PROPONEN QUE CONTROL PREVIO SE HAGA A CONTRATOS QUE SOBREPASEN EL MILLÓN DE DÓLARES
La Comisión de Régimen Económico acogerá gran parte del articulado de la vigente Ley Anticorrupción para armonizarlo en las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. En materia de control previo, los parlamentarios consideraron pertinente que se lo haga a los contratos públicos que superen el millón de dólares y antes de la adjudicación del contrato.
Respecto del control previo, Stalin Andino, asesor jurídico del Sercop, dijo que en la Ley Anticorrupción no hay claridad en el momento de pedir el informe previo, pues, en una parte del articulado se dice que sea antes de la contratación, luego, se determina que será antes de la firma del contrato, lo cual genera confusión. Además, se determina que se lo haga a todas las contrataciones, lo cual es infructuoso, porque en catálogo electrónico el Sercop realiza un control transversal.
Indicó que en el 2020 se realizaron entre 800 a 1000 contratos, por lo que el control previo retardaría la contratación pública. Dijo que lo conveniente sería establecer un monto, a fin de evitar la corrupción flagrante, por ejemplo, en contrataciones altas donde se entregan anticipos. También señaló la importancia de realizar el control previo antes de la adjudicación del contrato.
De su lado, la legisladora Ana Belén Marín señaló que el control previo es un punto neurálgico que tiene que ser analizado detenidamente, por ello planteó que se sustituya el inciso primero del artículo 22.1 que se refiere al procedimiento para la obtención del informe de pertinencia y favorabilidad previo a las contrataciones públicas.
En este marco, sugirió que el mencionado informe, otorgado por la Contraloría General del Estado conforme a lo determinado en la ley, se genere en el caso de los contratos cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente de 0,0003 por el monto del Presupuesto General del Estado del correspondiente ejercicio económico (un millón de dólares). Con ello se pone un monto base y no generaría esa burocracia que preocupa.
La asambleísta Pinuccia Colamarco señaló la necesidad de respetar el espíritu de la Ley Anticorrupción. Por su parte, la parlamentaria Gabriela Larreátegui señaló que siempre estuvo en contra de los informes previos porque son fuente de corrupción. Dijo que se debe revisar la parte en la cual se establece que si la Contraloría no se pronuncia en el tiempo establecido se entendería favorable el proceso de contratación, pues, el silencio administrativo positivo generaría mas corrupción.
El presidente encargado de la mesa legislativa, Franco Romero Loayza, indicó que la propuesta de la asambleísta Ana Belén Marín, es aceptable, porque se estaría hablando de contrataciones que superen el millón de dólares. Según el Sercop, en el 2020 hubo 588 contrataciones por ese valor y de estas 310 entregaron anticipo.
Romero manifestó que el control previo no puede hacerse antes de iniciar el proceso de contratación porque de lo contrario la Contraloría no tendría nada que analizar, lo correcto sería hacerlo antes de la djudicación del contrato.
Por su parte, la legisladora Lira Villalba mostró su preocupación respecto de cuánto va a costar la elaboración del informe previo, dijo que lo esencial es que no se incremente este valor a las instituciones. Stalin Andino recordó que según la Ley Anticorrupción el informe previo que tiene que elaborar la Contraloría General del Estado no tiene costo alguno.
Luego de escuchar las propuestas y análisis de los parlamentarios y del representante del Sercop, Franco Romero dispuso al equipo técnico de la Comisión elaborar un texto, en el cual se regoja el planteamiento de la legisladora Marín y respecto de las observaciones de la parlamentaria Larreátegui, en cuanto al silencio administrativo positivo y las propuestas que presentará al artículo 57.1 y 57.2, en respecto a contratación por emergencia.
CON CRITERIOS DE TRES FEDERACIONES INICIA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE CARRERA SANITARIA
La Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte se reunirá este viernes, 5 de marzo, con el propósito de iniciar con la recepción de las observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Carrera Sanitaria. La propuesta crea, reconoce y garantiza la carrera sanitaria pública como un régimen especial dentro del servicio público.
El tratamiento de esta iniciativa legal inició el pasado 17 de febrero, con la presentación de los argumentos y alcances por parte de sus proponentes los asambleístas William Garzón y Ángel Sinmaleza. A partir de este viernes abre la fase de construcción, con los criterios de los diferentes sectores involucrados en la materia, previo a la elaboración del informe para primer debate.
En primera instancia, los legisladores recibirán las observaciones de las federaciones: Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros; Odontológica Ecuatoriana; y Nacional de ObstetricesObstetras, representadas por Patricia Gavilanez, Ismael Espinoza, y Lorena Ramírez, en su orden.
Entre los temas relevantes del proyecto constan aspectos relativos a los niveles y clases de puestos, jornadas de trabajo, remuneraciones, incentivos, escalafón y el proceso de salida de la carrera sanitaria. A decir de sus proponentes, se reconocen los derechos de todo el ciclo laboral del talento humano en salud y el esfuerzo tanto laboral como académico.
El articulado está desarrollado en estricto apego a la normativa del talento humano vigente y a las disposiciones legales contenidas en la Ley Orgánica de Servicio Público, aplicables a la carrera sanitaria.
FISCALIZACIÓN RECIBIRÁ TESTIMONIOS DE MINISTROS DE GOBIERNO Y DE DEFENSA
Como parte de las pruebas de cargo y de oficio en la sustanciación del juicio político en contra de Andrés Isch Pérez, ministro de Trabajo, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recibirá este viernes, en doble jornada, a los ministros de Gobierno, Patricio Pazmiño y de Defensa, Oswaldo Jarrín, a autoridades del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), al Gerente de Explocen C.A., a funcionarios del Ministerio de Trabajo, así como a expertos en estudios económicos y sociales.
Jornada matutina
La sesión virtual 43, convocada para el viernes, 5 de marzo, a las 08h30, prevé la comparecencia de Byron Cabrera Lema, inspector; de la Dirección Regional del Trabajo de Quito; de Santiago Machuca Lozano, árbitro; y de María José Ponce Díaz, quienes indicarán las acciones cumplidas por el Ministerio de Trabajo para garantizar los derechos de los obreros y contribuir a la solución del conflicto colectivo de Explocen C.A., cuyos trabajadores se mantienen en huelga desde hace ocho meses.
Mientras, Pablo Iturralde, coordinador del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES); y Andrés Chiriboga Tejada, miembro del Observatorio de la Dolarización, se referirán a los efectos de la pandemia en la reducción del empleo en el Ecuador, así como los resultados de las distintas políticas aplicadas en el ámbito laboral, en el último ejercicio económico.
Jornada vespertina
Entre tanto, en la sesión virtual 44, prevista para las 14h00, la Comisión de Fiscalización recibirá a Patricio Pazmiño Castillo, ministro de Gobierno; a Alejandro Vela, director del General del Issfa; a Oswaldo Jarrín Román, ministro de Defensa; y a Byron Vizcaíno, gerente de Explocen.
Mediante estos testimonios, las asambleístas solicitantes del juicio político, Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, así como los miembros de la mesa, esperan conocer los justificativos legales que tuvieron las autoridades para disponer el resguardo militar de las instalaciones de Explocen y, sobre todo, el intento de desalojo que se produjo el 25 de diciembre de 2020.