fin de contener el riesgo de contagio de un virus al que los científicos y la Organización Mundial de la Salud lo denominó SARS-CoV-2 comúnmente llamado COVID / CORONAVIRUS.

A partir del caso “cero” en la actualidad, en Ecuador, a marzo del 2021 son 302.221 casos confirmados y 11.446 personas fallecidas; en Imbabura se menciona que serian 9093 de contagio y 272 fallecidos; mientras que en Ibarra serían 4.531 casos confirmados. A de destacarse que las cifras oficiales expuestas distan de los números reales tanto de contagio como de fallecidos que se podría decir son datos superiores que quizá no han sido contabilizados por varios factores entre los que se podría mencionar: 1) inadecuada gestión de la información, 2) desestimación de casos no considerados como contagios, y 3) no registro de casos por falta de información por parte de los pobladores.
Es importante hacer una lectura puntualizada de los elementos esenciales que configuran la presencia del virus en territorio y cuyas consecuencias han incidido en la vida económica, social, educativa y de vida de los habitantes:
Se ha valorado como inadecuada la gestión política y gubernamental de crisis, las medidas y acciones adoptadas fueron cuestionadas por profesionales y la ciudadanía en general; este periodo a dado cabida a tres ministros de salud, dos de ellos dejaron sus funciones en medio de escándalos en el manejo de la pandemia y el proceso de vacunación.
Evidenció el insuficiente sistema de salud pública, los hospitales y centros médicos no han contado con el suficiente y necesario equipamiento para contener la emergencia, los profesionales de la salud con maltrato estatal, inestabilidad, falta de pago e insuficiente personal para atender los casos. El sistema de salud público no estaba preparado para intervenir en la emergencia sanitaria, si bien es cierto nunca antes vista, pero también denotó la falta de previsión, planificación y financiamiento de una política pública requerida para estos casos.
Se constató que la crisis no era solo económica o sanitaria sino también moral, grandes escándalos de corrupción se identificaron en las casas de salud estatal e IESS, en los gobiernos locales y otras instituciones como la Secretaria de Riesgos; sobreprecios en las compras públicas de equipos, insumos, alimentos, fundas de cadáveres. La corrupción extendió sus “garras” incluso hasta un sector vulnerable como son las personas con discapacidad en la emisión de los carnés que les certificaba como tal y que fueran obtenidos fraudulentamente por personajes del más alto nivel de las instituciones públicas. Este mal afecto de forma notable a los más pobres, pues se trataba de beneficios y recursos que debían ser asignados a los que más necesitaban.
Indudable que la crisis sanitaria afecto la producción y golpeó, como era de suponerse, a los trabajadores. Sectores de la economía que cerraron, quebraron, no se han podido recuperar; miles de negocios que dejaron en la desocupación a millones de ecuatorianos, las cifras oficiales distan mucho de la realidad en cuanto al crecimiento del desempleo, en cálculos numéricos a mi juicio son como 6 millones de habitantes que se quedaron sin un ingreso permanente. A ello se suma la aprobación de la ley humanitaria que, de humanitario no tiene nada, redujo la jornada laboral pero con ello también el recorte de los ingresos salariales de los trabajadores, dejándo sin liquides y capacidad adquisitiva para resolver las necesidades de sus hogares.
En la era de la conectividad y globalización electrónica, con la implementación de la modalidad virtual puso de manifiesto el limitado acceso a internet y reducido equipo tecnológico de los hogares ecuatorianos en donde los estudiantes no pueden hasta el momento regularizar el mecanismo de aprendizaje y los padres de familia con el denominado “teletrabajo” tampoco han podido desempeñar su actividad laboral. Han tenido que priorizar y ser muy creativos a la hora de acceder a los medios electrónicos, clases o teletrabajo en celulares de baja gama, falta de recursos para contratar el servicio de internet, actividades académicas por mensajes de celular o sencillamente tareas dirigidas semanalmente. Esto sobretodo en la ruralidad del país.
El acceso a alimentos se convirtió en un “vía crucis” para muchas familias, solo la solidaridad de unos con otros permitió compartir lo poco que se tenía en las familias, momentos en que la situación se volvía casi insostenible, los organismos estatales no estuvieron a la altura de este requerimiento, desorganización, falta de gestión de la información, gasto infructuoso de recursos.
La falta de empatía y solidaridad empresarial es un hecho que debe observarse, era obvio que habría retraso en el pago de planillas de servicios y cuotas bancarias, sin embargo a diario la ciudadanía cuestionaba el acoso de las telefónicas y entidades financieras quienes atosigaban con sus llamadas y mensajes a los clientes para que paguen las cuentas, en muchos de los casos hasta se suspendía la provisión de servicios desde las empresas privadas incluso ya habiéndose aprobado la Ley Humanitaria que prohibía hacer dichos cortes.
El aumento de la violencia intrafamiliar quizá es un hecho que está latente pero no muy tomado en cuenta por parte de los organismos responsables de ejecutar políticas públicas en este sentido, violencia de pareja a pareja, de padres a hijos y de hijos a padres; con seguridad el porcentaje de violencia intrafamiliar debe haber superado el 70% de una u otra forma de violencia.
Quizá como ecuatorianos la principal preocupación fue la supervivencia de nuestras familias lo que invizibilizo una crisis humanitaria en la población en condiciones de movilidad, miles de migrantes en las calles, confinados bajo puentes o en laderas y parques, sin alimentos y medicinas, sin empleo.
La crisis económica del país se ahondó con la pandemia, los gobiernos autónomos descentralizados no percibieron los recursos estatales, el régimen privilegio el pago de la Deuda Externa y no la inversión en la contingencia y mitigación de la crisis sanitaria y social, los GAD locales han estado muy lejos de comprender esa realidad y priorizar los pocos recursos que han tenido, pese a ciertas decisiones al respecto pero estas hasta hoy son insuficientes, principalmente entender que más allá de lo estético y la gran obra implicaba invertir en la reactivación económica y la recomposición social.
Los organismos de gobierno actuaron distantes del tejido social, no articularon con la comunidad y muy poco se coordinaron acciones de intervención organizada entre todos ellos, cada quien principalizó el criterio político y protagónico antes que el objetivo de atención social. Decisiones hasta desacertadas en momentos que refirieron el cuestionamiento ciudadano mediante redes sociales aún estando en confinamiento.
La indisciplina social hasta el momento es una conducta que puede ser valorada en dos aspectos: la falta de solidaridad y entendimiento en cuanto a la necesidad de aplicar las tres reglas de prevención del riesgo (distanciamiento, mascarilla y acepsia), persiste la aglomeración desenfrenada en actividades sociales y deportivas; y “la necesidad” de llevar el pan del día a cada uno de los hogares que obliga a salir a las calles a “hacer el medio” para ello.
Los conocedores de desarrollo señalan de forma permanente que a las crisis hay que mirar también oportunidades, un año que bien se pudo haber aprovechado para planificar el desarrollo de los territorios, proyectar una visión de futuro en el “nuevo momento”, los cambios en el comportamiento socio económico y culturales que la pandemia estaba generando, una construcción distinta de ciudad, de país, no hay conciencia al respecto.
A un año del confinamiento nos hemos acaso preguntado ¿Cuál es el estado de ánimo de los pobladores en el Ecuador?, ¿Qué pensamos, que queremos, hacia dónde vamos?. Ha sido un año de aprendizaje también, la cultura del individualismo está latente, la política del “vivo”, del político corrupto, de la falta de empatía y solidaridad entre personas y empresas, la ausencia de liderazgo y capacidades de gestión de autoridades locales y nacionales. Sin duda debe reflexionarse estos y muchos otros aspectos, más cuando estamos a punto de decidir quién será el presidente para los siguientes 4 años, decisión que debería permitir echar una mirada al pasado y tomar en cuenta que, a manera de recreación gráfica, la casa que tenemos es responsabilidad de quien la planifica, la construye y la mantiene, es decir el país que tenemos es resultado de quien nos ha gobernado y de quién ha elegido para que lo hagan.