Jacinto Salas Morales  salasjacinto@yahoo.com

Las imágenes, aquellas que recogen la prensa y transmiten los reportajes televisivos, no solo que impresionan al mostrar la devastación  de la cuenca alta del río Tena, sino que deberían indignar a todos los ciudadanos al comprobar la incapacidad del Estado para poner freno a la codicia de los depredadores de la naturaleza.

Meses atrás fue Buenos Aires. Cientos, según otros, miles de mineros, nacionales y extranjeros, llegaron allá como a territorio propio, impusieron su ley, devastaron el bosque primario, perforaron la tierra y sacaron miles de sacos de rocas auríferas que viajaron libremente en camiones hasta las procesadoras de la provincia de El Oro. Nada de esa riqueza le quedó a Buenos Aires ni a Urcuquí, muchos menos a Imbabura. Sí a unos cuantos vivos.

Como siempre, el estado, el gobierno llegan tarde. Ayer en Buenos Aires, hoy en Napo. Hasta la tarde del viernes 107 retroexcavadoras, cuyo costo unitario promedio llegaría a 150 mil dólares,  habían sido incautadas a “pobrecitos mineros” en el área de Yutzupino. Resulta sorprendente, sospechoso que en los últimos cinco meses, nadie ni autoridades provinciales,  de la misma Yutzupino, de Silverio Andy, El Ceibo, de los cuerpos de inteligencia y seguridad se hayan enterado de la tragedia ambiental en las riberas del Jatunyacu, de cómo cambiaban el curso del río,  lo envenenaban con mercurio para lavar el oro. ¿No lo sabían?

Ofrecen investigar, identificar a los responsables, sancionarlos. ¿Les quitarán el oro robado al país?