Han transcurrido 4 años desde que Santiago Ribadeneira fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de estafa masiva de cerca de 100 millones de dólares a 1.356 familias ecuatorianas.
Según las víctimas que en su mayoría son personas de la tercera edad y enfermos catastróficos, así como varias publicaciones generadas en redes sociales, el privado de la libertad estaría valiéndose de su vinculación con algunos políticos y empresarios para salir libre con el indulto presidencial.
La calificación financiera de Proinco dada por la Superintendencia de Bancos el 31 de diciembre de 2015 fue en la categoría E, lo que le impedía seguir operando.
El representante del Comité de Víctimas, Carlos Viñan manifiestó que no permitirán el indulto para Ribadeneira porque hasta la fecha no ha devuelto el dinero, de acuerdo a la sentencia que dictamina Reparación Integral a todas las víctimas.
Gisella Corrales, una de las perjudicadas con noventa mil dólar expresó: “ Los perjudicados entregamos a los captadores el dinero en efectivo y exigimos que sea devuelto de la misma manera, no mediante un Fideicomiso como propone Ribadeneira porque ya en una oportunidad anterior propuso lo mismo y no les cumplió a algunos compañeros que volvieron a creerle”.
Las víctimas solicitan que la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE ) y el gobierno asuman el dinero de la estafa tal como lo harían con el caso de la Policía Nacional, si eI Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) no recupera el dinero de la estafa.
Actualmente están en etapa de investigación otros procesos vinculados al caso, como peculado, testaferrismo, delincuencia organizada, tráfico de influencias, etc.