El organismo de control determinó una responsabilidad civil de USD 1.4 millones por pérdidas económicas para el municipio de Riobamba, debido a que no se controló que el contratista del proyecto devengue el costo de materiales importados en la ejecución de la obra.

La Contraloría confirmó una glosa de USD 1’446.959, por no devengar la totalidad de valores bienes importados para la ejecución del proyecto de captación de agua Maguazo – Alao de Riobamba.

La sanción se estableció para el administrador del contrato, que laboró entre 2016 y 2019, el contratista y la empresa fiscalizadora de la obra.

La responsabilidad civil se determinó por el incumplimiento del procedimiento de pago del consorcio contratista del proyecto, en la importación de materiales para la construcción de la planta de captación de agua, conducción de agua cruda, planta de tratamiento en Molobog y la aducción de agua tratada a las reservas de San Martín de Veranillo, en Riobamba.

El contrato estableció que, para la importación de los componentes del proyecto, el cabildo debía entregar el 40 % al contratista y el 60 % restante, directamente a los proveedores internacionales, a través de cartas de crédito.

El consorcio tenía que devengar USD 2’366.494 correspondientes al 60 % de los valores invertidos, a través de la ejecución de rubros. Auditoría determinó que de este monto solo se descontaron USD 919.535, dejando una diferencia de USD 1.4 millones que significó un beneficio injustificado para el contratista, valor por el que se confirmó la glosa.

Por su parte, la empresa fiscalizadora validó las planillas del contratista sin realizar correctivos para descontar los valores, que permitan recuperar recursos a favor del Municipio de Riobamba.

La resolución de la responsabilidad civil se desprende del informe del examen especial DPCH-0022- 2020 a los procesos de contratación pública para la construcción del proyecto de captación de Maguazo – Alao, para la ciudad de Riobamba.

Recursos
Los responsables tienen el derecho de interponer un recurso de revisión, ante la Contraloría General del Estado o en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.