Fausto Giraldo

La Constitución de la República reconoce la existencia de un cuarto poder: “el electoral”, aún cuando este en realidad sea subjetivo y su tiempo efectivo de ejercicio sea de menos de un día cada cuatro años para la elección nacional y las intermedias de elección local, respectivamente.

 

La actual composición es resultado del transitorio Consejo de Participación Ciudadana, otro organismo cuestionado denominado el quinto poder. El CNE tiene una representación de ciertas tendencias o partidos políticos, no hay uno solo consejero del ente nacional electoral que tenga independencia política así como también no todas las fuerzas partidistas están representadas.

Desde su inicio se ha cuestionado la actuación de los consejeros del organismo que se fragmentó por posible incumplimiento de acuerdos y beneficios politicos. La Presidenta y dos consejeros estructuran un bloque de mayoría, al mero estilo legislativo, para tomar decisiones, el vicepresidente y un consejero actúan como minoría para confrontar posiciones.

La mayoría del CNE resuelve reconocer partidos, desconocer partidos, hacer caso a las disposiciones del Contencioso Electoral, no hacer caso; para ellos un día es rojo y el mismo en un momento no lo es, tal cual lo sucedido con 5 partidos y movimientos políticos a los que legalizaron, luego los legalizaron, es decir “ya no son pero son porque no saben lo que son”.

A la presidenta se le entabló un juicio político del que salió airada, se ha dicho por posibles acuerdos político electorales, funcionarios de su administración cuestionados por corrupción, algunos escándalos típicos de la era del poder, osea del poder saquear el país y los fondos públicos.

La confrontación entre autoridades Inter institucionales también evidencian la gestión del cuarto poder, un organismo que ordena la destitución de los consejeros, estos que se aferran al cargo, es decir no saben quién tiene la ley, razón y fuerza a la hora de resolver problemáticas electorales.

Errores garrafales de los cuales alguien debe responder como lo sucedido con un logo equivocado en la impresión de más de 6 millones de papeletas electorales presidenciales, costo que debe ser asumido en toda la cadena de responsables del CNE.

El ciudadano común desconoce el manejo financiero y administrativo del CNE, a su vez ¿qué seguridad tenemos de la transparencia en la elaboración del padrón así como en el escrutinio y resultados del proceso electoral?.

La confiabilidad del “cuarto poder” está en duda, quizá hay que bajar su categoría de “poder” a una función de la participación ciudadana, obviamente el CPCSS debe desaparecer y urge una reforma estructural capaz de que estas entidades se fusionen y tengan funciones específicas al margen de las fuerzas político partidistas.

En fin, como en todo, la duda seguirá latente en relación con estos organismos, su composición y para que sirven.