Fausto Giraldo

El Ecuador como parte de la estructura política mundial está sumido en una profunda crisis económica, la pandemia del COVID 19, ha ahondado esta realidad. Miles de pobladores se han quedado en el desempleo o a su vez las fuentes de empleo son insuficientes para la alta demanda.

 

Ibarra no es la excepción en relación a la realidad económica con la particularidad de que producto del proceso migratorio de movilidad, por su cercanía con la frontera, se ha convertido en una ciudad de estadía de migrantes que salieron en estos últimos años principalmente del país hermano venezolano.

Los problemas de carácter social se agudizan frente a las necesidades poblacionales insatisfechas: empleo, vivienda, alimentación, escuela, salud, cultura y servicios básicos. La conducta social se ha visto alterada por los mensajes inadecuados en cuanto a la forma de interrelacionarse entre unos y otros habitantes, la influencia de programas antagónicos con la moral que promueven violencia, narcotráfico, trata de personas, consumo de estupefacientes, homicidios y el robo.

En Ibarra existe un mayor flujo de actos delincuenciales en los barrios de la ciudad, quizá existían, pero hoy se han hecho más visibles. Seguramente las estadísticas oficiales difieran de la apreciación ciudadana, pero el riesgo que se corre en cada una de las calles de la ciudad son evidentes y muchos de esos actos o delitos no son reportados o denunciados como consecuencia de varios factores psicosociales, legales y operativos del territorio.

Sin ningún concepto xenofóbico, el problema de movilidad o migratorio no ha sido atendido de forma adecuada por parte de las entidades responsables, el aumento de personas transeúntes en el entorno urbano y que ocupan espacios baldíos, edificaciones en construcción o propiedades abandonadas, incluso el espacio público.

Existe discrecionalidad en la intervención de las instituciones respecto al gasto o inversión en implementos de seguridad, la municipalidad por ejemplo decidió invertir los recursos recaudados por la tasa de seguridad en cámaras de “vigilancia” pero no se tiene una justificación que forme parte de los requerimientos de ciudad avalados por todas las instituciones e incluyendo la participación ciudadana.

La población exige acciones efectivas en contra de este flujo acelerado de la delincuencia, aun no se evidencia la intervención integral de las instituciones; la policía se siente atada por la situación legal y operativa y la ciudadanía huérfana de poder enfrentar este flagelo social, por lo que urge implementar una estrategia integral que garantice la seguridad de los habitantes de los barrios de la ciudad de Ibarra, para ello se sugiere algunas estrategias que posibiliten dicha acción:

La legislación que sanciona el delito se encuentra distanciada de la realidad social y el hecho delictivo, la justicia actúa en base a leyes que permiten el cometimiento de actos delincuenciales y la policía se encuentra maniatada al no poder actuar en los casos presentados. La ley permite que el delincuente quede en libertad y el policía o ciudadano que actúa en defensa de la vida y seguridad pasa a ser enjuiciado. Se requiere una reforma urgente en este sentido.

Desarrollar un proceso de planificación participativa con la comunidad y articulada entre todas las instituciones responsables y corresponsables del ámbito de seguridad ciudadana en los barrios de la ciudad. Este proceso requiere de la realización del diagnóstico efectivo de planes ejecutados, resultados obtenidos y necesidad de modificación de la estrategia de seguridad.

Unificar la asignación económica y recursos materiales, así como el esfuerzo de todas las instituciones a fin de dotar de equipamiento e insumos requeridos por parte de la policía nacional para el cumplimiento de los fines de seguridad ciudadana en los barrios de la ciudad.

El tratamiento de la seguridad ciudadana en los barrios de la ciudad de Ibarra requiere de una atención integral, implementar solo las cámaras sin que haya otros elementos complementarios, o contar solo con policías sin aplicar otras medidas no soluciona el problema detectado. Precisa observar integralmente y actuar de forma articulada para “palear” la problemática, que si bien no se va a eliminar hay que reducirla al máximo.

Constituir la Mesa Cantonal de Seguridad Ciudadana, integrado por: Gobernación de Imbabura, Delegación del Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Educación, Policía Nacional, GAD Provincial, GAD Ibarra, Consejos Parroquiales, Consejos Barriales, Cámara de Comercio, Unión de Comerciantes de los Mercados, Asociación de Radiodifusión, TV y Medios Impresos, Colegio o Unión de Periodistas, Universidades, Cooperativas de transporte urbano, Unión de Taxis de Ibarra, Otros.

Planificar y ejecutar acciones operativas que permitan atenuar o mitigar el aumento de la inseguridad en los barrios de la ciudad de Ibarra. Mejorar la calidad de funcionamiento del ECU 911 en caso de atención a llamadas de auxilio. Modificar la estructura o “arquitectura” de los circuitos de la policía denominados UPC ya que no responden a las necesidades de ubicación territorial.

Asignar los recursos obtenidos por la ordenanza de seguridad ciudadana de la ciudad de Ibarra para: implementación de alarmas comunitarias, dotación de equipamiento y combustibles a la policía nacional y cada UPC, capacitación y organización comunitaria sobre temas de seguridad, Contratación de un asesor jurídico permanente para la promoción de la denuncia ciudadana ante el cometimiento del delito, sólo de ser el caso la ubicación de cámaras, siempre que cuenten con los aspectos complementarios de seguridad, y la implementación de un sistema o programa de patrullaje barrial acorde a las necesidades territoriales y de fiel cumplimiento por parte de la Policía Nacional.

Se requiere desarrollar una adecuada gestión para atender las problemáticas migratorias, principalmente en lo relacionado a los migrantes en condición de calle: Articular la gestión desde el Gobierno Central, GAD Provincial, GAD Cantonal, organizaciones especializadas (acnur, hias, otras), catastrar o censar la población en condiciones de movilidad, su estatus migratorio y sus condiciones de vida. Implementar proyectos de inclusión a la población en condiciones de movilidad en temas productivos, culturales, sociales, entre otros. Cumplir las políticas de estado sobre temas de gestión de la movilidad y migración.

Ejecutar actividades tendientes a la capacitación, comunicación e incorporación de los habitantes en el impulso de la estrategia de seguridad ciudadana, conformar las brigadas ciudadanas de vigilancia en cada barrio, realizar conferencias, foros, debates y acciones de capacitación sobre temas de intervención en seguridad por parte de los habitantes, organizar FERIAS DE SEGURIDAD con la presencia de todas las entidades e instituciones involucradas bajo el concepto de “BARRIOS VIVOS” que está orientado habitantes se conozcan entre unos y otros, que convivan por momentos y que evidencien que los territorios no están solos o abandonados, implementar una campaña en todos los medios, convencionales y alternativos, de valores, conductas, normas, comportamientos, tips de seguridad, etc.; esto a través de entrevistas, programas de análisis, cuñas, spots, entre otros, acciones de cultura y deportes, revalorizar espacios en los que la niñez y juventud puedan intercambiar experiencias y fortalecer elementos de convivencia pacífica y cultura de seguridad, simulacros barriales en temas de seguridad ciudadana.

Se trata del establecimiento de estrategias que permitan garantizar la propiedad personal, la integridad física y psicológica de los ciudadanos, la vida de cada uno de quienes habitamos en nuestra ciudad.