La Defensoría Pública presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, en contra del juez de la provincia del Guayas, Juan Carlos Terán, por la presunción del sorteo irregular de la acción judicial, con la cual se dictó medidas cautelares solicitadas por el ciudadano Ángel Jarrin, que disponen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo designe como defensor público subrogante, indicó el director Nacional de Asesoría Jurídica de la institución, Marco Maldonado.
Explicó que de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, le corresponde al Consejo de la Judicatura nombrar al subrogante del defensor público general, en el momento en que el CPCCS designe al titular, luego del concurso correspondiente.
Maldonado aclaró que, desde el año 2015 cuando se realizó el concurso de méritos y oposición, hasta la actualidad, no se ha desarrollado la evaluación y categorización a los defensores públicos. Por lo tanto, el puntaje que alega Jarrin, no es de la evaluación ni de la categorización de la carrera defensorial, a la que se refiere el Código Orgánico de la Función Judicial. Además, no cuenta con los 10 años de ejercicio profesional en Derecho, requisito Constitucional para ser defensor público general.
Puntualizó que la decisión judicial contraviene la Constitución; el Código Orgánico de la Función Judicial; el dictamen de la Corte Constitucional; tres medidas cautelares que están vigentes en favor del defensor público general, encargado, Ángel Torres Machuca; y, el pronunciamiento del Procurador General del Estado, en el sentido de que el defensor público subrogante será designado por el Consejo de la Judicatura, cuando se elija al defensor público titular, mediante concurso del CPCCS.
Al referirse a la audiencia convocada por el juez Terán, para este viernes 22 de abril, Maldonado aseguró que la Defensoría Pública no ha sido notificada y no es parte procesal al igual que el Consejo de la Judicatura, instituciones que tienen directa relación con este tema. La notificación fue únicamente para el CPCCS.
Desde el 31 de agosto del 2018, Ángel Torres Machuca, cumple las funciones como defensor público general, encargado, por resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS) Transitorio, decisión que fue blindada por la Corte Constitucional, dejando en claro que los nuevos Consejos de Participación Ciudadana, no tendrán las mismas facultades extraordinarias que el de Transición, entre ellas, los encargos.