La paralización de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Cristóbal, y la falta de medidas correctivas para su reparación, ocasionaron que se descarguen en el mar 659.736 m3 de aguas residuales.

La Contraloría General del Estado (CGE) auditó la emisión de las resoluciones de emergencia de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) y las contrataciones, efectuadas en el cantón San Cristóbal entre agosto de 2019 y diciembre de 2020, para solventar la situación.

El informe de auditoría señala que las autoridades municipales no ordenaron medidas para dar mantenimiento oportuno a los sistemas de impulsión, descarga y estaciones de bombeo, provocando el daño de la bomba sumergible central y la paralización de la planta de tratamiento de Puerto Baquerizo Moreno.

Con el fin de repotenciar de forma urgente el sistema y así evitar daños ambientales, el 19 de noviembre de 2019 se declaró en emergencia la planta, pero las contrataciones para mantenimiento, limpieza y desalojo de lodos orgánicos, por USD 403.666, se adjudicaron directamente 105 días después de la emisión de la declaratoria.

Para el equipo de control, la demora en la suscripción de los contratos muestra que la situación, que derivó en la declaratoria de emergencia, no cumplió los requisitos de inmediatez e imprevisibilidad, señalados en la Ley Orgánica de Contratación Pública para justificar el uso de un régimen de contratación emergente, en lugar de los procedimientos comunes.

Las contrataciones carecieron de un diagnóstico previo, diseños definitivos y en el presupuesto referencial no se consideraron todos los aspectos necesarios para remediar la problemática. La falta de planificación en las intervenciones retrasó el mantenimiento, por lo que 448 días después de la declaratoria, la emergencia no se había superado.

Durante las inspecciones técnicas realizadas en marzo de 2021, los auditores evidenciaron que la planta no contaba con un sistema de dispersión de olores, aunque estaba dentro de la ciudad. Además, las aguas residuales sin tratar se desviaban a través de un conducto submarino hasta desembocar en Punta Carola y el perímetro de la infraestructura estaba lleno de maleza por falta de mantenimiento.

El equipo de control afirma que, desde la paralización de la planta, el 17 de octubre de 2019, se descargaron al océano 659.736 m3 de aguas residuales sin tratamiento. Tampoco se realizaron los monitoreos y análisis de calidad del agua de mar, por lo que no se dispone de datos actualizados —como caudal, frecuencia, volumen y calidad del efluente— para identificar el impacto al ecosistema marino de Galápagos.