Los miembros de la mesa legislativa reconocieron la determinación de la Prefecta para contratar la histórica obra de forma clara y en estricto cumplimiento de la normativa vigente

Los asambleístas integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, reconocieron la forma correcta y transparente como la prefecta Susana González llevó el proceso precontractual, contractual y de ejecución del dragado del río Guayas en los alrededores del islote El Palmar, una obra que se hace realidad tras 54 años de espera.

Los legisladores escucharon a la delegada de la máxima autoridad de la provincia, Daniela Zamora, coordinadora de Compras Públicas de la Prefectura del Guayas, quien presentó un informe completo y pormenorizado de este proceso de contratación, que se llevó a cabo acompañado siempre por los organismos pertinentes y en cumplimiento estricto de la normativa vigente.

El contrato fue firmado con el Consorcio Dragando por Guayas el pasado 18 de mayo, por $ 44’016.862, valor que representa $ 63 millones menos de lo que estuvo planificado, los cuales serán reinvertidos en obras y servicios para los ciudadanos.

Asimismo, son más de 6 millones de metros cúbicos los que se van a extraer, es decir más de 2 millones de lo que estaba planificado en los anteriores procesos de contratación.

Esteban Fuertes, director de Supervisión del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), dijo que esta entidad incluso realizó, de oficio, un monitoreo. Respecto de los reclamos presentados por dos oferentes, indicó que esa institución definió que la Prefectura podía continuar el proceso, “en razón de que los descargos fueron presentados en debida forma”.

Fernando Villavicencio, presidente de la comisión de Fiscalización, reconoció la claridad y transparencia del informe presentado sobre este proceso, llevado desde sus inicios por la prefecta Susana González.

“Destacamos el interés de los que podemos fiscalizar el proceso precontractual, que lo ha hecho bastante bien la Prefectura del Guayas, con una explicación muy precisa”, resaltó el legislador.

Por su parte, la asambleísta Soledad Diab, integrante de la comisión, agradeció la comparecencia, aunque hizo notar que la Asamblea Nacional no es el órgano que debería fiscalizar las actuaciones de las prefecturas, ya que -según precisó- estas son fiscalizadas por la Contraloría General del Estado, así como por el Consejo Provincial, en el caso de la Prefectura.

“En este caso concreto, incluso el Sercop ha analizado este proceso sin que exista ninguna observación o cuestionamiento al mismo. No obstante, se resalta la actitud de la Prefectura de transparentar la información, cosa que celebramos aquí todos los miembros de la Comisión de Fiscalización”, señaló.

Daniela Zamora, de su lado, concluyó diciendo que, para la máxima autoridad de la provincia, es importante el ejercicio de rendición de cuentas. “La transparencia, la integridad son principios rectores de la administración de la prefecta Susana González, y que anhelamos que sean replicado en todos los servidores públicos”, enfatizó.