En el marco del juicio político al Consejo de la Judicatura (CJ), el Presidente de la institución, Doctor Fausto Murillo Fierro, expuso en el Pleno de la Asamblea Nacional los aspectos técnicos y jurídicos bajo los cuales se evaluó a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el 2019. Ese proceso se inició tras un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cppcs-t), que el 29 de enero del 2018 sostuvo que le evaluación debe realizarse de forma inmediata, pues ese fue el clamor de 5,9 millones de ciudadanos que el 4 de febrero del 2018 aprobaron la pregunta 3 en la Consulta Popular.

La evaluación se realizó con el apoyo y asistencia de profesionales de alta calidad académica y moral, que no fueron seleccionados a dedo por el CJ, sino que sus nombres fueron propuestas por las mejores universidades del Ecuador. Ese grupo de juristas elaboró una metodología técnica para realizar la evaluación. “De ese trabajo estuvo encargado directamente el CJ. No se delegó a nadie esa potestad. Entonces es mentira que incumplimos funciones”, sostuvo el Dr. Murillo. Agregó que la Corte Constitucional avaló todo lo actuado.

El Presidente del CJ aseguró que el proceso fue técnico y transparente, no como los concursos “amañados” y “sesgados” que se realizaban durante la administración de Gustavo Jalkh, durante el correísmo.

“El Cpccs-t del Dr. Julio César Trujillo cesó al CJ de Gustavo Jalkh, porque habían secuestrado la justicia. Entre el 2011 y el 2018 hicieron de la justicia un instrumento de persecución. La justicia estaba cooptada por el poder político. ¿Recuerdan si sentenciaron casos de corrupción? No. Lo que hicimos nosotros fue liberar a la administración de justicia de jueces incompetentes que no tenían la capacidad para estar en la Corte Nacional”, indicó el Dr. Murillo.

El Presidente del CJ pidió a los asambleístas sensatos que no permitan que regrese al país esas prácticas, pues aseguró que el juicio político es solo un pretexto de correístas y socialcristianos para tomarse la justicia y continuar con la persecución, que en el pasado dañó y acabó vidas. “El país busca fortalecer la institucionalidad y la justicia es el pilar de la democracia”, sostuvo.

El Dr. Murillo aclaró que tras la evaluación de jueces y conjueces, 23 de ellos fueron removidos, pero no destituidos. De esta forma se inició un proceso transparente de selección de nuevos juzgadores.

Los aspirantes debieron cumplir rigurosos parámetros: tener 10 años como abogado, haber permanecido al menos cinco años como jueces de las cortes provinciales, no registrar sanciones graves o gravísimas, contar con una especialización y haber obtenido mínimo 80 puntos sobre 100 en evaluaciones.

Con base en estos hechos pidió archivar el juicio político, porque no tiene fundamentos ni razones para seguir con el trámite.