Autor: Víctor Xavier Enríquez Champutiz

En América Latina, el retiro de personal militar no marca siempre el fin del servicio a las armas, sino el inicio de nuevas trayectorias —muchas de ellas difusas y peligrosas— que transitan entre la legalidad, el vacío institucional y el mercado global de la seguridad y defensa. Este artículo aborda el fenómeno creciente de la mercenarización de exmilitares en la región, con especial énfasis en los casos de Colombia y Ecuador, y alerta sobre una amenaza silenciosa que erosiona el monopolio legítimo de la fuerza del Estado. A partir de una metodología cualitativa basada en revisión documental, entrevistas confidenciales, análisis de normativa nacional e internacional, y contrastación con reportajes periodísticos e informes académicos, se examinan las rutas que llevan a militares retirados a integrarse en empresas militares y de seguridad privadas (EMSP), conflictos internacionales o incluso como parte de redes criminales.

La transición del uniformado a las Empresas Militares y de Seguridad Privadas o incluso al servicio de estructuras criminales, ha dejado de ser un caso excepcional para convertirse en una amenaza en expansión en América Latina. Este proceso plantea desafíos éticos e institucionales profundos, al implicar la transferencia de conocimientos, entrenamiento, habilidades tácticas y, sobre todo, del prestigio y la autoridad moral que los militares representan ante la sociedad. Esta legitimidad, construida sobre el servicio a la patria y la disciplina institucional, al ser trasladada hacia actores privados o contrarios al orden constitucional, distorsiona el monopolio legítimo del uso de la fuerza. El artículo analiza este fenómeno desde una perspectiva jurídica, histórica y geopolítica; examina sus causas estructurales y expone sus consecuencias sobre la seguridad nacional, la institucionalidad militar y la legitimidad del Estado. Finalmente, se plantean propuestas concretas: reformas normativas, programas de seguimiento postmilitar, fortalecimiento del control a las empresas de seguridad privada, y un nuevo pacto institucional que reafirme que el compromiso del militar con la nación no concluye con la baja.

Conceptualizando, un mercenario es aquel individuo que participa en hostilidades motivado por un beneficio económico, sin estar integrado en fuerzas armadas regulares ni compartir los fines ideológicos del conflicto. Esta definición está recogida tanto en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra (1977) como en la Convención Internacional contra el Reclutamiento de Mercenarios (1989). Sin embargo, la aparición y consolidación de empresas militares y de seguridad privadas (EMSP), como Blackwater (posteriormente rebautizada como Xe Services y luego Academi) o Wagner, ha institucionalizado la figura del combatiente asalariado bajo marcos jurídicos difusos. Según Peter W. Singer (2003), estas empresas pueden clasificarse en tres tipos principales: firmas proveedoras de servicios militares directos, firmas consultoras militares estratégicas y firmas de apoyo logístico y operacional, lo que evidencia la amplitud funcional del sector y su creciente complejidad (Singer, 2003, p. 88).

La tercerización de la defensa no es un fenómeno reciente. Desde la antigüedad, diversos Estados han recurrido a ejércitos paralelos o mercenarios para expandir su poder o suplir limitaciones operativas. Ya en el siglo XVI, Maquiavelo advertía sobre los riesgos de esta práctica al afirmar que “un Estado basado en fuerzas mercenarias nunca será sólido ni seguro. Las fuerzas mercenarias no son unidas, son ambiciosas, indisciplinadas y desleales” (Machiavelli, 2003, p. 50). En tiempos contemporáneos, esta dinámica ha evolucionado hacia la tercerización de la defensa, entendida como la delegación de funciones militares a entidades privadas. Este modelo, aunque ofrece flexibilidad y capacidad de respuesta rápida en escenarios complejos, conlleva riesgos significativos: dilución de responsabilidades, debilitamiento del control estatal y la aparición de actores armados cuyo compromiso se basa en intereses contractuales más que en lealtades institucionales. Un ejemplo es el caso de Estados Unidos, que durante la guerra de Irak llegó a operar con más de 180.000 Contractors (contratistas) en paralelo a sus tropas regulares (UMNG, 2021), lo cual evidencia el alcance de la privatización del poder militar y la complejidad de su regulación.

Este modelo ha permitido a Estados y organizaciones emplear combatientes privados en zonas de conflicto, a menudo mediante campañas abiertas de reclutamiento internacional. Desde 2022, tanto Rusia como Ucrania han promovido este tipo de estrategias, apuntando especialmente a América Latina. CNN en Español reportó que Rusia difundió videos de propaganda para captar combatientes extranjeros, mientras que el Ministerio de Defensa de Ucrania lanzó campañas digitales en español, ofreciendo entre 3.000 y 4.500 dólares mensuales, entrenamiento, cobertura médica, equipamiento militar y la posibilidad de nacionalización.

Según reportajes de medios como DW Español, El Diario y El Universo, más de 9.600 solicitudes de extranjeros fueron procesadas, y al menos 150 combatientes se integraron a unidades del ejército ucraniano, como la Brigada 47ª Independiente “Magura”. DW identificó voluntarios provenientes de Colombia, México, Argentina, Chile y Ecuador. Aunque algunos alegan motivaciones ideológicas, la mayoría percibe esta oferta como una salida laboral concreta ante la falta de oportunidades en sus países.

Ucrania dirige su estrategia de reclutamiento hacia América Latina por tres razones clave: la experiencia militar acumulada en conflictos internos, los bajos salarios en las fuerzas armadas de la región, y el limitado acceso a oportunidades laborales para exmilitares. Soldados retirados de Colombia, por ejemplo, han manifestado abiertamente su disposición a enlistarse, atraídos por condiciones significativamente superiores a las de sus países. Mientras un militar colombiano puede recibir apenas 600 dólares mensuales, Ucrania ofrece sueldos que oscilan entre 2.900 y 4.800 dólares, además de bonificaciones de alistamiento de hasta 24.000 dólares, compensaciones por fallecimiento que alcanzan los 365.000 dólares, hipotecas al 0 % de interés y la posibilidad de obtener la ciudadanía tras tres años de servicio (El Diario, 2025).

Fuente (El Diario, 2025).

Este fenómeno ha dado lugar a una economía paralela transnacional, en la que intermediarios, exoficiales y abogados operan como coordinadores logísticos o asesores, encargándose de gestionar procesos de reclutamiento, visados, contratos y traslados. Estas redes informales, en muchos casos sin supervisión estatal, lucran con la experiencia militar desplazada y consolidan un mercado global de servicios armados que escapa al control jurídico tradicional.

En Libia, las milicias enfrentadas por el control de Trípoli recurrieron ampliamente a mercenarios extranjeros, especialmente provenientes de África Subsahariana, Europa del Este y no fue la excepción América Latina. Según Atalayar (2019), muchos de estos combatientes fueron reclutados a través de redes privadas sin regulación estatal. Esta práctica refleja con claridad el fenómeno de la guerra tercerizada: el monopolio estatal sobre el uso legítimo de la fuerza se diluye cuando el poder militar se convierte en un recurso mercantil, disponible para cualquier actor capaz de pagarlo, sean gobiernos en disputa, grupos armados o corporaciones privadas.

En este contexto se han documentado casos de exmilitares latinoamericanos participando en el conflicto libio, entre ellos un exmilitar piloto ecuatoriano —cuyo nombre se omite por pedido expreso— que, según fuentes abiertas, habría sido abatido mientras operaba como contratista. La Libyan National Army (LNA) confirmó en abril de 2019 que un Mirage F1 fue derribado en las afueras de Trípoli, identificando posteriormente al exmilitar por un parche del overol uniforme, que medios como Janes afirman ser de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (Janes, 2019; Middle East Online, 2019; The National, 2019). Este incidente evidenció la presencia directa de personal militar en retiro ecuatoriano en zonas de guerra internacional, operando bajo condiciones de opacidad y bajo propio riesgo.

Una entrevista anónima con este expiloto ecuatoriano permite comprender desde dentro la magnitud y complejidad del fenómeno. Contactado por un militar ecuatoriano y reclutado por una empresa privada de seguridad con base en Jordania, el exmilitar fue contratado como piloto de combate para operar Mirage F1 en misiones tácticas contra células de ISIS y Al-Qaeda. Estas aeronaves correspondían a una flotilla previamente desertada por pilotos libios que aterrizaron en Malta, posteriormente recuperadas para operaciones ofensivas en territorio libio. Según su testimonio, el contingente fue reforzado por exmilitares técnicos ecuatorianos, con la misión de recuperar y dar mantenimiento a la flota Mirage F1, por la especialización el pago mensual oscilaba alrededor de $10.000 USD.

El exmilitar aseguró regirse por un decálogo ético personal, rechazando expresamente ataques contra blancos civiles. Afirmó además que su eyección no se debió a fuego enemigo, sino a una falla de compresor (stall) durante una misión de bombardeo. A diferencia de su caso, su compañero de misión, Jamie Christopher Sponaugle, ciudadano estadounidense, fue derribado el 7 de mayo de 2019 y capturado por el LNA. Acusado de actuar como mercenario al servicio del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), Sponaugle permaneció detenido durante seis semanas, hasta que fue liberado tras gestiones diplomáticas con la mediación de Arabia Saudita y agencias estadounidenses (CBS News, 2019; Task & Purpose, 2019; The Independent, 2019).

Estos hechos confirman cómo la experiencia y el entrenamiento de militares latinoamericanos pueden ser absorbidos por mercados globales de seguridad fuera del control estatal. El caso ecuatoriano, hasta ahora excepcional, constituye una alerta temprana sobre las implicaciones geopolíticas, jurídicas y éticas de la privatización de la defensa.

En Colombia, el retiro anual de más de 10 000 militares con entrenamiento especializado, sin acceso a un programa sólido de reintegración profesional, ha generado su incorporación recurrente a empresas de seguridad privada, redes de contratistas internacionales e incluso estructuras criminales transnacionales. Además del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, cometido por 26 exmilitares colombianos (BBC Mundo, 2019), en fechas recientes varios exsoldados han sido reclutados por cárteles mexicanos como el CJNG para labores de entrenamiento operativos y uso de explosivos en Michoacán, donde fueron capturados 12 colombianos vinculados a ataques armados y minas antipersonales (The Watch Journal, 2025; El País, 2025). Estas redes ilegales funcionan a través de intermediarios que reclutan exmilitares, a menudo mediante redes sociales o grupos de WhatsApp, ofreciendo pasajes, alojamiento y salarios mensuales atractivos —alrededor de USD 2 000 o más (El País, 2025)— pero sometiéndolos a condiciones de precariedad y falta de protección legal. Paradójicamente, tanto el presidente Gustavo Petro como autoridades mexicanas han denunciado este fenómeno como una forma de “exportación de mercenarios” que vulnera la soberanía y seguridad nacional (Infobae, 2025). Por otra parte, investigaciones periodísticas revelan que algunos exmilitares han sido parte de operaciones en África y Medio Oriente, entrenando a grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa o incluso sirviendo en conflictos en Ucrania o Yemen. Se trata de una tercerización de la guerra en la que participan veteranos colombianos atraídos por salarios hasta diez veces superiores a los nacionales (World Politics Review, 2019). Este uso del capital militar colombiano ha sido también empleado por guerrillas disidentes del FARC y del ELN, que buscan exuniformados con experiencia para fortalecer sus cuadros tácticos tras años de conflicto interno. El resultado es una vinculación compleja entre exmilitares, grupos armados ilegales y mercados oscuros de seguridad, que requiere respuestas políticas urgentes para evitar una crisis de legitimidad institucional.

Ecuador también presenta señales preocupantes en relación con la participación de personal militar en estructuras criminales o actividades paralelas. En 2016, se documentaron denuncias de adoctrinamiento civil por parte de militares en servicio activo, quienes ofrecían entrenamiento táctico a civiles bajo la fachada de actividades recreativas, sin autorización institucional ni respaldo legal (El Comercio, 2016). Luego, en 2019, se halló una tonelada de cocaína dentro de la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta, lo que derivó en sanciones administrativas, bajas militares y procesos judiciales contra personal activo, marcando un hito crítico sobre la infiltración del narcotráfico en instalaciones estratégicas del Estado. A este hecho se suma el caso emblemático de Telmo Castro Donoso, excapitán del Ejército, quien operó como enlace logístico del Cártel de Sinaloa, aprovechando su formación militar, su red de contactos institucionales y su conocimiento de rutas terrestres para facilitar el tráfico de drogas (InSight Crime, 2022). En años recientes, varios oficiales de la Armada han sido vinculados a operaciones logísticas ilegales relacionadas con el narcotráfico internacional, incluyendo casos de colaboración con mafias para envíos desde puertos ecuatorianos hacia Europa (El Comercio, 2023). En diciembre de 2023, un subteniente del Ejército fue sentenciado por filtrar información sensible sobre operativos, mientras que en febrero de 2024 un militar en servicio activo fue capturado en una redada junto a una organización delictiva costera, desempeñándose como facilitador logístico. En un caso reciente, en julio de 2025, dos exmilitares fueron asesinados en la ciudad de Manta mientras cumplían funciones de escolta para un presunto líder criminal, en un hecho que refleja la convergencia entre el aparato militar y las disputas armadas del crimen organizado. Estos eventos, tomados en conjunto, evidencian una tendencia progresiva hacia la instrumentalización de capacidades militares por parte de grupos de delincuencia organizada (GDO) en Ecuador.

 La mercenarización —ya sea mediante la participación en conflictos extranjeros, la tercerización de la defensa o la vinculación con estructuras criminales— implica una peligrosa transferencia de conocimiento, técnicas y tácticas en combate, redes logísticas y legitimidad operativa desde el Estado hacia actores que lo desafían abiertamente. Este fenómeno afecta directamente la seguridad nacional, debilita el monopolio legítimo de la fuerza y erosiona la cohesión institucional.

Desde el punto de vista jurídico, en Ecuador no existe una normativa específica que regule la participación de exmilitares en conflictos armados internacionales ni su vinculación con empresas militares privadas, lo que genera vacíos legales significativos en un contexto de creciente demanda global por las capacidades de este personal. En cuanto a la reinserción laboral de militares retirados, la legislación nacional impone restricciones que desincentivan su integración, especialmente en el ámbito del servicio público. Tal es el caso del régimen aplicable a quienes reingresan al servicio estatal, a quienes se les aplica un descuento de aproximadamente el 40 % en su pensión, sin que ese valor sea transferido a los institutos previsionales correspondientes (ISSFA o ISSPOL). Esta medida, lejos de constituir un incentivo, se percibe como una penalización que deslegitima la experiencia laboral de este personal, dificultando su reingreso al mercado laboral en relación de dependencia y desaprovechando su potencial en áreas estratégicas del Estado. A pesar de múltiples intentos de reforma legislativa —como el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social presentado en 2018 y aprobado en 2021 con 78 votos a favor—, la norma fue vetada totalmente por el Ejecutivo, con un completo desconocimiento y sigue generando efectos adversos para el aprovechamiento del capital humano militar y policial retirado. Hoy, esta disposición cobra especial relevancia ante la necesidad de incorporar exmilitares y ex policías para reforzar al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

A pesar de su gravedad, el problema rara vez se aborda de forma frontal. Su sola mención despierta resistencias, ya sea por desconocimiento del fenómeno o temor a admitir fallas estructurales en el Estado. Sin embargo, mirar hacia otro lado solo permitirá que casos hoy excepcionales —como los registrados en Ecuador— se vuelvan la norma, como ya ha ocurrido en otros países de la región.

Frente a esta amenaza silenciosa, se requiere una respuesta preventiva y estructural que contemple medidas tanto institucionales como interinstitucionales, antes de la salida del personal militar, por lo cual se propone:

• Diseñar e implementar un programa de reinserción laboral civil para el personal militar en retiro, articulado con políticas de desarrollo productivo, orientación vocacional y acceso a empleo digno. Este programa debe considerar la edad de egreso y el alto nivel de entrenamiento y formación académica del personal, lo que permitiría su aprovechamiento en sectores estratégicos del Estado, como la seguridad pública, la gestión de riesgos o incluso tareas técnicas y administrativas en función de sus competencias.
• Para garantizar la trazabilidad y control de este proceso, se propone la creación de una unidad especializada de seguimiento postmilitar, encargada de monitorear la situación laboral, social y de seguridad de los exuniformados.
• Considerar reformas estructurales que permitan la contratación de exmilitares en forma temporal y puntual bajo un requerimiento específico, como parte legítima de la política de defensa.
• Asimismo, resulta necesario fortalecer los controles sobre las empresas de seguridad privada, que en muchos casos han servido como fachada de actividades irregulares o puente hacia intereses extranjeros.
• En paralelo, la firma de compromisos institucionales o acuerdos vinculantes al final de la carrera podría limitar la participación del personal retirado en actividades de riesgo para la seguridad nacional.
• Finalmente, la formación militar debe profundizar en la ética profesional y el sentido de misión permanente, reafirmando que el compromiso con la defensa del Estado no concluye con la baja, sino que se transforma en responsabilidad ciudadana activa.

La respuesta del Estado frente al fenómeno a este fenómeno no puede ser reactiva, sino estratégica y anticipatoria. Es imperativo actuar antes de que el veterano, desatendido por la institucionalidad, sea captado por mercados oscuros o estructuras hostiles que instrumentalicen sus capacidades. Como advierte la Universidad Militar Nueva Granada, “la mercenarización no comienza con un contrato internacional, sino con el abandono institucional del militar al culminar su carrera” (UMNG, 2021, p. 48). Esta afirmación sintetiza el riesgo estructural que enfrenta la seguridad nacional. No se trata de coartar el principio de libertad de acción y decisión personal, que asiste a todo ciudadano en situación de retiro, sino de garantizar que dichas decisiones se enmarquen dentro de la legalidad, la ética y los intereses nacionales. El verdadero desafío no es prohibir, sino prevenir que la experiencia militar se convierta en una herramienta al servicio de intereses contrarios al Estado o fuera del control democrático.

El militar que pierde el sentido de su misión se convierte en un arma a la deriva. Ecuador aún está a tiempo de actuar. Prevenir hoy es preservar la legitimidad de la fuerza pública mañana.

Víctor Xavier Enríquez Champutiz es Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ingeniero en Electrónica e Instrumentación, maestro en Ingeniería con especialización en Calidad y Productividad, maestrante en carrera de Seguridad y Defensa, docente de la Academia de Guerra Aérea y autor de publicaciones sobre poder aéreo, UAVs y planificación estratégica. Su trayectoria combina experiencia técnica, docencia militar e investigación aplicada, con un enfoque institucional orientado a la innovación, la soberanía del espacio aéreo y el fortalecimiento doctrinario de la defensa nacional. Los invito a visitar mi blog https://vxenriquez.art.blog/

Referencias

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