La minería ha dejado de ser únicamente una actividad económica. En el actual
escenario internacional, se ha convertido también en un asunto geopolítico.
Los minerales estratégicos, en particular el cobre, son hoy un componente central de
la transición energética, de las cadenas industriales globales y de la competencia
entre grandes potencias. Por ello, el origen del capital que participa en su desarrollo
se ha vuelto un tema cada vez más relevante para los países que poseen estos
recursos.
Ecuador no es ajeno a esa realidad.
En los últimos años, el sector minero ecuatoriano ha experimentado una creciente
concentración de inversiones provenientes de empresas estatales chinas,
especialmente en proyectos de gran escala como la mina de cobre Mirador y los
proyectos de gran escala Cascabel, Cangrejos y El Domo. Hoy, la gran mayoria de las
principales operaciones mineras del país están vinculadas a capitales provenientes de
China.
En paralelo, a nivel internacional se ha intensificado el debate sobre la necesidad de
diversificar el origen del capital en los sectores estratégicos, particularmente en el
ámbito de los minerales críticos y su vinculo con el partido comunista de China.
En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Donald Trump ha reiterado la
importancia de reducir la dependencia de China en sectores vinculados a recursos
estratégicos y cadenas de suministro críticas. Ese debate forma parte hoy de una
discusión más amplia sobre seguridad económica y competencia global.
En ese contexto, la participación de inversionistas de distintas regiones del mundo en
el desarrollo de los recursos naturales de un país no solo tiene un significado
económico, sino también estratégico.
Para Ecuador, atraer inversión diversificada proveniente de distintas jurisdicciones
representa una oportunidad para fortalecer su posición en un sector clave para su
desarrollo futuro.
Sin embargo, esa oportunidad también depende de la capacidad institucional del país
para convertir acuerdos comerciales en papel en proyectos reales que fomentan
inversion extranjera directa, que es el oxigeno su economia dolarizada.
Un caso reciente ilustra ese desafío.
La empresa Hanrine Exploration & Mining, subsidiaria de la compañía australiana
Hancock Prospecting manejada por Carlos de Miguel III con el respaldo de la multi
billonaria Gina Rinehart, firmó un acuerdo comercial con la empresa estatal Enami EP
para desarrollar un programa de exploración en el proyecto Coronas, vecino del
depósito cuprífero Llurimagua, considerado uno de los activos geológicos más
importantes del norte del país.
Según la información disponible, Hanrine habría desembolsado aun poco más de USD
1,9 millones como parte de ese acuerdo inicial. Sin embargo, casi dos años después,
el proyecto no ha podido avanzar debido a la falta de adjudicación de las concesiones
necesarias para su ejecución por parte del Ministerio de Energia.
Ante esta situación, la empresa solicitó recientemente un proceso de mediación ante
la Procuraduría General del Estado, mecanismo previsto en la legislación
ecuatoriana para resolver controversias entre inversionistas y entidades públicas.
Más allá del caso específico, la situación plantea una pregunta relevante para el futuro
del sector minero ecuatoriano.
En un contexto internacional marcado por la competencia entre potencias por el
acceso a minerales estratégicos, Ecuador tiene la posibilidad de consolidarse como
un destino atractivo para capitales diversificados provenientes de distintas partes del
mundo.
Pero para ello es fundamental que los acuerdos firmados se traduzcan en proyectos
concretos. De lo contrario, la habilidad de Ecuador poder incentivar inversion
extranjera de nuevos inversionistas se vera gravemente afectada por sus
incumplimientos con sus inversionistas actuales dentro del pais.
La presencia de empresas como Hancock Prospecting, una de las compañías
privadas más importantes del sector minero internacional, representa una
oportunidad para diversificar el origen de la inversión en el sector minero ecuatoriano
y evitar una concentración excesiva en un solo grupo de actores.
En ese sentido, el proceso de mediación actualmente en marcha debería verse como
una oportunidad institucional: la oportunidad de demostrar que Ecuador cuenta con
mecanismos capaces de garantizar seguridad jurídica, cumplimiento de acuerdos y
condiciones claras para la inversión.
Porque en el actual escenario global, la confianza de los inversionistas no solo
depende de la calidad de los recursos geológicos de un país, sino también de la
claridad de sus reglas y de la consistencia de sus decisiones.
Y esa confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que de preservar.