INFORME NO VINCULANTE SOBRE VETO PARCIAL A LEY DE MOVILIDAD HUMANA ESTARÍA LISTO ESTE MIÉRCOLES
La Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, que preside el asambleísta Fernando Flores Vásquez, continuó con la sesión 127 del organismo parlamentario, a fin de seguir con el análisis y tratamiento de las objeciones presentadas por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, al proyecto de reformas a la ley de Movilidad Humana.

 

En la sesión pasada, la mesa avocó conocimiento de las 21 objeciones del Ejecutivo, de las cuales 19 se refieren a artículos del proyecto de reformas y dos a disposiciones del mismo. De esta manera, sobre la objeción XV, relativa la Ejecución de la Deportación, resolvieron allanarse al texto propuesto por el presidente de la República. Igual criterio mostraron sobre la objeción XVI, referida al Pasaporte Diplomático; objeción XVII, sobre la vigencia del Pasaporte; en la objeción XVIII, en lo relativo a la rectoría del Control Migratorio; y sobre las Faltas y Sanciones Migratorias, observadas en la objeción XIX.

En las dos observaciones a la disposición Décima Segunda y Décimo Tercera, los comisionados también establecieron allanarse a la propuesta remitida desde la Presidencia de la República.

Una vez revisados estos artículos, el presidente de la mesa de Relaciones Internacionales, Fernando Flores, indicó que sobre los artículos que no han logrado consenso en la mesa, tendrán pronunciamiento por parte de expertos en materia constitucional, a fin de evitar criterios contrarios a la Constitución.

Esta consulta se refiere a las objeciones VI, sobre la Duración de los beneficios para personas retornadas; V, sobre Vehículos Adquiridos en Ecuador; XII, en lo referente a las Causales de Inadmisión; y XIII, sobre las Causales de Deportación. Previo a la suspensión de la sesión, indicó que hasta el miércoles próximo estará listo el informe no vinculante que deberá ser procesado en el Pleno de la Asamblea Nacional y votado, previamente, en el seno de la mesa.

 

ASAMBLEÍSTAS PEDIRÁN EXPLICACIÓN AL MINISTRO DE SALUD SOBRE EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
En la continuación de la sesión virtual 121 de la Comisión de Derecho a la Salud, de manera unánime, (11 votos afirmativos) los legisladores resolvieron pedir la comparecencia, del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, a fin de que informe todo lo relacionado al proceso de vacunación contra el COVID-19.

Los asambleístas coinciden que es un tema urgente para el país por lo que necesitan respuestas, lo antes posible, y para aclarar las dudas que tiene la ciudadanía sobre el proceso de vacunación. El parlamentario Ángel Sinmaleza, quien mocionó el pedido, dijo que es importante conocer cuál es la forma en que el Estado va a abordar el proceso de vacunación en el país.

Los legisladores dieron sus puntos de vista. René Caza dijo les corresponde fiscalizar para que la ciudadanía tenga la certeza de que su derecho a la vacunación se encuentra garantizado con los recursos suficientes que se destinan para este fin, con una gestión eficiente, transparente, conveniente y oportuna de la vacuna.

En este marco, dijo es necesario conocer de manera oficial sobre el monto asignado para la campaña de vacunación y la disponibilidad del mismo, las casas farmacéuticas, la cantidad de vacunas adquiridas y el precio de cada una, el informe del cronograma de llegada de las vacunas su implementación en el país, y las acciones que se están realizando para alcanzar la universalidad de la vacuna.

Carlos Vera señaló que es un tema que causa dudas ante la ciudadanía, que no tiene respuesta claras de cuál va a ser el procedimiento, si la vacuna será eficaz, avances en la adquisición y la adquisición de muchas más.

Patricia Henríquez, tras coincidir que hay existen muchas inquietudes de la población, afirmó que hay que transparentar los temas, específicamente, en lo referente a valores, por lo que es importante que el ministro comparezca a la Comisión.

El presidente de la Comisión, William Garzón, insistió que es un tema que preocupa, sobre todo, por la confusión que tiene la ciudadanía. Dijo muchas personas consideran que la vacuna va a ser la solución al problema de la pandemia pero los expertos han dicho que la vacuna no evita la enfermedad, inclusive la seguirán transmitiendo y lo que hace es minimizar o atenuar la sintomatología.

Adelantó que han solicitado de forma escrita al Ministerio de Salud, respuesta a varias de las inquietudes que se han planteado hoy, sobre el tema.

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN PROFUNDIZA ANÁLISIS DE REFORMA A LA LEY DE CULTURA
Con la participación de la concejala Luz Elena Coloma y representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), la Comisión de Educación, presidida por la asambleísta Jeannine Cruz, en la sesión 071, continuó el análisis del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Cultura, de iniciativa del legislador Fabricio Villamar.

Luz Elena Coloma, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, expuso que la reforma se enfoca en la necesidad de permitir la venta de bienes inmuebles patrimoniales públicos con un grado de protección no absoluta, para fines específicos: vivienda, turismo y educación, lo que facilitaría el cuidado, mantenimiento y protección de los mismos.

Además, esto conllevaría a que el centro histórico recobre su espacio de activación social, económica y comercial, a través de la presencia de gente. Expuso que en el centro histórico existen 5299 edificaciones; de estas, 287 edificaciones son de propiedad pública; la tendencia poblacional decreciente está en -2,20 % anual, lo que significa que actualmente habitan 40 mil ciudadanos, cuando antes vivían 60 mil personas, según el censo de 2001.

El municipio capitalino mantiene varias casas en el centro histórico, algunas que las había expropiado en función de rehabilitarlas y venderlas a vecinos del lugar con prioridad. Sin embargo, la Ley cierra esta posibilidad, por lo que es fundamental definir las excepciones al patrimonio cultural inmueble, tomando en cuenta los grados de protección, para cuyo efecto se requiere un criterio técnico del Ministerio rector y del Instituto de Patrimonio Cultural.

Mencionó que no existirá gestión de las edificaciones abandonadas en el centro histórico de Quito de propiedad pública, hasta que no hayan recursos para su mantenimiento. Con el fin de precautelar el patrimonio que el Estado no puede intervenir, por falta incluso de recursos, debería permitirse la venta de algunos de estos inmuebles, dijo, al insistir que el proyecto solucionaría la problemática que afecta a muchos municipios del país que tienen un rico patrimonio cultural, como Loja y Riobamba.

AME

En tanto, Jaime Morán y Karín Jaramillo, representantes de la AME, expresaron que la Constitución y el Cootad determinan las responsabilidades y competencias de los gobiernos autónomos municipales en materia de conservación, preservación, cuidado y mantenimiento del patrimonio cultural, arquitectónico y natural en los territorios.

Propusieron que los bienes inmuebles del patrimonio cultural nacional de dominio privado, podrán ser vendidos observando lo previsto en el Art. 436 del Cootad, siempre que exista una propuesta de proyecto que tenga como fin la protección del inmueble, o que garantice su habitabilidad o el uso apropiado y compatible con el objeto de la declaratoria. Para tal objetivo, el Instituto de Patrimonio Cultural emitirá las recomendaciones para la conservación, respecto del uso compatible que se dará al bien.