Era domingo 11 de septiembre. A las 00:45, la abogada María Belén Bernal llegó a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en el norte de Quito.
Según sus familiares, la mujer, de 34 años, llegó a esa dependencia para visitar a su esposo. Él es teniente y fue asignado como instructor de cadetes en ese sitio.
Bernal llegó hasta la garita del recinto y registró su llegada. Pero no hay constancia de que haya salido. A ella se la vio por última vez cuando entró a ese centro de formación policial y desde entonces se desconoce su paradero.
Patricio Carrillo, ministro del Interior, dijo que el único registro de salida es de un vehículo de vidrios polarizados, que era conducido por el esposo de Bernal. Sin embargo, no se verificó el interior del auto ni se comprobó si el oficial salía o no con su esposa.
La madre de la abogada, Elizabeth Otavalo, lloró en los exteriores de la Fiscalía de Pichincha por su hija y responsabilizó de lo ocurrido a la Escuela de Policía.
Otavalo reclama que ese centro de formación aún no entrega información sobre el paradero de su hija. Además, su abogado, Galo Quiñones, mencionó que han transcurrido 48 horas desde que pidieron informes y videos del ingreso de Bernal a ese establecimiento, pero aún no reciben ningún documento o imagen.
La fiscal general, Diana Salazar, también criticó que hasta ayer la Policía no enviaba aún un informe de lo ocurrido dentro de esa dependencia. “No nos han hecho conocer hasta el momento lo sucedido en su interior”, dijo.
En cambio, el comandante de Policía, Fausto Salinas, aseguró que se actúa con total transparencia. “Si hay alguien involucrado tendrá que pagar ante la justicia. No habrá espíritu de cuerpo”.
La investigación
La Fiscalía aseguró que en este caso se activó el protocolo de búsqueda de desaparecidos y que hasta el momento se han ejecutado 28 diligencias investigativas, como toma de versiones, allanamientos, pericias, recopilación de indicios. Por ejemplo, los agentes allanaron la Escuela de Formación y encontraron la cartera de Bernal y su chancleta.
Además, se realizaron varios exámenes de luminol en diferentes lugares. Esa prueba sirve para detectar rastros de sangre. Está previsto que también se realicen otras pericias técnicas, en especial pruebas de ADN.
Salinas también señaló que se intensificó la búsqueda de la abogada en el centro de formación y sus alrededores. Incluso se usó un helicóptero y drones. Además, el ministro Carrillo dispuso que se suspendieran todas las actividades de ese lugar para realizar un rastreo “exhaustivo” de la mujer.
El sospechoso
El esposo de Bernal fue quien puso la denuncia por desaparición. Además, rindió una versión en Fiscalía. Él dijo que salió con su esposa de la Escuela de Formación y la dejó en una calle para que tomara un taxi. Dijo que desde entonces no sabe nada de ella y que la desaparición habría ocurrido en el sector de Miravalle.
Según las autoridades, actualmente el oficial está prófugo y es sospechoso de la desaparición. La Policía dijo que se realiza un bloque de búsqueda para localizarlo y se advirtió a los puestos de control fronterizo para evitar que salga del país. “Los agentes del orden tienen como obligación estatal encontrar a las personas y no desaparecerlas, menos aún dentro de un recinto que está controlado por la Policía”, dijo Salazar.
Cifras oficiales señalan que en lo que va de este año en el Ecuador se han reportado 5 416 denuncias por desaparición, y que de ellas el 62% son mujeres.
Posturas
Colectivos de mujeres exigen a las autoridades transparencia en la investigación de la desaparición de María Belén Bernal. Ella es abogada penalista de profesión y también tiene un hijo.
La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador demanda que se haga una investigación integral y que no se oculte la presunta responsabilidad del policía, que es el esposo de la abogada.
Esa Coalición pide que la institución policial se separe de la investigación y que sea la Fiscalía la que asuma todo el proceso. Rocío Rosero, vocera de la Coalición, dijo que las autoridades policiales y el Ministerio del Interior no deben permitir impunidad. Además, las organizaciones temen que en este caso haya espíritu de cuerpo.
Reclamo
La fiscal general, Diana Salazar, criticó que la Policía Nacional haya perdido el control del seguimiento y vigilancia del esposo de la abogada, quien es sospechoso en este caso.
Salazar dio a conocer que se receptó la versión del esposo y se lo retuvo por ocho horas en la Fiscalía. Ese tiempo lo establece la ley.
Mientras lo tuvo retenido, la Fiscalía dispuso a la Policía que levantara indicios, practicara diligencias y enviara resultados de la investigación.
Pero a las ocho horas tuvieron que liberarlo, pues las investigaciones y recopilación de evidencias aún continuaban. Según Salazar, se dispuso a la Policía el seguimiento del sospechoso. Luego, Salazar supo que la Policía perdió el control de vigilancia del esposo.
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