El Consejo de la Judicatura (CJ) no vulneró ningún derecho constitucional al solicitar a las juezas y jueces de Ecuador información sobre el estatus de sus visas otorgadas por los Estados Unidos. Esta entidad sí tenía facultades para plantear esos pedidos.
Así lo determinó el 9 de agosto de 2022 la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, tras rechazar en segunda instancia la acción de protección que presentara la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) contra el pedido de información.
El 11 de enero de 2022, el CJ resolvió requerir a todos los jueces del país que informen si sus visas para ingresar a los Estados Unidos han sido revocadas o no.
El CJ tomó la decisión basados en sus atribuciones y competencias de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Tras la adopción de ese pedido de información, la Aemaj había presentado la acción de protección No. 17295-2022-00015 en contra del CJ.
