Ecuador, 23 de mayo de 2021. La Fundación Andina Para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) registró durante el Gobierno de Lenin Moreno un total de 793 agresiones contra periodistas, medios de comunicación, ciudadanos o activistas. Estas agresiones suman un total de 1702 periodistas y medios de comunicación que fueron vulnerados en su derecho a la libertad de expresión, prensa y acceso a la información. El caso más grave fue el asesinato y secuestro en la frontera norte de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, periodistas de Diario El Comercio. El Gobierno incumplió reiteradamente su palabra de entregar información clasificada sobre el caso y con ello ha generado un círculo de impunidad de graves consecuencias.
La diferencia entre agresiones y periodistas agredidos se explican por dos hechos: los periodistas agredidos en el paro nacional de octubre de 2019 fueron 116, reportados en una sola alerta continúa de 12 días. El segundo factor fue el despido de más de 700 periodistas y trabajadores de prensa, especialmente de los Medios Públicos, que fueron afectados durante la pandemia.
En estos cuatro años se registraron restricciones en el espacio digital, agresiones, ataques, amenazas, procesos judiciales, censura, dificultades de acceso a la Información, discurso estigmatizante y entre los años 2020 y 2021 se registró la muerte de 31 periodistas por COVID-19.
El informe “Reformas a medias, inseguridad, impunidad, medios públicos desmantelados, el legado de Lenin Moreno con la libertad de expresión” ofrece una mirada a profundidad de los ataques a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información durante el periodo del Gobierno saliente.
El documento contiene un detalle de las cifras de las principales agresiones durante estos cuatro años, así como un análisis anual de los datos y la libertad de expresión. También recoge los casos negativos: Impunidad Nos Faltan Tres; Condena al Periodista Juan Sarmiento; Agresiones durante las protestas de octubre 2019; Entrega de frecuencias; Agresiones de funcionarios estatales contra periodistas; Acceso por información en tiempos de COVID; Ley de Violencia Digital y Código Penal.
El informe también plantea los puntos a destacar de la gestión de Lenin Moreno y las deudas pendientes que deja el Gobierno frente a la libertad de expresión como la Ley de Acceso a la Información, concentración de medios y favorecimiento de grupos mediáticos en la concesión de frecuencias, desprotección de los periodistas e impunidad en la investigación y castigo en las agresiones, despenalización de la opinión a través de la reforma del Código Penal, manejo inadecuado de medios públicos y las inexistentes políticas públicas de lucha contra la desinformación (alfabetización mediática)
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