El miércoles 30 de noviembre de 2022, se realizó el lanzamiento de la Ab. Katherine Luna Lafuente, Directora Provincial de Imbabura  (CJI), entregó la Agenda de Justicia y Género 2023 -2025, a las autoridades de la provincia que fue construida con el aporte de más de 100 organizaciones de mujeres, jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores de varias instituciones del Estado.

El documento recoge las visiones de diversos sectores sobre el cumplimiento, avances y retos en la aplicación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el sistema judicial. Su objetivo es establecer mecanismos para la implementación efectiva de la mencionada Ley y así garantizar el acceso a los servicios de justicia en los casos de violencia de género.

El evento contó con la presencia de Fernando Chalampuente, Gobernador de Imbabura, Andres Ponce, Fiscal Provincial, Andrea Cazar, Directora Provincial de la Defensoría Pública de Imbabura, representantes de organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

La Ab. Katherine Luna Lafuente, manifestó que le CJ trabaja con el fin de erradicar la violencia contra la mujer y garantizar los derechos de las víctimas y comprometió las autoridades a trabajar en conjunto en la búsqueda de una vida libre de violencia.

Por su parte Fernando Chalampuente, Gobernador de Imbabura, felicitó la iniciativa y se comprometió a formar parte de la ejecución de la Agenda 2023-2025 en toda la provincia.

 La agenda está sustentada en siete ejes:

1. Medidas de protección: rol de la Función Judicial y seguimiento.

2. Sistema de seguimiento de sanciones y mecanismos de reparación integral.

3. Procedimientos judiciales desde la perspectiva de género.

4. Indicadores con perspectiva de género de la actuación judicial.

5. Femicidio, muertes violentas de mujeres y potestad disciplinaria en falta de aplicación de perspectiva de género de la Función Judicial.

6. Justicia abierta y acceso a la información; Registro Judicial y Registro Único de Violencia.

7. Participación ciudadana y coordinación interinstitucional.