3 de Noviembre de 2022

Adelanto de elecciones aplicando el mecanismo de la muerte cruzada, revocatoria del mandato o la destitución del presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna son las posiciones de actores políticos que se han hecho públicas inmediatamente se produjo el recrudecimiento de la violencia e inseguridad en el país, especialmente en Guayas y Esmeraldas, provincias en las que se decretó estado de excepción por 45 días.

Los planteamientos surgen por lo que creen es una inacción de las instituciones que comprenden el Ejecutivo en el tema de seguridad a nivel nacional, en la crisis carcelaria y en el enfrentamiento a las organizaciones narcodelictivas que operan en Ecuador. Según el presidente Guillermo Lasso, en los últimos días se produjeron “más de 18 atentados terroristas”, en unidades policiales, casas de salud y edificaciones privadas, “para generar angustia y temor en la sociedad ecuatoriana”.

El expresidente Rafael Correa y su grupo de asambleístas han sido quienes más han defendido las tesis de encontrar una salida al gobierno actual. Por ejemplo, en su cuenta de Twitter, el exmandatario que vive en Bélgica señaló: “Si un CNE y TCE totalmente corrompidos y herencia del trujillato niegan la recolección de firmas para revocar el mandato de un farsante inepto como Lasso serán responsables de la tragedia del país”.

Un día después en respuesta a un mensaje escrito por el Partido Social Cristiano (PSC), Correa escribía: “Vamos entonces de las palabras a las acciones: con 92 votos en la Asamblea -que los socialcristianos anteriormente negaron- se pueden anticipar elecciones y buscar una salida democrática a esta pesadilla”.

Durante la declaratoria de estado de excepción “por grave conmoción interna”, el presidente Lasso aclaró que antes de su gobierno “la narcodelincuencia vivía en un paraíso dentro de nuestro país y hoy se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia. Se están quedando sin amigos ni palancas y pretenden sembrar miedo”.

Correístas como Virgilio Hernández han señalado que acaso no existe “suficiente conmoción interna” para hacer uso de la muerte cruzada y adelantar las elecciones. Esa misma línea es seguida por la exasambleísta asilada en México Gabriela Rivadeneira, quien en su cuenta de Twitter resalta el artículo 130, numeral 2, de la Constitución que habla de que la Asamblea podrá destituir al presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna.

En junio pasado, durante las protestas sociales convocadas por el sector indígena, la bancada correísta de la Unión por la Esperanza (UNES) no alcanzó los 92 votos necesarios para iniciar el proceso de destitución de Lasso por una grave crisis política y conmoción interna. Patricia Núñez, la legisladora proponente, en su solicitud indicaba que el Gobierno esperó doce días para dar una solución al conflicto que vivía el país y pensaba que era el momento de que la gente resuelva, al adelantar las elecciones, en las urnas con votos y no con balas.

Respecto a la causal de conmoción interna, el constitucionalista Ismael Quintana aclaró que esta causal invocada en el decreto ejecutivo de excepción número 588 firmado por Lasso no equivale a la causal de grave crisis política y conmoción interna para la destitución presidencial. “Políticos pescando a río revuelto de toda esta situación”, decía.

En el artículo 130, numeral 2, de la Constitución que refiere a que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna resalta que esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo, en los tres primeros años del mismo.

Ante los planteamientos para la salida del presidente Lasso, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cree que no hay nada peor que los “políticos carroñeros”, quienes, dice, buscan aprovecharse de la desgracia ajena y medrar en momentos de dificultad “para obtener espacios que no supieron ganar en las urnas”.

De su parte, la legisladora del ala rebelde de Pachakutik, Mireya Pazmiño sostiene que el desgobierno promovido por el presidente Lasso y sus aliados ha llevado a la peor crisis de inseguridad en la historia de nuestro país y que el Ecuador vive una permanente conmoción interna. Ante ello hace un llamado a todos los asambleístas para llegar a un acuerdo y dar una respuesta al pueblo ecuatoriano, “encontrando una salida legítima, constitucional y democrática frente a un Gobierno que pone en riesgo la existencia del Estado y la vida de los ecuatorianos.

En vereda contraria, el bloque oficialista de CREO, mediante un comunicado, señala que serán fácilmente desmontadas con la verdad mentiras de ciertos grupos políticos que atacan al Gobierno Nacional para “beneficiar sus dudosos intereses personales”. Desde esa bancada se recuerda que la narcoviolencia no se genera en 17 meses, sino es producto de más de una década de desinstitucionalización del Estado.

Alejandro Jaramillo, legislador de los registros de la Izquierda Democrática (ID), tiene claro que la Asamblea debe pronunciarse en estos momentos, pero no para generar más desestabilización, sino para articular acciones y sumar esfuerzos que permitan ayudar a resolver un problema tan grave como el que enfrenta el país. Piensa que es mentirle al país el que se pretenda hacer creer que al dejar el cargo el presidente Lasso la situación complicada de inseguridad o el tema de las cárceles van a cambiar inmediatamente.

“La muerte cruzada siempre será una opción que no puede ser mal entendida y menos usada para fines específicos de un grupo político. La situación de seguridad del país es grave, pero no podemos sumarnos a más desestabilización y zozobra para la gente, sino debemos unirnos y redoblar esfuerzos contra el único enemigo que es la delincuencia organizada. No vamos a permitir que el país vaya a una debacle institucional. Veo con mucha preocupación que cierto grupo de actores políticos que ya pudieron cambiar esta realidad hoy estén aupando para su beneficio y para eso la ID no se va a prestar”, afirmó Jaramillo. 

Vía: El Universo