Fausto Giraldo
La “Constitución de 200 años” que pretendía dar un giro de ciento ochenta grados a la estructura institucional del Estado al parecer no ha dado sus frutos de manera positiva, sino que al contrario, desde su aprobación generó ya problemas en el orden del manejo y conducción de las diferentes entidades: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y participación ciudadana.
Todas estas instituciones, incluidas muchas del régimen descentralizado como el IESS y los gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales, han sido salpicadas por incapacidad de gestión, corrupción, peculado, cohecho, coimas, tráfico de influencia, sobre precios, aprovechamiento de cargos públicos, uso indebido de documentos (carnés de discapacidad), confrontación y disputa interna, menoscabando así principios fundamentales como la transparencia, afectando a la gran mayoría de ecuatorianos que expectantes sentimos cada vez como es que perdemos la esperanza en nuestro futuro.
Un ex contralor prófugo y otro preso; ex defensor acusado de abuso sexual, reparto actual de las direcciones provinciales entre fuerzas políticas; asambleístas “diezmeros” y con tráfico de influencia, en punga permanente por el control interno y de las instituciones; Consejo de Participación en disputa por la dirección y reparto, ex consejeros de este organismo denunciados por corrupción y destituidos; confrontación interna en el Consejo Nacional Electoral y en el Consejo de la Judicatura; autoridades locales con grilletes, acusados por corrupción, destituidos y enjuiciados; superintendencias que incumplen sus funcione;, funcionarios y ex funcionarios de la seguridad social denunciados por corrupción y sobreprecios; ministros y funcionarios de los ejecutivos que hicieron su agosto, entre otras.
Ibarra no es la excepción, su alcaldesa públicamente menciona que habría sido designado una persona dentro de la empresa municipal de agua potable y que esta habría tenido una relación sentimental con una concejala, configurando posible “tráfico de influencia” y que la Fiscalía de oficio debería iniciar un proceso investigativo ya que como se señala en un principio del derecho “a confesión de parte, relevo de prueba”, es un indicio de que algo está sucediendo. En el cantón textil también se han generado una serie de denuncias sobre el manejo económico del gobierno local.
Definitivamente algo está mal, por más que se cambie de personas siguen denunciando estos ilícitos, la institucionalidad es la que está en crisis, millones de ecuatorianos estamos en la indefensión, no tenemos a donde o a quien acudir, existe un anuncio presidencial de convocar a una consulta popular que aún no está clara, no sabemos cuáles son los objetivos y hacia dónde iría esta especie de plebiscito; nos corresponde a los otros, los del otro lado empezar procesos de análisis crítico y reflexivo, debates que promuevan una propuesta de una verdadera reinstitucionalización y cuyos principales protagonistas sean los ciudadanos verdaderamente comprometidos con este país que se cae a pedazos.
