Los sectores productivos rechazamos la decisión de la Corte Constitucional de dar paso a la solicitud de consulta popular requerida por el cabildo de Cuenca, que procura prohibir la minería responsable en ciertas zonas de dicho cantón.
La minería responsable, a través de una operación ambientalmente sustentable, ha generado
beneficios y desarrollo en las áreas otorgadas por el Estado, con estricta sujeción a la Ley. Esta
industria es beneficiosa en términos de generación de inversión y empleo, así como de
regalías, impuestos nacionales y locales, encadenamiento con otras actividades productivas e
ingreso de divisas para mantener la dolarización.
Incluso ha auspiciado proyectos sociales específicos para mejorar las condiciones de vida de
las poblaciones aledañas. El compromiso con las áreas de influencia y el Ecuador es un hecho
y no lo podemos detener.
Es necesario recordar, que el pueblo ecuatoriano se pronunció en la consulta popular de 2018,
y dijo que sí a la minería responsable en todo el territorio, con excepción de zonas intangibles,
áreas protegidas y centros urbanos. De tal modo, sorprende que se esté franqueando esta
nueva consulta que podría contravenir este pronunciamiento de ámbito nacional y, más aún,
compatible con la propia prescripción constitucional que debería prevalecer sobre otras
consideraciones.
El fallo ocasiona una grave inseguridad jurídica en un sector pujante, que es uno de los
principales atractivos a la inversión extranjera en el Ecuador. Y, en estos términos afecta, la
imagen del país ante los mercados internacionales que monitorean la evolución de este sector.
Una decisión como la tomada, afecta enormemente la posición del Ecuador a nivel
internacional y eso tiene una consecuencia inmediata en la inversión en nuestro país.