El Pleno aprobó Ley para la reactivación económica de Esmeraldas y Manabí

Con el voto unánime de los 132 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí, que tiene por objetivo dotar de herramientas que permitan reactivar las actividades productivas propias de la zona, que fue afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016.

 

Esta normativa tiene por objeto generar condiciones para reactivar el sector productivo de dichas provincias a través la aplicación de estímulos sociales y empresariales, en especial para la creación, adecuación y funcionamiento de micro, pequeños y medianos emprendimientos, así como la creación de infraestructura pública y vivienda digna.

Para ello determina varias líneas de acción, como poner en marcha un amplio plan de capacitación y formación de emprendedores, fomentar el turismo, agricultura, ganadería y pesca; facilitar los trámites de importación y exportación orientados a las MIPYMES.

Los ministerios de Industrias, Agricultura y de Turismo, así como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria atenderán todo tipo de consultas y brindarán asesoría sobre cualquier asunto jurídico y técnico que requieran los empresarios de las provincias dentro de sus respectivas competencias.

Además, se establecerán programas especiales de acceso a créditos, bajo condiciones preferenciales por parte del Gobierno Nacional a través de la banca pública.

Wilma Andrade Muñoz, en su condición de ponente del informe, indicó que la Comisión de Desarrollo Económico analizó las observaciones formuladas en el curso del segundo debate y decidió acoger las propuestas de los asambleístas John Vinueza y Xavier Santos, sobre la conformación de la Unidad Ejecutora para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí, así como la disposición por la cual se establece, para el caso de calamidad pública o desastres naturales, las provincias, por sí solas o en unidad con otras, puedan acogerse a esta ley y conformar las respectivas unidades coordinadoras, para evitar que por cada situación de desastre se dicte una nueva ley.

Recordó que esta ley tiene por objetivo propiciar la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí, a través de la aplicación de estímulos sociales, empresariales para la creación, adecuación y funcionamiento de micro, pequeños y medianos emprendimientos, productores agrícolas, sector turístico y actores del sector no financiero de la economía popular y solidaria, así como la creación de infraestructura de vivienda digna, que garantice las condiciones materiales e inmateriales de la ciudadanía para la competitividad de estas provincias.

Comisión general

Antes de someter a votación el texto definitivo del proyecto el Pleno recibió en comisión general a Mae Montaño, exlegisladora nacional, hoy ministra de Inclusión Económica y Social, quien justificó su iniciativa de crear una ley que otorgue a estas dos provincias mecanismos que permitan una verdadera reactivación social y económica.

Mae Montaño aseguró que los efectos del terremoto de abril de 2016 y el secuestro a los integrantes del equipo periodístico de El Comercio, en la frontera norte, que terminó con su asesinato, desnudaron la grave situación de pobreza que presentan Manabí y Esmeraldas pues, si bien hubo una actitud solidaria de todo el país, es necesario que estas dos jurisdicciones puedan superar la falta de oportunidades para el desarrollo.

“Estas dos provincias deben convertirse en verdaderos polos de desarrollo, no solo porque merecen, sino porque el país requiere que Manabí y Esmeraldas se reactiven y aporten decisivamente al crecimiento del país”, concluyó.

El proyecto de Ley para la Reactivación Económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí será remitido en los próximos días al Ejecutivo, para la correspondiente sanción u objeción.

 

Comisión llamará a Presidente del IESS para que informe sobre jubilación de trabajadores cementeros

La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social llamará al presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social (IESS), a fin de que informe sobre la elaboración de la normativa respectiva para el pago de las jubilaciones a los trabajadores cementeros.

Los trabajadores cementeros solicitaron la intervención de la mesa legislativa, a fin de tomar acciones para una seguridad social que atienda la naturaleza de su actividad de riesgo al momento de retiro. Además, plantearon participar en la elaboración del reglamento que está elaborando el IESS sobre la materia.

El presidente de la Asociación de Jubilados Cementeros de Imbabura, Mauricio Cazar, tras detallar el proceso de nacimiento de la Ley que les ampara, sostuvo que luego de 18 meses y varias reuniones con diferentes autoridades del Seguro Social y al no tener respuesta en el cumplimiento de la disposiciones establecidas en la Ley Especial de los Jubilados Cementeros presentaron una acción de protección con el auspicio de la Defensoría del Pueblo. Aseguró que hasta la presente fecha no tienen sentencia para el pago de sus haberes que por ley les corresponde.

De su lado, Bolívar Cantos, trabajador por 27 años, de Guapán sostuvo que están expuestos a niveles altos de polución, a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, químicos, económicos y psicosociales. Relató que tienen serios problemas de salud como respiratorios y auditivos, por lo que “es justo y necesario que la ley se cumpla con un reglamento acorde a sus necesidades”.

De la empresa Cemento Selva Alegre, Henry Ubidia, explicó que la Ley Especial de los Trabajadores Cementeros vigente desde 1989 ordena que luego de 25 años los trabajadores de este sector pueden jubilarse. No obstante en 2017 se interpretó un artículo que impidió la aplicación de la Ley y a partir de ello, han estado pendientes de que el derecho adquirido y reglamentado sea aplicable, especialmente para las personas que se retiran de su actividad laboral.

La asambleísta Pamela Aguirre sostuvo que el problema consiste en la falta de claridad para el cálculo de la jubilación, en lo que la Asamblea tendrá que tomar medidas de fiscalización y control a las obligaciones del IESS.

Salvador Quishpe expresó su solidaridad con los trabajadores de las cementeras. Mientras no hay dinero para pagar a los trabajadores las grandes empresas tienen utilidades millonarias, enfatizó.

Ley de Apoyo Humanitario

Seguidamente, trabajadores del Hospital Carlos Andrade Marín, de Quito, pidieron el apoyo del ente parlamentario en la urgente realización de los concursos de méritos y oposición, en cumplimiento del régimen especial de estabilidad laboral establecido en el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario.

Lorena Vaca, en representación de los trabajadores, solicitó la intervención para acelerar el proceso del concurso de méritos y oposición y de esa manera obtener sus contratos indefinidos bajo el Código de Trabajo.

De su lado, David Cevallos dijo que han puesto sus vidas en peligro y lo único que piden es estabilidad.

La presidenta de la Comisión, Rina Campain, expresó que pedirán información a las autoridades competentes y con ello trabajar en mesas técnica.

Regulación del teletrabajo

En otro orden, los legisladores resolvieron unificar cinco proyectos de ley que hacen relación a la regulación del teletrabajo, a fin de darle un mejor tratamiento y optimizar el esfuerzo parlamentario.

Estas iniciativas legales son: proyecto de reformas al Código de Trabajo para el Reconocimiento del Teletrabajo; proyecto de Ley para la Legalización del Teletrabajo; proyecto de reformas al Código de Trabajo que Norma el Teletrabajo; proyecto de reformas al Código de Trabajo que Regula el Teletrabajo; y, proyecto de Ley de Teletrabajo Ecuador.

 

Comisión inicia recepción de criterios para elaborar el Copinna

La Comisión Integral que atiende temas de la niñez y adolescencia recibió a Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social (MIES), quien realizó observaciones al proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).

Resaltó que el Copinna está relacionado directamente con instrumentos internacionales que protegen a niñas, niños y adolescentes. Resaltó que es necesario adecuar la reforma para garantizar el ejercicio de los derechos de estos grupos; transversalidad y efectividad de la norma respecto de la prevención y erradicación de la violencia y prácticas nocivas contra niñas, niños y adolescentes.

Puntualizó que será importante incorporar a las niñas y las mujeres adolescentes como sujeto estratégico de esta reforma; hacer de la ley un instrumento para fortalecer la igualdad de género en las relaciones de familia.

Sostuvo que en el Libro I se debe ampliar el Catálogo de Derechos y Adecuación a innovaciones y garantías constitucionales; asegurar el principio de interés superior en relación con el pleno ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes mujeres.

En el Libro II remarcó que se debería fortalecer la coparentalidad, reconocer el trabajo de cuidados sin abandonar el régimen de pensiones y su tabla. En tiempos normales la recaudación superó los $60 millones mensuales para alimentar a cerca de un millón de niñas, niños y adolescentes, donde el 84 % recibe una pensión alimenticia menor a $129,53.

En cuanto a la adopción y esclarecimiento legal, social y familiar de niños privados definitivamente del medio familiar, dijo que es necesario establecer un solo juez para declaratoria de adoptabilidad y juicio de adopción.

En el Libro III en los deberes del Estado recalcó que sin política pública para niñez y adolescencia no puede existir un código relevante. Esta ley debe adecuarse a la Constitución de 2008, subrayó. Del libro IV no tuvo mayores observaciones.

Prioridades y propuestas

Sugirió, en el Libro I, la prevención y erradicación del castigo, las prácticas nocivas y todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes con especial atención a la violencia sexual, la trata de niñas, niños y adolescentes; y, las diversas formas de explotación.

En el Libro II la inclusión de los principios de igualdad y no discriminación en las relaciones familiares: autoridad parental, en lugar de patria potestad, cuidado y protección en lugar de tenencia, mantener régimen de protección económica, integrar en la normativa la tabla de pensiones de alimentos.

En el Libro III propuso fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde su naturaleza especializada y a través de mecanismos claros de presupuesto, articulación, coordinación y acción.

La Comisión también recibió a la expresidenta de la Comisión Ampetra, Silvia Salgado, quien indicó que la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia tomó otro rumbo cuando surgió el caso Ampetra, que se refiere a actos de violencia sexual en contra más de 40 niños estudiantes.

Indicó que la Comisión no solo diagnosticó el problema, sino que hubo la interconexión necesaria entre las instituciones del Estado para enfrentar este problema estructural. Así mismo, dio a conocer los conflictos que se identificaron, conclusiones y recomendaciones, así como las reformas a varios cuerpos legales que propuso la Comisión en ese momento.

Durante su exposición también habló del Copinna y su relación con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la protección de los derechos digitales y las nuevas infracciones y delitos digitales.

En lo que respecta a la aprobación del Código sostuvo que este debe considerar el principio de progresividad de derecho y el interés superior del niño; afinar la articulación con otros cuerpos legales del ordenamiento jurídico, especialmente con el COIP, Función Judicial y LOEI; ajustar el contenido en especial los temas críticos o sensibles a estándares internacionales y a las observaciones del Comité de Derechos de la Niñez y Adolescencia, a la Constitución y su condición de Estado laico.

Sugirió reforzar y dar claridad jurídica sobre competencia y procedimiento para la aplicación de medidas de reparación, restitución, satisfacción y no repetición.

Actividades Presidenta

La titular de la Comisión, Pierina Correa, dio a conocer las actividades realizadas durante la semana. Indicó que cumplió agenda en diversos medios de comunicación socializando por qué la mesa solicitó que el Copinna no sea votado en el Pleno y regrese nuevamente a la Comisión. Así mismo dijo que mantuvo reuniones en la provincia de Chimborazo para explicar en qué consiste el Código, entre otras tareas

 

Comisión de Biodiversidad ampliará el plazo para el estudio del proyecto de Ley de Recursos Hídricos

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales ampliará el plazo para el tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, tiempo en el cual recibirá las observaciones y comentarios de todos los niveles de gobierno.

El presidente de la Comisión, Washington Varela, dijo que es muy importante definir los contextos del uso del agua, como son fuentes, captación, afectación, impacto ambiental, recursos hídricos, riego, drenaje.

El legislador manifestó que la mesa está recibiendo todos los insumos y aportes de asambleístas y actores sociales. Dentro de la agenda se considerará la socialización del proyecto en territorio, por lo que pidió a los asambleístas trabajar en cada una de sus localidades, para que haya mayor participación ciudadana.

En cuanto al proyecto de reformas al Código del Ambiente, al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y a la Ley de Minería, el parlamentario reiteró que se requiere incluir los aportes y observaciones de las instituciones públicas y privadas, a fin de aprobar una ley que sea susceptible de aterrizarla en cada uno de los territorios.

Pedro Zapata consideró que se necesita completar la matriz de observaciones con un cronograma de trabajo. El Presidente de la Comisión explicó que todos los lunes se reciben las observaciones de todos los actores de la sociedad civil y de las diferentes instituciones involucradas en las materias que abordan los proyectos de ley.

Por último, la Comisión resolvió unificar los proyectos de reformas a la Ley de Minería, a fin de elaborar el informe para primer debate, en el que se ejecutarán las observaciones y aportes necesarios y fortalecer el trabajo en territorio, con el fin de socializar y recoger el criterio de la ciudadanía y de autoridades involucrados en el tema minero.

Ministerio de Turismo tiene previsto presentar propuesta de ley para reactivar al sector

La Comisión de Desarrollo Económico analizó junto con el ministro de Turismo, Niels Olsen, los proyectos de ley vinculados con este sector. El secretario de Estado, señaló que el turismo ha sido el más afectado por la pandemia y remarcó que se han perdido 130 mil de empleos. Comentó que Ecuador es el país latinoamericano menos visitado.

Por lo tanto, dijo que es necesario crear una normativa que se adapte a la realidad y considere al turismo como vehículo de desarrollo y conservación. Indicó que es necesario trabajar sobre tres principios: sostenibilidad, seguridad y accesibilidad.

Así mismo, informó que se ha creado una comisión técnica de alto nivel para la elaboración de una nueva normativa de turismo. Dicha mesa revisará un conjunto de insumos iniciales para la redacción de una ley, en especial la vigente, el borrador del proyecto trabajado en la anterior gestión del Ministerio de Turismo y los siete proyectos que reposan en la Comisión de Desarrollo Económico.

El Ministro indicó que los campos iniciales para el análisis serán las generalidades del turismo ecuatoriano, registro y licencias de funcionamiento, actividades turísticas, transporte y conectividad, regulación de plataformas y formalización, facilitación turística, incentivos al sector turístico, protección al turista, entre otros temas.

Este proyecto de ley será presentado al Ejecutivo en octubre y al Legislativo se lo remitirá en noviembre, señaló el secretario de Estado.

Preguntas

Los legisladores presentaron varias interrogantes al ministro Olsen, entre ellas, sobre el mejoramiento de la infraestructura para la promoción turística, programas de capacitación que permitan mejorar la oferta de servicios, impulsar el idioma inglés, acciones efectivas para el control de la seguridad de los turistas, qué pasara con el proyecto del tren, entre otros temas.

El funcionario respondió que es necesario convertir al turismo en una política de Estado. Sobre la infraestructura indicó que en otros países se cobra entrada a los parques nacionales y lo recursos se emplean en proyectos de desarrollo. Indicó que ya hay planes de seguridad de protección a turistas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Montañita.

También se mostró de acuerdo con la implementación del inglés en los sitios de mayor afluencia turística. Señaló que el proyecto del tren continuará y que no habrá privatización, pero sí se buscará una alianza público privada.

Por último, remarcó que ahora han realizado especial énfasis en la policía turística y en el proceso de vacunación

 

Comisión de Relaciones Internacionales inicia estudio de proyecto de Ley para la Protección de la Libertad de Prensa

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana avocó conocimiento del proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación, que fue presentado por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio.

El objetivo principal de esta propuesta es garantizar, defender y promover el ejercicio de los derechos de la comunicación y la información; las libertades de opinión, de prensa y de expresión; y, fortalecer la participación ciudadana, la pluralidad, la diversidad y la interculturalidad.

En esta ocasión, la Comisión escuchó los argumentos de los legisladores Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio, quienes destacaron el proyecto de ley apunta a dejar en el pasado la censura mediática y cambiar el modelo actual, donde se priorice la ley de expresión y la libertad de información.

La asambleísta Marjorie Chávez explicó que el proyecto compila adecuadamente los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, se adecua al marco constitucional vigente e incluye la visión de varios actores sociales y ciudadanos, establece incentivos particulares para los medios comunitarios, no elimina el Consejo de Comunicación, sino lo reestructura, tampoco elimina la calumnia ni la injuria, las que son modificadas a tono con los estándares internacionales sobre la materia.

La propuesta legal apunta a tener un país diverso, construyendo un abanico de expresiones lingüísticas incluyendo todas las lenguas habladas en el Ecuador, afirmó.

El asambleísta Fernando Villavicencio destacó la importancia que los ciudadanos accedan a la información, a la vez que aseveró que el gran destinatario de esta ley es la ciudadanía.

Se instala Mesa de Concertación sobre Ley de Educación Intercultural

Este miércoles, 28 de julio, se instaló la Mesa de Concertación sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), con la presencia de representantes de la Asamblea, la Unión Nacional de Educadores y de la Defensoría del Pueblo. Este mecanismo de diálogo tiene como propósito alcanzar acuerdos que permitan levantar la huelga de hambre que mantiene un grupo de maestros en varias provincias del país.

La Mesa estuvo coordinada por la asambleísta María Isabel Enríquez, vocal de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, quien indicó que esta instancia busca arribar a entendimientos sobre la reforma a la LOEI, de manera que se pueda precautelar la salud de los docentes en huelga y obtener acuerdos que beneficien a las partes.

De su lado, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, subrayó que esta Mesa de Diálogo les da la esperanza de reparación y justicia para con los derechos, tanto de los estudiantes, cuanto de los maestros, al indicar que la reforma no tiene una incidencia exclusivamente en el ámbito económico, con la equiparación de sueldos para este sector, sino que además garantiza derechos para todos los actores de la educación.

Entre tanto, Marco Pacheco, delegado de la Defensoría del Pueblo, expresó que esta ley fortalece derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes y no solo para los maestros y maestras del país.

Los integrantes de la mesa mantendrán una nueva reunión de trabajo mañana, jueves 29 de julio, y aspiran estructurar una propuesta de solución que será anunciada al país el viernes.

 

Comisión de Soberanía y Ministra de Gobierno analizan el Plan de Seguridad Ciudadana

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presidida por el legislador Ramiro Narváez, mantuvo una sesión de trabajo con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, con el fin de analizar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, conforme lo resolvió el Pleno de la Legislatura

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, John Game, detalló los resultados y acciones que la Policía Nacional ha puesto en marcha. Allí explicó la propuesta para la Política de Seguridad Pública y Ciudadana, según la cual la visión futura del Plan Nacional de Desarrollo es contener y reducir los niveles de violencia en la sociedad y combatir, desorganizar y reducir la delincuencia organizada, mediante la mejora de los servicios de seguridad ciudadana, afectando las economías y rentas ilícitas y creando las condiciones para la transformación territorial.

También, se refirió a la presencia de los Comités de Seguridad Ciudadana Provinciales, como medios para resolver las principales problemáticas, a través del diseño y ejecución de estrategias de seguridad territorial a nivel de distritos, circuitos y subcircuitos y atender los problemas de la ciudadanía con acciones focalizadas y respuestas efectivas.

El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Ramiro Narváez, junto a varios asambleístas, expresó su preocupación ante los hechos violentos suscitados en las cárceles del Ecuador y la ola de inseguridad y violencia que se vive día a día en las diferentes provincias.

Frente a esa situación, los parlamentarios exhortaron a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, a tomar medidas que garanticen soluciones estructurales a largo plazo.

La ministra Alexandra Vela comentó que se está viviendo un fenómeno inédito, refiriéndose a la ola de violencia y a la crisis carcelaria. Este fenómeno tiene que ver con delitos como el narcotráfico y que no se expresa únicamente dentro de la cárcel, sino fuera de ella, afirmó.

Por último, expresó que por las razones expuestas es necesario desarrollar un trabajo conjunto para que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía.

 

Comisión conoce alcances del Protocolo en materia de Telecomunicaciones Móviles por Satélite

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que preside Juan Fernando Flores, recibió los puntos de vista de Patricia Alejandra Falconi, subsecretaria de Telecomunicaciones, en el marco del tratamiento del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite.

La funcionaria explicó que la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO) fue constituida en 1973. Luego, se realizan algunos cambios en 2001.

Indicó que este Protocolo asegura una cobertura global a los servicios satelitales y que, con ello, el país podrá postular proyectos de conectividad a favor de zonas de difícil acceso y que a través de esta organización será posible capacitar a más profesionales en el área de telecomunicaciones.

La Subsecretaria enfatizó que técnicos del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información han participado activamente en las reuniones convocadas por esta organización, a fin de conocer los alcances del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, que permitirá al país dar un salto importante en materia de comunicación a través de los servicios satelitales.

De su lado, Jéssica Castillo, vicepresidenta de la mesa de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, agradeció los aportes del Ministerio de Telecomunicaciones, los que serán considerados al momento de elaborar el informe sobre el pedido de aprobación de este instrumento internacional de gran trascendencia para el país.

 

Comisión trabaja en territorio y analiza con el Gobierno y Cámaras acciones para reactivación productiva

La Comisión de Desarrollo Económico realizó trabajo en territorio. En esta ocasión sesionó en la provincia de Tungurahua y recibió a Carlos Villacrés, delegado del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca quien explicó las estrategias empleadas por esta cartera de Estado a fin de impulsar la economía del país.

Dijo que el Ministerio se enfocó en tres actividades principales: conexión con actividad empresarial, reactivación económica y competitividad. Comentó que durante la pandemia en Ecuador se cerraron 22 mil empresas, lo que generó pérdidas por más de 15 mil millones de dólares.

Acciones concretas

Señaló que las acciones inmediatas adoptadas por el Gobierno ha sido el plan de vacunación, lo que permitirá la reactivación económica. También mencionó la firma del Decreto Ejecutivo 68, en el que se establece la simplificación de los trámites, se otorgan facilidades al comercio exterior, se recomienda al Ministerio de Producción para que establezca la Estrategia Nacional de Competitividad, se ha dado vida al Consejo de Emprendimiento e Innovación y se han eliminado 667 subpartidas.

Los legisladores interrogaron al representante de Gobierno sobre qué otras medidas se adoptarán para ser más competitivos a escala local e internacional, qué acciones se tomarán para ayudar al sector agrícola, cuyo problema constante es la comercialización, cuál es el plan de reactivación económica para Tungurahua. El funcionario indicó que hay un gran acercamiento con los sectores productivos lo que permite conocer sus necesidades y establecer estrategias para su reactivación.

Cámaras de producción

Diego Mosquera, representante de la Cámara de Comercio de Ambato, remarcó que los problemas económicos se generaron antes de la pandemia; sin embargo, con el arduo trabajo han logrado mantener sus negocios.

Destacó el plan de vacunación y la coordinación del Gobierno con el sector productivo. Dijo que solo así se puede impulsar la reactivación económica del país. Pidió que se hagan leyes para el desarrollo que beneficien a las empresas. Así mismo, pidió que la Legislatura trabaje en temáticas relacionadas con las microempresas y emprendimientos, pues estos son núcleos productivos generadores de empleo.

Gonzalo Callejas, presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua, solicitó que se analicen varias leyes, una de ellas la Ley de Economía Popular y Solidaria, pues no ofrece incentivos. La asambleísta Wilma Andrade dijo que esta ley será revisada y adaptada a las nuevas necesidades del país.

La legisladora Nathalie Arias dijo que es necesario reactivar la economía y, es preciso contar con créditos para dar respuesta a las zonas productivas del país.

 

Comisión de Educación revisa el proceso de selección de los miembros del Consejo de Educación Superior y del Caces

La Comisión de Educación continuó el proceso de análisis del concurso de méritos y oposición para la selección de los miembros del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), luego de escuchar las denuncias de algunos de los veedores que participaron en esta actividad.

Esta vez compareció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, junto al equipo técnico, para presentar la información sobre el concurso. Allí explicó que la Dirección Nacional de Procesos Electorales realizó la planificación, es decir elaboró el plan operativo, el cronograma, el presupuesto y la matriz de riesgo, mientras que la Comisión Técnica del CNE, con el apoyo de la Comisión Académica, ejecuta el proceso de selección.

La funcionaria detalló las bases del concurso, los requisitos de los postulantes, el proceso de verificación, la fase de impugnaciones y la veeduría ciudadana.

A su vez, la directora Nacional de Procesos Electorales, Lucy Pomboza, explicó el plan operativo, cronograma, requisitos académicos y demás acciones que se desarrollaron, de conformidad con el reglamento del concurso para la designación de los miembros del Caces y del Ces.

De su lado, Esteban Rosero, director de Organizaciones Políticas del CNE, informó que existieron 53 postulantes, de los cuales 48 asistieron a rendir la prueba, a la vez que aseveró que este proceso se realiza con veeduría ciudadana, pero que seis de los veedores han renunciado.

También relató el procedimiento para la elaboración y validación de las preguntas y como fueron seleccionadas para cada uno de los postulantes. Ninguna prueba podía ser igual entre quienes se presentaron a rendir el examen, afirmó.

El presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina, aseveró que el reglamento que norma el concurso debe sujetarse a la disposición del artículo 168 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que determina que no podrán participar las máximas autoridades académicas y administrativas de los organismos o instituciones objeto del control y regulación del sistema, salvo que hayan renunciado previamente a esos cargos, al tiempo que aseveró que la información del CNE será contrastada con los argumentos expuestos por varios de los veedores.

Las legisladoras Ana María Rafo y Ana Belén Cordero expresaron su preocupación porque entre los postulantes constan personas que tienen procesos legales y ocho de ellas con sentencia ejecutoriada, tema que debió tratarse en la etapa de validación e impugnación.

Ana Rafo aseguró que de acuerdo con las denuncias el reglamento para el concurso no fue debidamente socializado, no ha existido la suficiente transparencia en la entrega de la información por parte del CNE, pues de los ocho pedidos presentados solo se han atendido dos.

Ana Belén Cordero expresó que existe interés en la ciudadanía por conocer los detalles de este concurso, considerando que se escogerá a las autoridades que trabajarán por y para la educación, al tiempo que advirtió que se incumplió el reglamento, que entre otros aspectos obligaba a digitalizar la prueba y entregar una copia al postulante, pero que ese día el sistema falló, lo que a su criterio es preocupante, pues el incumplimiento del reglamento conllevaría la nulidad del proceso.

El legislador Diego Esparza, enfatizó que uno de los objetivos de los concursos de méritos y oposición es garantizar la probidad notoria, es decir honestidad, honradez y rectitud conocida por todos, pero que en este caso hay sentencias en firme en contra de algunos de los postulantes, lo que pone en duda y deslegitima el proceso de selección.

Por último, el presidente de la Comisión, Manuel Medina, anunció que se conformará una subcomisión que se encargará de avanzar en las investigaciones de este caso.

 

Comisión de Justicia inicia estudio de reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado
La Comisión de Justicia avocó conocimiento de las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa, mediante las cuales calificó los proyectos de reformas a la Ley de la Contraloría, presentados por los asambleístas Ángel Maita y Francisco Jiménez, considerando que cumplen las normas de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Las propuestas legales tienen como propósito superar los vacíos que tiene la ley y que han ocasionado los problemas que enfrenta la Contraloría, ante la censura al Contralor titular y la renuncia del subrogante.

El legislador Ángel Maita, proponente de uno de los proyectos, explicó que con ello busca fortalecer la eficacia de la institucionalidad de la Contraloría, para lo que crea el marco normativo que regula el ejercicio de funciones en circunstancias de imposibilidad del ejercicio del cargo del Contralor y ausencia del subcontralor.

Enfatizó que de esta manera se trata de garantizar que los ciudadanos tengan seguridad que los actos de la Contraloría se dictan por autoridad que ejerza el cargo con legitimidad y legalidad.

Para evitar arbitrariedades deben existir leyes que regulen la situación conforme el principio de plenitud en el ordenamiento jurídico, en caso de circunstancias específicas, como la imposibilidad del ejercicio del cargo de Contralor y ausencia del subcontralor. En la a actualidad hay ausencia de norma previa que regule las circunstancias y nos encontramos en una laguna normativa, advirtió.

Ángel Maita explicó que frente a ello propone una reforma al artículo 33 de la Ley Contraloría que determina que ante la ausencia del Contralor titular y la imposibilidad de ejercer el cargo el subcontralor el órgano nominador del Contralor deberá designar el encargo hasta la posesión de su titular, previo concurso público de oposición y méritos.

Otra propuesta

A su vez, el legislador Francisco Jiménez, proponente del otro proyecto, enfatizó que los problemas que enfrenta la Contraloría, que se iniciaron el 2 de julio de 2017 con la salida de Carlos Pólit, evidencian una falencia de orden jurídico, político e institucional, porque no solo involucra a este organismo, sino a otras instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana.

Enfatizó que frente a esta situación el país exige soluciones inmediatas. Luego del análisis detectamos que aparte de la situación política que derivó en la serie de renuncias y sanciones, la Ley Contraloría tiene serios vacíos en los artículos 31, 32 y 33 que generan inconvenientes.

Explicó que en su proyecto se fija con claridad las causales para el cese de funciones de Contralor, se fijan límites para la ausencia temporal y permite identificar en qué momento la ausencia temporal se vuelve definitiva y como se solventa una situación de esta naturaleza.

En el proyecto se determina qué se considera ausencia temporal, en cuyo caso le subrogará el subcontralor por un período establecido y de producirse la ausencia definitiva el Consejo de Participación Ciudadana designará al siguiente mejor puntuado en orden de prelación del mismo concurso público con el que se designó a la primera autoridad de la Contraloría, por el tiempo restante del período en curso.

Comisión de Justicia tratará proyecto de Ley de Repetición presentado por la Procuraduría
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, se reunió esta tarde con el fin de calificar varios proyectos de ley. En ese marco, calificó el proyecto de Ley Orgánica de Repetición, cuyo proponente es el procurador General del Estado, Íñigo Salvador.

El objetivo del proyecto es declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las y los servidores públicos, delegatarios, concesionarios y toda persona que actué en ejercicio de una potestad pública, cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales; en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos o en un laudo arbitral.

La iniciativa será enviada a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que, de ser el caso, lo unifique con los demás proyectos que se encuentren en conocimiento de la mesa y correspondan a la misma materia.

En otro tema, el CAL conoció la petición del legislador Eitel Zambrano de iniciar un proceso disciplinario en contra de la asambleísta Rosa Cerda. El ente legislativo decidió solicitar al asambleísta que complete la queja presentada en lo referente a “la motivación en la cual se describirá la falta leve, grave o muy grave en la que haya incurrido (…)”

Otros proyectos

El CAL además, calificó con siete votos el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública propuesto por el exasambleísta Jorge Corozo. El texto irá a la mesa de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, a fin de que inicie su trámite.

En otro orden, calificó el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de Audiencias de los Medios de Comunicación cuyo proponente es el exasambleísta Juan Cárdenas. Este será remitido a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.

El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, de la exasambleísta Soledad Buendía, no fue calificado.