Se rumora de un pacto que desembocó en la salida de prisión del ex vicepresidente. Haya sucedido o no, el gobierno y el correísmo salen debilitados. Pero es el régimen el que más tiene que perder.
La liberación de Jorge Glas el domingo 10 de abril de 2022 había sido anunciada o sospechada por periodistas y en redes sociales desde hacía meses. Era el giro predecible de una película con demasiados vaticinios: primero se discutió durante las primeras semanas de gobierno del presidente Guillermo Lasso, cuando se planteaba un pacto entre el oficialismo, el Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo que en la Asamblea está bajo el paraguas de la Unión por la Esperanza (UNES). En noviembre de 2021, se volvió a mencionar cuando UNES se abstuvo de votar en la moción de Pachakutik para archivar el proyecto de reforma tributaria del gobierno. Se dijo entonces que la liberación de Glas era parte del acuerdo para la abstención. Esa vez, hasta Rafael Correa acudió a las redes para enfatizar la urgencia de sacar a su ex vicepresidente de la cárcel (y sugerir con indirectas que un pacto era justificable).
Glas recuperó su libertad después de permanecer encarcelado durante 1.645 días. El juez Javier Moscoso de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Manglaralto, una pequeña parroquia del cantón Santa Elena, le concedió el sábado 9 un hábeas corpus, una acción legal para proteger la vida o la integridad física de quienes se encuentren privados de libertad.
Ahora, por más que Francisco Jiménez, el recién llegado ministro de gobierno, lo niegue, las sospechas sobre un pacto aumentan. Hay muchos que creen que el acuerdo entre el gobierno y el correísmo se dio, la justicia fue intervenida y Glas salió a cambio de los 50 votos del correísmo en la Asamblea (o, al menos, más gobernabilidad).
No se sabe, por supuesto, con certeza si hubo un acuerdo o no. Pero este desenlace fue advertido demasiadas veces, no solo por las votaciones en la Asamblea, sino por la indecisión y evidente parálisis del gobierno en el plano legislativo —algo que el mismo ministro Jimenez reconoció cuando aún era asambleísta. Sin el apoyo que consiguió inicialmente de la Izquierda Democrática y de Pachakutik y con una aceptación demasiado a la baja para plantearse la muerte cruzada, el gobierno se quedó sin opciones y, creen muchos, volvió al pacto que abandonó hace un año.