La audiencia de acción de protección, solicitada por Verónica Abad, se aplazó por cuarta ocasión; mientras un pronunciamiento de la Corte Constitucional puede tomar hasta 45 días.

Quedan 20 días para que inicie la campaña presidencial por las elecciones de 2025, y por lo tanto, para que Daniel Noboa decida qué hacer frente a la norma constitucional que establece que un funcionario debe encargar su puesto para hacer campaña por la reelección.

En otras palabras, cada vez es menos el tiempo que tiene el Presidente para resolver el problema que le representa la sucesión de su Vicepresidenta y adversaria política, Verónica Abad.

La Segunda Mandataria está suspendida durante cinco meses por un sumario administrativo del Ministerio de Trabajo, por no llegar a la delegación que le hizo Noboa en Ankara, Turquía, antes del 9 de septiembre de 2024.

A propósito de aquello, Abad volvió a Ecuador, tras un año en el extranjero, y emprendió acciones legales para echar abajo la resolución de la cartera de Trabajo.

Son dos cartas que juega la Vicepresidenta para desatar ese nudo: una está en manos de la Corte Constitucional y otra de la jueza Nubia Vera. ¿Qué alternativas tiene en cada caso?

Ante la Corte Constitucional

Abad presentó dos acciones de protección. La primera fue por el inicio del sumario administrativo por parte del Ministerio de Trabajo, que fue rechazada por la jueza Gloria Mayorga, y apelada en la Corte Provincial de Pichincha, en un tribunal que llevó el caso a la Corte Constitucional, a propósito de la consulta de norma.

Esa es una facultad que tienen los jueces cuando consideran que una norma jurídica es contraria a la Constitución, en este caso el acuerdo ministerial bajo el cual se suspendió a la Vicepresidenta.

El pedido de aclaración fue remitido el 3 de diciembre de 2024 y sorteado al juez Enrique Herrería. La norma establece que la Corte Constitucional tiene un plazo de 45 días para declarar la constitucionalidad, es decir, 30 desde hoy, por el tiempo que ya ha transcurrido.

El abogado constitucionalista José Chalco recuerda que no es la primera vez que la Corte Constitucional se pronunciaría sobre el caso Abad. Ya lo hizo cuando la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, envió una acción de interpretación sobre cuatro artículos de la Carta Magna, relacionados con la sucesión Presidencial, los alcances de los ministros, y funciones de un Vicepresidente.

La Corte respondió que los artículos son claros en el contenido y alcance, por lo que no requieren interpretación. Por otro lado, la CC no dio paso a tres acciones de inconstitucionalidad por el Decreto en el que Noboa designa a Sariha Moya como vicepresidenta encargada, en lugar de Abad. En todos los casos, la Corte determinó que el objeto de control escapa de su alcance.

En la Constitución consta que si la Corte no se pronuncia en el plazo establecido, en este caso hasta febrero de 2024, entonces la Corte Provincial deberá dictar un fallo.

Otra acción de protección continúa dilatándose

Ayer, 16 de diciembre de 2024, se aplazó por cuarta vez la audiencia sobre la acción de protección presentada por Abad contra la resolución del Ministerio de Trabajo que la suspende, la segunda garantía jurisdiccional presentada.

Está previsto que se retome mañana, 18 de diciembre de 2024, y la expectativa se centra en que por fin la jueza Nubia Vera emita un fallo.

Ayer no avanzó porque el tribunal que tramita otra acción de protección de Abad no envió las copias del expediente. La defensa de la Vicepresidenta dice que esa es una documentación indispensable para contrarrestar las declaraciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien acusa a Abad de perjurio, fraude procesal y abuso del derecho por presentar dos acciones por los mismos hechos.

Abad dijo que evalúa presentar una denuncia contra la ministra Núñez por calumnia y perjurio.

La titular de la Cartera de Trabajo cree que hay una intención de dilatar la resolución de la jueza.

Chalco cree que es legítimo incluir estos documentos, si la defensa cree que pueden ser importantes e influir en el criterio de la jueza.

Cualquiera que sea la resolución, ambas partes pueden apelar, según indica el abogado constitucionalista José Molina, aunque recuerda que el dictamen es de inmediato cumplimiento.

En medio de la pugna Noboa-Abad, se abre el escenario de que el actual Presidente no pida licencia y no haga campaña.