La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, recibió del procurador General, Íñigo Salvador, el proyecto de Ley Orgánica de Repetición, que tiene por objetivo recuperar los recursos que paga el Estado por condenas de tribunales nacionales e internacionales, por acciones u omisiones de sus funcionarios delegatarios o por quienes ejercen en su nombre una potestad pública.

 

Este proyecto busca incluir en un solo instrumento toda la normativa que sobre esta materia se encuentra dispersa en varias leyes, con el propósito de garantizar el patrimonio del país y evitar que la acción u omisión de funcionarios en el ejercicio de sus cargos, provoque demandas nacionales e internacionales por las cuales el país se obliga a pagar indemnizaciones, como en el caso del laudo arbitral que favorece a la compañía francesa Perenco.

Íñigo Salvador subrayó que es urgente contar con un marco normativo moderno y ágil que permita la correcta aplicabilidad del procedimiento de repetición en contra de aquellos que han sido responsables de perjuicios económicos en contra del Estado ecuatoriano. Por ello, solicitó que se dé una alta prioridad para su trámite, al interior de la Asamblea Nacional.

Explicó que la propuesta prevé recursos sencillos y rápidos que sean aplicables por los jueces o tribunales competentes, garantizando el debido proceso de los agentes presuntamente responsables. A la vez, amplia el alcance de la acción de repetición a todos los potencialmente responsables de acciones u omisiones que han afectado al patrimonio estatal.

Así mismo, la norma fortalece las actuaciones del Procurador General como abogado del Estado en estas acciones, en coordinación con las entidades estatales competentes.

De su lado, la titular de la Legislatura, Guadalupe Llori Abarca, al dar la bienvenida al funcionario a la Casa de la Democracia, aseguró que la Asamblea Nacional realiza un trabajo de puertas abiertas a favor de los derechos del pueblo ecuatoriano y más cuando se trata de temas como el análisis de la responsabilidad de los jueces cuando se busca resolver temas relacionados con los intereses del Estado.

Anunció que la Asamblea dará a este proyecto el trámite previsto en la ley, dentro de los tiempos establecidos, para que el Ecuador cuente con una normativa tan importante, en defensa de los recursos que pertenecen a los 17 millones de ecuatorianos.

Comisión de Régimen Económico se apresta a aprobar informe de gestión del expresidente Lenín Moreno
La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño, convocó a sesión para este viernes 2 de julio, a las 10h00, con el fin de analizar, debatir y votar el informe de gestión del expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, elaborado por la subcomisión que se encargó de revisar la información remitida a la Asamblea Nacional.

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional, la mesa legislativa en el plazo de 30 días debe entregar el informe motivado.

Para cumplir lo encomendado, la Comisión recibió a varias autoridades para que informen algunos datos de la gestión del exmandatario, con lo cual la subcomisión preparó un informe que contendrá conclusiones y recomendaciones que deben ser aprobadas por la mesa legislativa y puestas en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.

Según el artículo 44 de de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que se conozca el documento de la Comisión, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará en un solo debate sobre el informe anual de labores presentado por el expresidente Lenín Moreno.

Procurador del Estado asegura que crisis de la Contraloría requiere una salida política
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social recibió al procurador General del Estado, Íñigo Salvador, con el fin de que explique la consulta realizada por la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Sofía Almeida, sobre la designación del Contralor General del Estado y del Subcontralor.

El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, sostuvo que ante la crisis institucional que atraviesa la Contraloría es deber de la Asamblea Nacional y de la Procuraduría dar a los ecuatorianos respuestas claras. Cuestionó que una persona privada de la libertad tenga la posibilidad de nombrar a un subcontralor.

El asambleísta Ronny Aleaga, indicó que se viven momentos difíciles en seguridad jurídica y expuso que no puede seguir ejerciendo funciones un Contralor que está detenido y procesado por delitos que atentan contra el erario nacional.

El Procurador General del Estado admitió la crisis institucional y política que enfrenta la Contraloría. En su intervención, explicó que la institución que preside otorga asesoramiento legal y absuelve consultas jurídicas de organismos y entidades del sector público con carácter de vinculante, en aquellos temas que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades.

Durante su comparecencia indicó que la crisis que enfrenta la Contraloría necesita una salida política. Remarcó que la solución a la crisis no puede dar la Procuraduría, porque es una entidad que ejerce un rol técnico jurídico. Las consideraciones políticas, sociales y económicas que dan lugar al nacimiento de normas jurídicas son extrañas al análisis que la Procuraduría debe hacer, expresó.

El Procurador hizo hincapié en que la solución a este conflicto no es puramente jurídica, sino que involucrará a los más altos protagonistas del accionar político: la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y probablemente la Corte Constitucional.

Explicación legal

Durante su explicación, el Procurador mencionó que dentro de los informes jurídicos emitidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se señaló que esta entidad no tiene capacidad, ni competencia para encargar actualmente la titularidad de ninguna entidad de control. Tampoco ninguna competencia ni procedimiento por el que pueda nombrar Contralor Subrogante.

Lo que sí se señaló en los informes del Cpccs es que la entidad podría convocar a un concurso para nuevo contralor de manera inmediata, pero debería solicitar a la Corte Constitucional una modulación del dictamen constitucional N°2-19-IC-19 en relación al mandato especial para la Contraloría General del Estado.

En otro informe enviado por el Cpccs se sugirió que como está próximo a concluir el período constitucional de 5 años del Contralor General, el Consejo ya debe iniciar el proceso de concurso para la designación.

Asimismo se recogió el criterio jurídico de la Contraloría y la Procuraduría sobre la base de la Constitución, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, Ley de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Servicio Público, entre otras normativas. Una de las principales conclusiones que destacó el Procurador fue que “no existe norma legal que faculte al Cpccs a encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado”.

Al ser consultado su opinión sobre la designación del nuevo subcontralor, Carlos Riofrío, manifestó que no podría emitir criterio, ya que la institución que dirige se pronuncia cuando recibe una consulta por escrito, canalizada a través de la máxima autoridad de la entidad consultante, acompañada por un informe jurídico interno.

Realizar una opinión sobre hechos de esta crisis “que está lejos de solucionarse”, no dejaría de ser mi criterio, dijo. Puntualizó que la Procuraduría solo se pronuncia a través de dictámenes.

Fiscalización calificó solicitud de juicio político contra Pablo Celi, contralor subrogante
La Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de sus nueve miembros, calificó la solicitud de juicio político en contra de Pablo Celi, contralor subrogante, propuesta por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, por incumplimiento de funciones.

Tras la calificación a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el organismo notificará al funcionario sobre el inicio del juicio, acompañando la solicitud y la documentación de sustento a fin de que, en el plazo de quince días, presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes. En el mismo acto notificará al asambleísta solicitante, para que, dentro del plazo de quince días, presente las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

La norma, en el tercer inciso del mismo artículo, determina que con la contestación del funcionario enjuiciado o sin ella, se establecerá el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas.

Causales

El asambleísta Juan Cristóbal Lloret propone el juicio con cinco causales, entre ellas, la legalización del nombramiento de Pablo Celi, tomando en cuenta que no existe una acción de personal que certifique la subrogación del despacho del Contralor, tras la salida de su antecesor, Carlos Pólit; la trama de Odebrecht y el papel que habría jugado Celi, al establecer informes con indicios de responsabilidad contra funcionarios, pero liberando de toda responsabilidad a la empresa constructora brasileña.

Además, el contrato suscrito con Daniel Salcedo Bonilla por un millón 150 mil dólares que se adjudicó de forma irregular, en apenas seis días, modificando el plan anual de contrataciones y los términos de referencia para favorecer a la empresa de comunicación de Salcedo, que paradójicamente, estaba cuestionada por la propia Contraloría.

También, la interferencia de la Contraloría en las competencias exclusivas de la Función Electoral, cuando dispuso la eliminación del registro de organizaciones políticas de los movimientos Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Juntos Podemos y Libertad es Pueblo; y, después, cuando pretendió hacer una auditoría al sistema informático en medio del último proceso electoral.