LISTO INFORME PARA SEGUNDO DEBATE DEL NUEVO CÓDIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
La Comisión que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia, con 8 votos de los asambleístas presentes, aprobó el informe para segundo debate del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que contiene casi 700 artículos, orientados a garantizar el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. La propuesta reemplazaría el vigente Código que data de 2003.

 

Los parlamentarios destacaron los avances significativos que se incluyeron en el proyecto que será puesto a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para su aprobación respectiva. La titular de la Comisión, Encarnación Duchi, indicó que en diálogo mantenido con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, su tratamiento en el Pleno será la próxima semana.

Hoy, la mesa legislativa resolvió que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) sea el órgano rector del Sistema Nacional de Adolescentes Infractores.

Así mismo, determinaron que las personas adultas, hasta la edad de 21 años, tienen derecho al régimen de protección económica, siempre que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes. En el primer debate se establecía que sea hasta los 24 años de edad.

En el documento se precisa que el régimen de protección económica terminará a los 18 años si el beneficiario no está cursando algún nivel de estudios, excepto las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y que sus circunstancias físicas o psicológicas les impidan o dificulten procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo documento emitido por la autoridad competente, en el cual el régimen de protección económica será permanente hasta la muerte de una de las partes.

En la sesión virtual, los comisionados armonizaron varios articulos del informe tanto de forma como de fondo. Destacaron la participación de diferentes sectores que luchar por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil, así como de parlamentarios que aportaron con articulados que permitieron estructurar de mejor manera el Código.

La asambleísta Encarnación Duchi indicó que el proyecto se conforma de cuatro libros: Principios, Derechos y Garantías; Derechos de las Niñas, Niños y Adoscentes en su Relaciones de Familia; Del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; y Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes y Justicia Especializada. Aseguró que en cada uno de ellos hay avances progresistas de derechos.

 

MINISTROS ABSUELVEN INQUIETUDES SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EVALÚAN APLICACIÓN DE LEY HUMANITARIA
El titular del ente legislativo, Esteban Albornoz, hizo un recuento de las observaciones que en su debido momento se hizo al presupuesto, recordó que el objetivo planteado por la mesa era contar con un verdadero instrumento de gestión que incentive al empleo y disminuya las desigualdades.La Comisión de Desarrollo Económico recibió al ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, con el fin de que informe sobre la ejecución presupuestaria 2020-2021, ya que fue esta mesa legislativa quien revisó el presupuesto.

Respuesta ministerial

El ministro Pozo puntualizó que en 2020 Ecuador atravesó la peor crisis económica de la historia, sin embargo, reconoció que el apoyo de organismos internacionales logró atenuar el impacto de la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19.

Tras esta puntualización, el secretario de Estado explicó la ejecución del presupuesto en 2020. Señaló que el presupuesto inicial fue de 35 498,42 millones de dólares, el codificado 32 080,36 millones y el devengado 29 938,13 millones, con una ejecución total del 93.46 %.

Al mismo tiempo explicó los egresos e ingresos de presupuesto. Por ejemplo, dijo que en transferencias o donaciones corrientes se ejecutaron 3677,64 millones de dólares, en transferencias o donaciones de capital la ejecución fue de 2810,9 millones de dólares, de este rubro las transferencias a los GAD al 31 de diciembre de 2020, asciende a 2664,8 millones (94,8 %), mientras que en las políticas de protección social se invirtió 1045,4 millones.

Respecto al presupuesto inicial de 2021 indicó que se requiere ajustes durante la ejecución, conforme la nueva realidad de los ingresos nacionales. Resaltó que el ejercicio 2021 prioriza a sectores sociales más vulnerables.

Al finalizar su intervención señaló que para juzgar si es bueno o malo lo ejecutado se deben evaluar en resultados de la administración fiscal, en tal sentido, puntualizó que hay reducción del déficit, una menor carga anual de deuda, financiamiento más barato, recuperación en la recaudación tributaria, aumento de liquidez producto del financiamiento y superávit comercial.

Inquietudes legislativas

La asambleísta Doris Soliz pidió al ministro solventar dos inquietudes; aclaración de rubros que les adeudan a los GAD y por qué se dio el pago anticipado de la deuda externa. En tanto, el parlamentario Homero Castanier solicitó explicación sobre qué pasa con el pago de los incentivos jubilares a los docentes.

El legislador Fernando Callejas mostró su satisfacción porque a través de un manejo serio y responsable se haya disminuido el déficit fiscal que acarreaba el país. Así mismo, dijo que fue una decisión acertada recibir el apoyo de multilaterales, de lo contrario, se hubiese acrecentado la crisis económica.

El asambleísta César Rohon pidió respuestas sobre qué esfuerzos se hacen para que el déficit se reduzca, qué está previsto monetizarse o si ya existe alguna concesión. Así mismo se solidarizó con los GAD e indicó que el IVA debe quedarse en su lugar de origen porque hay municipios que necesitan de ese dinero para realizar obra.

El legislador Rubén Bustamante también preguntó sobre el pago a los docentes jubilados y, además, sobre qué pasará con la sostenibilidad y sustentabilidad del presupuesto para los próximos años. Mientras tanto, el asambleísta Mauricio Zambrano planteó interrogantes respecto a la relación gasto social vs pago deuda, incremento anual para salud y educación, y a cuánto asciende la deuda por el modelo de equidad.

Acciones oficiales

El ministro Pozo señaló que este presupuesto entró en vigencia antes de la pandemia, por lo tanto, se generaron ciertas diferencias. Remarcó que tres temas no se cumplieron el año pasado: ingresos tributarios, ingresos petroleros y por monetizaciones, solo ahí se tuvo un impacto de 6 a 8 mil millones de dólares, apuntó.

En respuesta a otras inquietudes señaló que no se ha reducido el presupuesto en salud, que el problema del pago a docentes jubilados se resolverá en los próximos días, dijo que hubo retraso por fallas en el sistema. Sobre los procesos de monetización señaló que se encuentran los proyectos Sacha, la hidroeléctrica Sopladora, las antenas y la administración de la CNT.

En otro tema, explicó que no se ha pagado de forma anticipada la deuda externa, dijo que para poder viabilizar la reestructurada deuda con tenedores de bonos no había como incumplir con las cláusulas de convenio. Sobre qué se hace para la reducción del déficit puntualizó que se renegociaron contratos y otros se anularon, se redujeron viajes, se dejaron de lado consultorías externas, entre otros temas.

El titular de la mesa Esteban Albornoz agradeció la comparecencia, para inmedatamente recibir al ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien hizo una evaluación sobre la aplicación de la Ley Humanitaria en cuanto a la conservación del empleo.Ley Humanitaria

En cuanto a la aplicación de la Ley Humanitaria señaló que hubo 60 753 contratos registrados con reducción de jornada, 4753 acuerdos de preservación de fuentes de empleo y 51 790 contratos emergentes. Remarcó que la norma, además, permitió otorgar 7879 nombramientos al personal de salud.

Así también mostró un gráfico sobre la caída de empleo desde marzo hasta junio y tras la aprobación de la Ley Humanitaria sostuvo que la curva empieza a sostenerse. La ley nos permitió la preservación de las fuentes de trabajo, desde agosto hay un incremento del empleo sostenido mes a mes, indicó.

En cuanto a las nuevas modalidades señaló que hubo 51 790 contratos emergentes, 35 504 por giro de negocio y 3754 por contrato productivo, joven y de formación, turístico y, cultural y emprendimiento. En referencia a los empleos salvados señaló que son 65 506.

Así mismo, el titular de Trabajo presentó ante los comisionados el proyecto de Ley Economía Violeta.

 

COMISIÓN SE PRONUNCIÓ SOBRE SITUACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PAÍS

La Comisión de Gobiernos Autónomos sesionó este miércoles, 10 de marzo, en la que continuó el análisis de la matriz del articulado de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. Previamente, el presidente de la mesa, Héctor Yépez Martínez, condenó la agresión que se registró ayer en Quito, en el marco de la movilización de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), que solicitaban al Gobierno Nacional la transferencia de rubros pendientes a los gobiernos seccionales.

Similar criterio mostraron los legisladores Diego García, Byron Suquilanda y Mónica Alemán, quienes expresaron su solidaridad con los alcaldes del país. Agregaron que los datos emitidos por el Gobierno Nacional sobre la deuda que mantiene con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), no son los reales.

De esta manera, la asambleísta Alemán mocionó que se convoque ante el Pleno de la Asamblea Nacional a los ministros de Gobierno y de Economía y Finanzas, a fin de que expliquen las acciones en la movilización de los alcaldes y la deuda con los GAD. La moción fue aprobada por unanimidad.

Tratamiento del proyecto de ley

Sobre la base de la matriz elaborada por el equipo asesor, los legisladores analizaron las observaciones y aportes a la Ley de Vivienda de Interés Social. El tratamiento inició desde el artículo 9, referido a la Garantía de Vivienda Adecuada y Digna. La observación sobre este articulado se basó en una posible confusión conceptual ya que se desarrolló en función de los postulados planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), referente a vivienda.

Además se plantea eliminar el término “lote mínimo”, así como las competencias del ente rector que sería el Ministerio de Vivienda (Miduvi); sin embargo, según el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad), se establece que las funciones de los GAD son las del uso del suelo y urbanismo, siendo este ente el encargado de la determinación de las condiciones de urbanización.

Sobre este tema, que recibió observaciones del Miduvi, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre y el GAD Municipal de Cuenca, la asambleísta Wilma Andrade agregó que el texto debe estar claro, específicamente en lo referido a la tenencia de terrenos y posesión de los mismos. Hay que dar seguridad jurídica y no afectar el derecho a la propiedad de terceros, señaló la comisionada.

Para el legislador Diego García se debe hacer una diferencia en los conceptos de propiedad horizontal, así como en el caso de tierras comunales donde se construyan los proyectos de vivienda de interés social.

En otro orden, la mesa prosiguió con el análisis del capítulo IV sobre los incentivos para la vivienda social. En este ámbito, conocieron sobre el apoyo y desarrollo de programas de vivienda social. El asambleísta Raúl Auquilla dijo que el texto debe estar claro sobre todo cuando se refiere a la regulación que los GAD puedan tener en el desarrollo de proyectos de vivienda. Enfatizó que los montos y valores sean planteados en función de estudios técnicos, avalúos y catastros.

A este criterio se sumó lo dicho por la parlamentaria Andrade, que sugirió determinar el valor del subsidio y que este podría ser calculado a partir de un porcentaje del valor total del bien a adquirir. Se debe realizar la consulta sobre este tema para evitar un posible veto por parte del Ejecutivo, dijo.

Finalmente, los legisladores trataron los artículos referidos a suelo para programas de vivienda, apoyo y desarrollo de programas, valoración de suelos destinados a viviendas de interés social, destinos permitidos del suelo para vivienda de interés social, valoración de suelos, destinos permitidos del suelo; así como, subsidios para vivienda y requisitos.

 

ORGANIZACIONES PIDEN INCLUIR EN LEY DE CARRERA SANITARIA LA RECERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
Este miércoles, 10 de marzo, la Comisión del Derecho a la Salud recibió nuevos aportes en la construcción del proyecto de Ley Orgánica de Carrera Sanitaria. La propuesta es una aspiración histórica de los salubristas, por lo que es fundamental el aporte desde otras perspectivas para su retroalimentación, subrayó William Garzón, presidente de la Comisión.

Vía telemática, los presidentes de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y del Colegio Médico de Pichincha, Fernando Sacoto y Víctor Álvarez, respectivamente, coincidieron en que la carrera sanitaria ha sido un anhelo de muchos años, que a partir de la vigencia de la Constitución del 2008 fueron relegados, solicitaron la inclusión del proceso de recertificación y que los cargos directivos sean asumidos por personal de carrera.

El doctor Fernando Sacoto cree que el proyecto debe contextualizar los momentos actuales en los que se ha visto la carencia del Sistema de Salud. Debe considerar el talento en salud como el capital humano más importante que hay en cualquier organización; hacer énfasis en la promoción, prevención y la atención integral familiar y comunitaria, pues el gran cambio es dejar de considerar únicamente el ámbito curativo hospitalario, precisó.

Sostuvo que en los hospitales no existe una red de atención primaria de salud de cobertura universal por lo que deben constar principios orientadores de planificación que ayuden a la gestión del recurso humano, basados en la concepción de una red integrada de servicios en atención primaria.

Tras mencionar que uno de los problemas fundamentales en el país es que no hay profesionalización de la gestión, sobre todo de salud, dijo se debe reconocer la preminencia de la carrera sanitaria para los puestos directivos. Otros aspectos a considerar son las falencias en la salud rural, que han debilitado la salud primaria, debido al cambio anual de médicos y el proceso recertificación para garantizar la permanencia de los profesionales de la salud.

Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha, subrayó que el proyecto beneficiaría no solo a trabajadores de la salud, pues cuando cuentan con un ambiente laboral de calidad y con sus derechos garantizados, ellos ofrecen un mejor servicio a la población.

Pidió normar las particularidades del trabajo de los profesionales de la salud cuando son especialidades que necesitan tener un horario especial para atender las emergencias; incluir el relicenciamiento, cada cuatro años, para dar a la población profesionales actualizados y capacitados, regulado con una malla curricular, y con un proceso de educación médica continúa, abalizada por la academia, la experiencia de la sociedad científica y el respaldo financiero del Estado.

Estuvo de acuerdo en que los cargos directivos de las unidades hospitalarias, especialmente de segundo y tercer nivel, deben ser de carrera, con el fin de garantizar la continuidad de los procesos.

Enfatizó que es muy importante la educación médica continua en la ley de carrera sanitaria porque los profesionales de la salud, de forma igualitaria e incluyente deben contar con ese derecho. También hizo observaciones al proceso de escalafón.

Los asambleístas Patricia Henríquez y Ángel Sinmaleza consideraron necesario analizar a profundidad lo relacionado con los recursos para el sector de la salud. Solicitaron que se entregue los aportes específicos para lograr la construcción de una norma realmente beneficiosa. Sinmaleza explicó que el objetivo de construir una Ley orgánica de carrera sanitaria obedece a cambios profundos, más aún cuando el talento humano en salud y su regulación es un proceso delicado y complejo.

Al cerrar la sesión, William Garzón reflexionó sobre la recertificación, como parte de la formación del talento humano en salud, (que constaban en el Código de la Salud) que será analizará dentro del proyecto de ley materia de discusión.