Al cumplirse un año de gestión del presidente, Guillermo Lasso, y tras el informe a la Nación que presentó en la Asamblea Nacional el pasado 24 de mayo del presente año, sobre las acciones a emprender para fortalecer a la Policía Nacional con la incorporación de 30 mil efectivos, al respecto el ex comandante del Ejército, Gral. Luis Altamirano, considera que incorporar 30.000 policías en su inicio, significa gastos salariales progresivos, que afectarán el manejo presupuestario en el corto, mediano y largo plazo.
Una estimación general, conllevará que para disponer 30.000 policías de forma progresiva (10.000 cada año) en 3 años, generará una obligación salarial de aproximadamente 1100 millones de USD, la cual será creciente por efecto del tiempo de servicio y sistema de ascensos; ello sin considerar costo de formación, alimentación, equipamiento básico y gastos operacionales .
Por otro lado la incorporación masiva y no progresiva, también causaría efectos en el mediano plazo, pues se debe considerar que la Policía Nacional es una institución jerarquizada, lo cual afectará en la definición de funciones y posiciones orgánicas en pocos años. Ello muestra un desconocimiento de esta importante institución, por lo que esta decisión debe ser repensaba, de forma responsable, pues anuncios como estos no solo conllevan efectos organizacionales y de costos insostenibles en el tiempo, sino que generan una visión de policialización de la seguridad, como si ese fuere el único eje a ser abordado. Es importante para ello, considerar las referencias internacionales del número de policías por cada 100 mil habitantes, los cuales deben ser una referencia para junto al contexto situacional de violencia y la realidad geográfica, definir las necesidades de servidores policiales en las funciones de prevención, disuasión, intervención, investigación e inteligencia antidelincuencial.
Además, es importante fortalecer el control de las frontera en un sentido de profundidad y mediante operaciones inter-agenciales con un enfoque integral. Ello demanda la participación de la SENAE y el cuerpo de vigilancia aduanero; migración, Policía Nacional, entre otros; y transversalmente aspectos como salud, educación, bienestar social, trabajo, y la participación de los Municipios y la empresa privada.
Se debe redefinir el marco legal, el cual escapa a la simple discusión del Uso Progresivo de la Fuerza, el tema es mucho más complejo que ese aspecto.
No es posible explicar la violencia que vive el país desde lo que ha ocurrido en los últimos 14 años; hubieron errores pero también aciertos, pero es necesario partir de un análisis objetivo, a fin de aplicar correctivos, y en otros aspectos como replantear la funcionalidad de las instituciones con propuestas innovadores a la realidad del país. Es lógico que la pérdida de institucionalidad del sector de seguridad se vio afecta por la eliminación de tres ministerios (Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del Interior -en proceso de reconstitución- y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). La rectoría de la seguridad recayó en un organismo ad-doc -Gabinete Sectorial de Seguridad-, que no tenía la capacidad de ejercicio de la rectoría del sector; los resultados son evidentes. Por otro lado la excesiva penalización del delito no ha tenido los efectos deseados. Hoy se aboga por profundizar esta visión.
