La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recibió este lunes, 9 de noviembre, a Franklin Roldán, presidente; y, Luis Muñoz, asesor Jurídico de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), quienes formalizaron sus denuncias en torno a una supuesta falta de estabilidad laboral en el sector judicial.

 

Franklin Roldán subrayó que desde 2019 han expresado las preocupaciones del gremio al Consejo de la Judicatura y, hasta el momento, no han tenido respuesta alguna sobre la serie de peticiones que han formulado, en defensa de sus derechos laborales, al recordar que la estabilidad de los servidores judiciales, tanto de carrera, cuanto de nombramiento provisional, está garantizada por la Constitución y la ley.

Añadió que, de conformidad con lo que determina la ley, han solicitado se desarrollen los respectivos concursos para otorgar nombramientos definitivos para 8 000 servidores judiciales que actualmente laboran en la modalidad de nombramiento provisional y no se cumple con el respectivo proceso. Subrayó que la estabilidad laboral es una condición necesaria para garantizar una adecuada administración de justicia en beneficio de la colectividad ecuatoriana.

De su lado, Luis Muñoz Pasquel aseguró que en los 22 años de existencia del Consejo de la Judicatura solamente se han dedicado a perseguir a los funcionarios judiciales y a llevar a cabo concursos amañados para la selección de jueces y fiscales. De 4 000 funcionarios, en 2011, subimos a 16 000 funcionarios en 2016, aseguró.

Respecto de los procesos de desvinculación de funcionarios judiciales, Muñoz indicó que la declaratoria de inconstitucionalidad parcial del Decreto 813, por la cual se determina que estos procesos serán voluntarios y, en ningún caso, obligatorios, frenó el despido de servidores de esta Función del Estado. No obstante, de las desvinculaciones que se han dado, la mayoría corresponde a puestos como choferes, con sueldos modestos, cuando existen cargos del jerárquico superior, muchos de ellos innecesarios, que significan un monto aproximado de 14 millones de dólares.

Por ello, los representantes de la Fenaje solicitaron que la Comisión de Fiscalización investigue estas presuntas irregularidades en el manejo del talento humano en la Función Judicial.

Elio Peña, titular de la mesa, agradeció la presencia de los representantes de los servidores judiciales por haber expresado sus legítimas preocupaciones, en el marco del respeto a la independencia de las funciones del Estado, con el afán generar condiciones para una correcta administración de justicia.

Añadió que las puertas de la Comisión siempre estarán abiertas para aportar a la solución de los problemas que afronta el país. A la vez, solicitó que se envíe toda la documentación que sustenta las afirmaciones de los delegados de la Fenaje para, de considerarlo pertinente, solicitar la presencia de las autoridades del Consejo de la Judicatura para que informen acerca de las acciones relacionadas con el manejo de talento humano y la estabilidad laboral.