“Rechaza libertad de principales sospechosos”
El Dr. Ángel Portilla abogado de la familia Ati-Gavilanez, en el caso del femicidio de la teniente Pamela Aidita Ati Gavlanez, por el ominoso, abominable y despreciable crimen de femicidio ocurrido en la Brigada 19 Napo, el 28 y 29 de junio de 2024, que investiga la Fiscalía de Violencia de Género No.- 1 de la provincia de Orellana, a los presuntos infractores: mayor Xavier Pinargote, mayor Fredy Quintanilla, teniente John Mena, subteniente Ángel Jiménez, capitán María Vaca, y subteniente Luis Fierro, solicitó que la investigación se extienda a todos los elementos militares que tienen que ver con este crimen.
El abogado defensor argumentó los fundamentos de su denuncia en la constitución, leyes orgánicas, leyes comunes, tratados y convenios internacionales, decretos y ordenanzas para establecer la mala conducta profesional de los que han participado de esta violación y femicidio. Precisó que el artículo 159 de la Carta Magna, dice que: “las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes la ejecuten”; recuerda el artículo 126 sobre “la responsabilidad disciplinaria de una falta recae sobre todos los que han participado en el acto como autores o cómplices por acción u omisión”.
Puntualizó que la denuncia se extiende al coronel Marco Guerrón y a todos los oficiales que en gradiente para abajo tengan que ver con este gravísimo delito, dijo que saldrán a relucir nombres y apellidos en la investigación administrativa pertinente, porque no se puede entender que el principal denunciado, haya salido incluso a los medios de comunicación a decir que Pamela Ati, se había asfixiado con su propio vómito, es decir, creando desde ya un falso espíritu de cuerpo que por ser este delito abominable, solo en su estulticia se le puede haber ocurrido.
Finalmente, el doctor Ángel Portilla rechaza tajantemente la decisión de la jueza Mireya Torres de la Unidad de Violencia Contra la Mujer, quien dispuso el lunes 12 de agosto, la libertad de los principales sospechosos, a quienes les otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva.