Autor: Fausto Giraldo
Mediante la Constitución del 2008 se crea el denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, integrado inicialmente por consejeros que se postularon en concurso de méritos y oposición y luego mediante elección universal, directa y secreta.
En principio, posiblemente durante dos periodos, mantenía cierto sentido en el cumplimiento de sus funciones: promover la participación ciudadana, investigar la corrupción y designar a las autoridades de acuerdo a la norma legal, sin embargo durante la década del Gobierno de Rafael Correa se utilizó esta, con una mayoría de Consejeros, como instrumento de concentración del poder con la designación de autoridades afines al régimen en mención.
Posterior a ello el CPCCS prácticamente dejo de impulsar su esencia: “LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL” y se ha convertido en una especie de “oficina de reparto” de los más altos cargos de las instituciones, no precisamente solo de las que le corresponde designar de acuerdo a la ley, sino que también existiría cierta “intervención” de consejeros para que allegados y “coidearios” pudiesen ser designados en puestos directivos en otras entidades del Estado, habría una especie del “dame y toma” para incidir en procesos de designación. Es cuestión de identificar en las instituciones nombres y apellidos a escala nacional que tienen relación de alguna forma con los consejeros.
La función constitucional determina que es la entidad responsable de designar a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley a través de Comisiones Ciudadanas de Selección, ternas enviadas por el Ejecutivo o concursos públicos, estas son: Procurador General del Estado, Superintendentes, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, es decir prácticamente todas las autoridades de control del país.
El CPCCS y sus consejeros ha tenido un turbio tránsito que incluye acusaciones de corrupción, trafico de influencias, falta de probidad, entre otros; la confrontación y el enfrentamiento interno es una constante pero “no es porque existe la convicción cívica y patriótica de promover la participación ciudadana en el control social y luchar en contra de la corrupción”, es a mi juicio una disputa por el reparto,, por los intereses políticos y de los grupos que actúan desde dentro y fuera por hacerse del control de las instituciones y la designación de sus principales autoridades y llenar cargos de mandos medios en toda su estructura.
Precisa entonces mantener coherencia de vida, cuando “Tuarez” presidente promovían la eliminación del organismo y hoy la defienden a sabiendas de que desde su creación ha sido un instrumento de reparto y ocultamiento y no de fortalecimiento de la participación ciudadana y control social, estos últimos como principios implícitos en la existencia de las formas organizativas propias de la sociedad.