Fausto Giraldo
Mediante resolución administrativa la alcaldesa de Ibarra Andrea Scacco remueve del cargo al Registrador de la Propiedad, Patricio Rosas; el motivo vaya usted a saber, el sustento jurídico y proceso lo dirán los órganos competentes, sin embargo preocupa el acto de la burgomaestre.
Patricio Rosas fue el ganador de un concurso de méritos y posicionado en diciembre del 2016, según la Ley debe durar en funciones 4 años con posibilidad a participar en un nuevo concurso para volver a desempeñar dichas funciones por una sola vez. Visto el periodo se entendería que en diciembre del 2020 culminaba su tiempo de designación.
Por otro lado si se revisa la ley sobre los datos y registros del país señala que debe existir un informe desde la Dirección General de Datos en el que se sustente el dolo o acto ilegal cometido por un registrador de la propiedad para que sea removido por la autoridad competente. Se entendería que la señora alcaldesa Scacco respetó el debido proceso y cuenta con ese informe para adoptar tal decisión de remoción.
Seria gravísimo que haya violación de la municipalidad en la autonomía administrativa y financiera que determina la Ley sobre el funcionamiento de los registros de propiedad del país, más cuando de por medio existan intereses particulares, personalisimos de la autoridad o de su entorno cercano para remover a un registrador y promover a un “recomendado” dentro del cargo.
Mi lógica es que a poco tiempo de culminar el periodo para el cual ganó Patricio Rosas como registrador de la ciudad, debía iniciar el proceso de concurso de méritos y oposición y pues si se lo hace con transparencia bien podría ganar el “recomendado” de la máxima autoridad o en su caso repetir tal función el cesante o quizá otra persona.
La triste realidad como en toda entidad es que la mano del poder promueva posiblemente el irrespeto a la legitimidad y la legalidad para que alguien de su entorno cercano ocupe los cargos en las instituciones y al parecer con mucha mediocridad e incapacidad para hacerlo, tal cual se ha evidenciado hasta hoy en las empresas públicas municipales y mancomunidades.
