Ecuador se suma a la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes, del 22 al 29 de septiembre, una iniciativa regional que articula y ejecuta acciones para reducir la incidencia de embarazos en adolescentes. Esta suma de esfuerzos se visibiliza en resultados positivos, plantea desafíos y fortalece espacios de gestión conjunta. 

Los Ministerios de Salud (MSP); Educación, Deporte y Cultura (Minedec); Desarrollo Humano y Gobierno (MDG) trabajan activamente en el abordaje integral de esta problemática social y de salud a escala nacional. Estas cuatro instituciones del Estado forman parte de la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (PIPENA) que implementa el Ecuador desde 2018.

Mediante Decreto Presidencial de mayo de 2025, se resolvió que la Vicepresidencia de la República aborde el embarazo en adolescentes como un tema social prioritario dentro de su gestión institucional, además de promover la articulación de políticas públicas integrales, planes, programas y proyectos vinculados a esta temática. 

El embarazo en niñas y adolescentes tiene relación con condiciones estructurales, como necesidades básicas insatisfechas, barreras en el acceso a servicios de salud, falta de educación integral de la sexualidad e incluso naturalización de la violencia sexual y uniones tempranas. 

El Ministerio de Salud Pública cuenta con 1.332 establecimientos que brindan servicios de salud integrales y amigables para adolescentes, espacios gratuitos, confidenciales y seguros, que garantizan atención oportuna. En el marco del fortalecimiento de estos servicios se ha certificado a un total de 8.685 profesionales de salud en atención integral para adolescentes.  

A su vez, ha conformado 1.529 clubes de adolescentes en todo el territorio donde se fomentan actividades de promoción de la salud con énfasis en educación integral de la sexualidad. En estos espacios participan alrededor de 22.548 adolescentes entre 10 y 19 años. También se promueve la línea 171, opción 2, para asesoría en promoción de la salud, incluyendo salud sexual, salud reproductiva y prevención de violencia.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura implementa la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad y cerca de 36.000 profesionales han sido formados a través del curso Reconoce Oportunidades Curriculares de Educación Integral en Sexualidad. En el último año, más de 344.000 estudiantes se han beneficiado con la aplicación de instrumentos y metodologías vinculadas a esta estrategia.

Asimismo, 400 profesionales de la educación recibieron capacitación en “Herramientas para la asesoría en salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes”, en colaboración con la Universidad Javeriana. De igual manera, se han priorizado a 1.133 instituciones educativas para la implementación de la Educación Integral en Sexualidad, y más de 678.000 estudiantes han sido sensibilizados en prevención de la violencia sexual y de género a través de la metodología del Recorrido Participativo.

En el mismo contexto, el Ministerio de Desarrollo Humano vela por la protección integral de niñas, niños y adolescentes y a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza. Más de 11.700 servidoras/es del MDH  han sido sensibilizados en derechos para la educación integral de la sexualidad.

También impulsa transferencias económicas (bonos y pensiones) para promover la inclusión económica y ofrecer una vida digna e igualdad de oportunidades a víctimas de violencia de cualquier tipo, especialmente aquellas generadas por la pobreza y pobreza extrema. 

El Ministerio de Gobierno, a través de sus 41 Servicios de Protección Integral y 15 Centros Violeta, desplegados en 40 cantones del Ecuador, atiende a víctimas de violencia de género, trata, tráfico y otros grupos de atención prioritaria. Estos servicios están conformados por profesionales del área legal, psicológica y de trabajo social, para atender, acompañar y asesorar a la población de manera individual, familiar y comunitaria.

El embarazo en niñas y adolescentes es un problema social que requiere mayor visibilidad, corresponsabilidad y acciones conjuntas a fin de garantizar una respuesta integral, equitativa y oportuna, desde un enfoque de derechos para beneficio de niños, niñas y adolescentes del Ecuador.