La Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, en la cuarta jornada de recepción de testimonios en la sustanciación de la solicitud de juicio político contra el excontralor subrogante, Pablo Celi, prevista para este miércoles, 21 de julio, a partir de las 08h00, continuará con las comparecencias relacionadas con la presunta participación de funcionarios de la Contraloría General del Estado y Petroecuador en actos de corrupción.

 

Entre las personas que han confirmado su participación consta la fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien se referirá a los hechos y elementos de convicción utilizados en la audiencia del 14 de abril de 2021, en la cual se formularon cargos contra Pablo Celi, entonces contralor subrogante, por presunto delito de delincuencia organizada. Su asistencia está prevista para las 14h00.

Mientras, en la mañana, a las 08h00, la mesa recibirá a Álvaro de Guzmán Pérez; luego, a las 09h00, a Andrés Luque Cervantes, en el marco del caso “Las Torres”; a las 10h00, el cabo Fernando Delgado, quien hablará del viaje a Miami en el cual acompañó a Raúl de la Torre; y, a las 11h00, Álex Bravo, exfuncionario de Petroecuador.

Al mediodía, le corresponde el turno al exministro y exfuncionario de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli.

Inasistencia

Entre tanto, la jornada de este miércoles, 20 de julio, la Comisión de Fiscalización convocó a nueve personas, entre ellos, Esteban Celi, Pablo Flores, Marco Flores, José Luis de la Paz, Roberto Barrera, Luis Adolfo Agusto y Pedro Vicente Sanoa, todos relacionados con el caso “Las Torres”. Sin embargo, ninguno de ellos compareció.

Según los contactos realizados por la Secretaría de la Comisión, Natalia Cárdenas había confirmado su presencia, vía telemática, a las 15h00, pero tampoco acudió al llamado del organismo.

Fernando Villavicencio cuestionó la actitud de quienes fueron convocados a colaborar con la investigación que desarrolla la Comisión de Fiscalización y habiendo confirmado su participación, a última hora presentaron sus excusas.

A la vez, evidenció información relacionada con los nexos de todas las personas vinculadas en el caso “Las Torres”, en condición de exfuncionarios de Petroecuador y de la Contraloría General del Estado; sus vinculaciones con empresas del sector hidrocarburífero, así como con estudios jurídicos, como el de Esteban Celi, hermano del excontralor, para desvanecer glosas millonarias, a cambio de coimas.

Asamblea exhorta derogar el impuesto del 2% sobre los ingresos de las microempresas

El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que remita un proyecto de ley para derogar la norma que obliga a los microempresarios el pago del 2% sobre el total de las ventas, sin considerar si tuvieron o no utilidades.

La propuesta fue presentada por el legislador Mario Ruiz, quien aseveró que el año 2020 fue muy complicado para la mayoría de los comercios, que tuvieron una disminución drástica en sus ventas y, por ende, en su resultado final, por lo que no es factible obligar al pago del impuesto.

Advirtió que el tributo no considera si la empresa tuvo utilidades o no, pues no toma en cuenta los gastos y otros egresos. Indicó que en el año 2020 la mayoría de las microempresas apenas cubrieron los gastos de producción, pese a lo cual continúan pagando el impuesto, lo que contrasta con las grandes empresas que se beneficiaron con acciones como remisión de intereses y multas.

La resolución

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 121 votos, exhortó al Primer Mandatario que remita un proyecto de ley que derogue el Capítulo II sobre el Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo para Microempresas, establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, puesto que grava los ingresos obtenidos, sin tomar en cuenta los gastos o costos incurridos.

También exhortó al Gobierno Central que proponga en el proyecto mecanismos de compensación, remisión de intereses, multas y recargos tributarios, así como facilidades de pago para su aplicación inmediata, que beneficien a los microempresarios, sobre todo a aquellos que no han tenido utilidades desde el inicio de la pandemia, para que el Régimen Tributario procure el cumplimiento de los principios de progresividad, eficiencia y equidad y que la política tributaria promueva para las microempresas la redistribución, estimulación de la producción y generación de empleo.

Debate

El legislador Diego Ordóñez dijo que está de acuerdo con la derogatoria de la norma que grava sobre las ventas, no sobre la renta ni sobre la diferencia entre ingresos y gastos, a fin de garantizar equidad tributaria entre todos los contribuyentes. La asambleísta Jahiren Noriega afirmó que el impuesto del 2 % afecta a la generación de empleo y no cumple los principios de la política tributaria, como progresividad, eficiencia, equidad y transparencia.

Amada Ortiz aseveró más de un millón de emprendedores han sido afectados por el impuesto del 2 %, al que lo califico de inequitativo y sesgado, mientras que Joel Abad señaló la necesidad de garantizar condiciones de crecimiento a los emprendedores y a los agricultores, entre otros sectores. Yeseña Guamaní expuso su preocupación porque el 80% de microemprendimientos fracasa por la falta de liquidez, situación que se agravó por la pandemia. María Fernanda Astudillo sostuvo que se requiere generar condiciones para que los emprendedores puedan crecer y con ello se desarrolle el país.

De su lado, Mariano Curicama presentó su apoyo a los emprendedores y respaldó la derogatoria del impuesto del 2%. Advirtió que este tributo constituye la estocada final a los negocios. La legisladora Mireya Pazmiño afirmó que el tributo afecta a la mayor parte de la microempresa en lugar de ser un incentivo al emprendimiento.

La asambleísta Johanna Moreira resaltó que los emprendedores apoyan al desarrollo económico del país y la economía familiar que fue afectada de manera alarmante por la pandemia. Esteban Torres expresó que existe el clamor para eliminar la figura del 2% sobre las ventas de los emprendimientos, incluidas las tiendas de abarrotes, pese a que no tienen ventas por la emergencia sanitaria. La parlamentaria Marcela Holguín advirtió que mientras no se derogue el impuesto, más de un millón de emprendedores tendrán que seguir pagando el 2% de sus ventas.

Byron Maldonado tras reiterar el apoyo al microempresario, dijo que el país necesita una reforma tributaria integral que requiere soluciones técnicas, mientras que Dina Farinango consideró necesario que el SRI depure el catastro del régimen impositivo de los microempresarios. Lucía Placencia manifestó que la norma en referencia no cumple los objetivos de la política tributaria, que es promover la redistribución y estimular el empleo y la producción nacional. Jorge Pinto manifestó que los microempresarios fueron seriamente afectados por la pandemia

Pamela Aguirre sostuvo que el impuesto del 2% es un atentado contra los pequeños negocios y ha perjudicado a más de un millón de personas. Juan Fernando Flores anunció que el gobierno presentará una reforma tributaria que dará más capacidad a los ecuatorianos y más oportunidades a los emprendedores.

Ministra de Agricultura citada a Comisión de Soberanía Alimentaria
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que preside Mariano Curicama, sesionará este miércoles, con el propósito de recibir a la ministra de Agricultura y Ganadería, Tanlly Vera, quien informará sobre temas relacionados con el desarrollo de las actividades productivas del país.

En la sesión 06 del organismo legislativo, prevista para este miércoles 21 de julio, a partir de las 10h00, la Secretaria de Estado responderá las inquietudes de los diversos sectores relacionados con la producción agrícola, pecuaria, agroindustria, entre otros segmentos vinculados con el ente rector de la Agricultura, así como los problemas existentes en tenencia y adjudicación de tierras rurales.

Las preguntas formuladas por los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria recogen las principales preocupaciones de los sectores productivos, entre ellos, el precio de la saca de arroz; los problemas en la comercialización de la gramínea; y, la política de precios al agricultor, en otros temas.

El organismo se reunirá de manera presencia en el el Salón de los Expresidentes, ubicado en el segundo piso de la Sede Legislativa.

Asamblea resolvió objeción a la reforma a la Ley de Tránsito
El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto de los artículos 46, 56, 57 (b), 58 (b) y 169 del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que tiene como objetivo reducir la siniestralidad en las vías y carreteras y generar una cultura de tránsito. Para ello pone énfasis en la prevención y educación en todos los niveles.

Este proyecto tiene como eje principal al ser humano y su objeto es la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan por las calles y carreteras del territorio nacional.

A través de la normativa se refuerzan los procesos de formación, capacitación y entrenamiento de conductores profesionales y no profesionales, vinculados a otras instituciones estatales que son corresponsables en el campo de la movilidad, prevención de riesgos y disminución de siniestralidad. También promueve e incentiva el uso de vehículos eléctricos o de cero emisiones que precautelan el cuidado del ambiente.

El debate se desarrolló sobre la base del informe no vinculante preparado por la Comisión de Desarrollo Económico. Su presidente, Daniel Noboa Azin, explicó que prepararon textos para adecuarlos al pronunciamiento de la Corte Constitucional y evitar interpretaciones extensivas o arbitrarias.

Tras reiterar la necesidad de aprovechar las oportunidades para ofrecer beneficios a la ciudadanía, aclaró que reconocer las plataformas digitales no significa autorizar el taxismo ilegal o informal, cuya actividad es sancionada por el Código Orgánico Integral Penal. Los avances de la tecnología son muy útiles para aprovechar los beneficios de la innovación y desarrollo tecnológico, añadió.

Resaltó también que se incluyen normas para asegurar el desarrollo de las actividades económicas en igualdad de condiciones y con plena libertad.

El proyecto incluye normas para la regulación y autorización de plataformas digitales. Determina que las plataformas digitales, constituyen herramientas tecnológicas para la optimización de la gestión del transporte terrestre establecido en la presente Ley, con excepción del servicio de transporte particular.

La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales, dentro de su jurisdicción y en el ámbito de sus competencias regularán y autorizarán, el funcionamiento de las mismas, siempre y cuando se aseguren las condiciones mínimas ambientales, de calidad y seguridad.

También fija el procedimiento para otorgamiento de títulos habilitantes. El mecanismo y los requisitos para obtener los informes técnicos de factibilidad, serán regulados por el Directorio de la ANT o por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias y garantiza el principio constitucional de descentralización basada en la transferencia obligatoria y progresiva de competencias a los GAD.

El debate

La asambleísta Wilma Andrade expresó que el proyecto fue elaborado con los criterios de todos los actores relacionados con esta actividad que es estratégica para la economía por ser una herramienta para incrementar la productividad. Destacó que el cuerpo normativo crea normas para garantizar la seguridad en las vías y evitar la siniestralidad.

El legislador Jorge Abedrabo afirmó que el fondo de la ley es la protección a la vida, pues los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muerte en el mundo en personas entre 5 y 29 años de edad, por lo que se debe reforzar la seguridad vial.

La parlamentaria Diana Pesántez manifestó que el transporte está ligado a todas las actividades, contribuye al ejercicio de casi todos los derechos constitucionales y dinamiza la economía nacional, como un motor de desarrollo, de ahí la trascendencia de la normativa legal, mientras que César Rohon destacó la importancia de la ley que es el resultado de casi cuatro años de análisis con la participación de todos los sectores.

A su vez, Luis Almeida expresó que es importante respetar las fuentes de empleo de miles de taxistas formales, a la vez que presentó sus observaciones a la atribución que tiene la Corte Constitucional frente a una objeción por inconstitucionalidad. Alejandro Jaramillo tras resaltar la importancia de la ley que contribuirá a brindar un mejor servicio a los usuarios, expuso su preocupación por la crisis que vive el transporte por el incremento del precio de los combustibles y la siniestralidad.

Patricio Cervantes opinó que la aprobación de la reforma a la Ley de Tránsito ayudará al transporte en el Ecuador. Comps Córdova señaló que conforme la norma constitucional procede acoger el dictamen de la Corte y aprobar la ley.

Juan Fernando Flores aclaró que en ningún caso se afecta la fuente de empleo. Recordó que durante la pandemia las plataformas digitales ayudaron no solo a resolver los problemas de los ciudadanos, sino que dieron la oportunidad de trabajo a muchos ecuatorianos.