Consejo de Comunicación defendió propuesta de Ley de Libertad de Expresión
Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, defendió el proyecto de Ley de Libertad de Expresión, auspiciado por el Ejecutivo, como parte del trámite previo al primer debate, que desarrolla la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que preside Juan Fernando Flores.
La funcionaria explicó que la propuesta tiene tres ejes fundamentales: reforzamiento de la normativa internacional en materia de libertad de expresión; la autorregulación, entendida como el compromiso de los periodistas y de los medios de contar con códigos deontológicos apegados al principio de responsabilidad ulterior; y, la eliminación del Consejo de Comunicación.
Aseguró que la iniciativa del Presidente de la República recoge taxativamente disposiciones de instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el ejercicio pleno de la libertad de expresión por parte de los comunicadores y de los ciudadanos.
Sobre la autorregulación, justificó incluir este principio en la ley, porque se trata de un mecanismo que permite ejercer el derecho a la libertad de expresión, sobre la base de normas deontológicas establecidas por los medios de comunicación, sin ningún tipo de censura previa. La responsabilidad ulterior permitirá, por un lado, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y, por otro, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Respecto de la eliminación del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz dijo que sí es posible, por cuanto el mandato popular de dictar una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores, ya se cumplió en 2011 y en la reforma de 2019.
Así mismo, aseveró que la libertad de expresión debe ser entendida como un derecho de doble condición, es decir, es individual y también colectivo, pues su respeto irrestricto garantiza la vigencia de la democracia.
El titular de la mesa, Juan Fernando Flores, tras agradecer los criterios expuestos por la Presidenta del Consejo de Comunicación, anticipó que continuarán con un ciclo de comparecencias para conocer los puntos de vista de diversos sectores, en torno al proyecto de Ley de Libertad de Expresión, de iniciativa del Ejecutivo.
Tras escuchar a expertos, Fiscalización continuará investigación del caso Perenco
La Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, tras escuchar la ponencia de cinco expertos en materia económica, de tratados de protección recíproca de inversiones y procesos arbitrales, en torno al arbitraje seguido por la petrolera Perenco en contra de Estado ecuatoriano, que concluyó con la condena al Ecuador al pago de 435 millones de dólares, el organismo anunció que continuará la investigación de este caso, que ha generado perjuicios al país.
En la sesión de este miércoles, 14 de julio, Pedro Páez Pérez, investigador y exsuperintendente de Control del Poder de Mercado, subrayó que el laudo arbitral en favor de la petrolera francesa Perenco es solo la punta del iceberg en un proceso que pone en riesgo la sustentabilidad económica del país, por el alto impacto que genera la condena al pago de una millonaria indemnización.
De su lado, el abogado en libre ejercicio, Édgar Neira Orellana, indicó que es necesario sacar importantes lecciones del proceso arbitral seguido por Perenco contra el Estado ecuatoriano, lo cual implica actuar con responsabilidad y con apego a la ley en el manejo de las relaciones económicas con las empresas, nacionales o extranjeras, que invierten en el país. “Con la Ley 42 se actuó con un criterio eminentemente político para meterle la mano al bolsillo de determinadas empresas petroleras, para hacerse con mayores recursos”, añadió.
Mientras, Christian Pino Garrido, experto en tratados de protección recíproca de inversiones, aseguró que los Tratados sobre esta materia tienen como objetivo extraer de la jurisdicción del propio Estado a las demandas sobre controversias relativas a inversiones, lo cual brinda a las empresas transnacionales un régimen jurídico paralelo y deja al país en una suerte de indefensión. En este sentido, los árbitros -generalmente- actúan a favor de las empresas y los grandes capitales, agregó.
Hugo García Larriva, experto en arbitraje, consideró que ni los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, ni los arbitrajes son buenos ni malos, per se, pues estos instrumentos buscan fomentar una inversión responsable y, en esa medida, cualquier inobservancia de las cláusulas de esos convenios genera una responsabilidad, que debe ser resuelta en los términos que prevé el mismo convenio.
En el caso del exministro de Economía, Diego Borja, su ponencia estuvo orientada a defender la validez de la Ley 42, que fue aprobada por Asamblea Nacional, con los votos de varios partidos políticos, quienes reivindicaron, en todo momento, el derecho del país a ejercer su soberanía y determinar las reglas para la distribución de los excedentes provenientes de la venta de petróleo por encima del valor promedio establecido en los contratos.
Tras escuchar a expertos, Fiscalización continuará investigación del caso Perenco
Piden acciones para evitar desgracias mayores en zona de exclusión minera en Zaruma
En la Comisión de Biodiversidad comparecieron autoridades de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y del Ministerio de Energía, quienes informaron las acciones que se tomaron ante el nuevo socavón que se produjo en la zona de exclusión minera de Zaruma, provincia de El Oro.
Los parlamentarios señalaron que no hay claridad en el tema, solo expectativas, sin acciones firmes para dar solución a un problema permanente que pone en peligro a los zarumeños por efecto de la minería ilegal, que provoca hundimientos en el sector.
Jaime Cepeda, director ejecutivo de ARCERNNR, señaló que la zona de exclusión minera tiene 177,73 hectáreas. En el 2020 se realizaron 30 inspecciones y cuatro operativos que dieron como resultado 150 bultos de material mineral decomisado; en el 2021 se efectuaron 37 inspecciones y 8 operativos que permitieron decomisar 56 bultos de material mineral, mismos que se encuentran en custodia de la Policía Judicial. Pese a la serie de controles, continúa la minería ilegal, agregó.
Informó que el pasado 1 de julio se realizó una reunión con la Secretaría de Gestión de Riesgo, el Ministerio de Energía, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zaruma, la Gobernación de El Oro y la Policía Nacional, donde se estableció que no es posible determinar la causa del hundimiento sin antes realizar los estudios correspondientes a las actividades contiguas. Dijo que puede relacionarse a labores mineras o a procesos superficiales de la ladera.
Indicó que debido al nuevo hundimiento se planificaron inspecciones colindantes a la zona de exclusión; se exhortó al CECMI para que establezca los mecanismos idóneos para el control y erradicación de las actividades de minería ilegal en todo el territorio nacional. Dijo que el tema es complejo porque no cuentan con personal para este fin. Una vez que se cuente con el personal necesario se realizará una reestructuración administrativa para fortalecer la coordinación técnica de regulación y control minero y las unidades descentralizadas a nivel nacional.
Actualmente, gestionan la asignación de recursos para el proyecto de Seguimiento, Control y Evaluación de labores mineras en el distrito Zaruma. Mencionó que el catastro minero se encuentra cerrado desde 2018 y que a partir de ese año la Agencia no registra actos administrativos respecto al otorgamiento de nuevos títulos mineros.
Por su parte, Christian Torres, Secretario de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), indicó que en la evaluación del 2 de julio de 2021, no hubo afectaciones directas. Expresó que se debe buscar una unificación a corto y largo plazo para la exposición que genera la actividad minera. Informó que ha mantenido varias reuniones con autoridades para determinar un presupuesto para estos casos.
De su lado, Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, recordó que el catastro minero es el sistema en el cual se registra y administra información de los derechos mineros otorgados por el Estado para la ejecución de actividades mineras. Señaló que el cierre del catastro tiene como objetivo depurar y consolidar un sistema informático que permita tener información actualizada y transparente de los derechos mineros.
Indicó que hace falta el fortalecimiento institucional del sector minero para evitar demoras en los procesos de otorgamiento. Dio a conocer que se buscó un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer el Sistema Integral de Gestión de la Información Minera. Además, se elaboró el instructivo que establece el proceso administrativo para el otorgamiento, administración y extinción de derecho para ejecución de actividades de minería artesanal y de sustento de minerales metálicos y no metálicos a nivel nacional.
Al ser consultado sobre la política hidrocarburífera, mencionó que el 7 de julio de 2021 se firmó el decreto por el cual se expide la nueva política hidrocarburífera con 4 ejes de acción: reformas a la Ley de Hidrocarburos sobre el modelo de participación; atracción de inversiones mediante la delegación a la iniciativa privada para la operación de campos, eficiencia en la empresa pública con auditorías al proceso de fusión de las petroleras estatales; y, transparencia de los procesos de selección de gerentes con firma especializada, revisión y diagnóstico de procesos de comercialización de petróleo de los últimos 10 años.
Señaló que la nueva política se alinea con los objetivos de desarrollo de sostenibilidad que promueve el Gobierno para realizar actividades hidrocarburíferas, económicamente rentables, ambientalmente responsables y socialmente sostenibles.
La legisladora Johanna Moreira, quien solicitó la comparecencia de las autoridades, dijo que no es posible que luego de 14 días no haya un estudio claro de las personas afectadas por este nuevo hundimiento.
Afirmó que la minería ilegal es un tema recurrente de años, sin que se dé una respuesta contundente. Si bien existen reuniones permanentes de las instituciones involucradas, no hay soluciones efectivas, pues a pesar de las regulaciones continúa la minería ilegal, delito que se encuentra penado en el Código Integral Penal.
El parlamentario Juan Cristóbal LLoret dijo que se han dictado varios acuerdos, pero que no se concretan. Sugirió al Ministerio de Energía realizar auditorías al catastro minero, porque debe haber responsabilidad administrativa, a fin de remediar los hundimientos que se producen en Zaruma.
Comisión de Gobiernos Autónomos avanza en el análisis de las reformas al Cootad
La Comisión de Gobierno Autónomos, presidida por el legislador Celestino Chumpi, escuchó a la viceprefecta de Los Ríos, Jhoa Chong-Qui Cedeño, quien fundamentó su proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Allí argumentó que el cuerpo normativo tiene un vacío en cuanto a las funciones y competencias de la segunda autoridad de los consejos provinciales, pues en la a actualidad solo cumplen las acciones que delegan los prefectos.
La Viceprefecta sugirió reformar el artículo 51 del Cootad para definir las competencias y presupuesto para el desarrollo de programas y proyectos por parte de la segunda autoridad de los consejos provinciales.
Jhoan Chong-Qui explicó que de acuerdo con su propuesta los consejos provinciales conocerán en la primera sesión luego de la instalación, las funciones de los viceprefectos, a fin de que las competencias no queden a discreción del Prefecto, como determina actualmente el Cootad, lo que constituye una limitante en la gestión de estas autoridades.
Igualmente, sostuvo que la asignación de competencias debe ir acompañada del presupuesto para el desarrollo de programas y proyectos por parte de los viceprefectos.
El legislador Marlon Cadena sugirió incorporar la propuesta de la Viceprefecta de Los Ríos en las reformas al Cootad que analiza la Comisión, siempre pensando en fortalecer la gobernabilidad de los GAD sean provinciales, municipales o parroquiales.
El asambleísta Lenin Barreto compartió la necesidad de definir las atribuciones de cada una de las autoridades de los gobiernos locales, que es una preocupación no solo de los viceprefectos, sino también de los vicealcaldes, razón por la que sugiere determinar las competencias en la ley.
A su vez, el presidente de la mesa, Celestino Chumpi, tras señalar que la comisión está abierta a escuchar las sugerencias y peticiones de los diversos sectores en la construcción de las leyes, solicitó a Jhoan Chong-Qui que remita la propuesta por escrito con las justificaciones y argumentos legales, para que sea considerada en la reforma integral al Cootad.
En otro orden, la Comisión de Gobiernos Autónomos continuó el análisis de las observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, así como el cronograma para la preparación del informe para segundo debate.
Comisión avocó conocimiento de proyecto que incluye al voluntariado como condición de medida de acción afirmativa
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, que incluye al voluntariado como condición de medida de acción afirmativa.
La propuesta, presentada en el año 2014, está orientada a que el voluntariado sea reconocido dentro de los criterios de calificación para las postulaciones que provengan de las organizaciones y de la ciudadanía para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como también se tome en cuenta la condición del postulante de haber desarrollado actividades de voluntariado debidamente comprobadas, para asignar puntos por acción afirmativa, de conformidad con el artículo 27 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana.
Para el análisis de esta propuesta, la mesa legislativa, previamente solicitó el criterio de asesoría jurídica de la Asamblea Nacional, para tomar una decisión sobre este y otros proyectos que reposan de anteriores administraciones.
En este marco, los parlamentarios resolvieron realizar el debido proceso de este proyecto, a fin de elaborar el informe para primer debate, en el cual se solicitará al Pleno de la Legislatura el archivo, en virtud de que existen cambios a la normativa y actualmente los postulantes ya no entran a concurso de méritos y oposición, sino que son nombrados en elección popular, razón por la cual ya no cabe la reforma planteada.
Asambleísta por un día
En la Comisión participó como “Asambleísta por un Día”, Gerardo Toledo, estudiante del Instituto Superior Tecnológico de Guayaquil, quien agradeció a los asambleístas el permitir que un ciudadano intervenga con voz en las sesiones. Dijo que esta es una forma de transparentar el accionar no solo de los legisladores respecto del tratamiento de proyectos de ley, sino que evidencia la apertura que tiene el Parlamento para escuchar a la juventud, promoviendo mecanismos de participación ciudadana.
Los asambleístas, Ferdinan Álvarez, Nathalie Viteri, Ricardo Ulcuango, Rosa Mayorga y José Chávez destacaron la importancia que la sociedad participe activamente en el trabajo que desarrolla la Legislatura en la construcción de leyes.
Trabajadores de la seguridad privada solicitan ser considerados dentro de la política pública
La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social escuchó las demandas laborales de los trabajadores de la seguridad privada y de los obreros del Gobierno Provincial de Sucumbíos. Además reconoció a Isabela Ponce Ycaza por el éxito alcanzado en la Trigésimo Octava Edición del Premio Ortega y Gasset, auspiciado por el Diario El País de España, por su reportaje “Las mujeres que ganaron al desierto”.
Diego Arroyo, síndico de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada (FENASPE), aseguró que la seguridad privada y sus trabajadores han sido sistemáticamente olvidados y excluidos de la política pública. Además, planteó que los guardias privados tengan un capítulo especial dentro del Código de Trabajo.
Pidió la comparecencia de las máximas autoridades que regulan y controlan los servicios de seguridad privada, como la Directora del Sercop, Ministros de Trabajo, de Gobierno y de Finanzas para que expliquen sobre la autorización de las subastas de servicio de seguridad privada; acciones para el control y cumplimiento de las obligaciones laborales en las compañías de seguridad privada; mecanismos de regulación y control; y, los atrasos en los pagos.
Explicó que actualmente son más 190 mil guardias privados, 120 mil trabajadores de la seguridad privada y 1.600 compañías con 69 centros de formación, siendo el Estado el principal cliente.
Obreros Sucumbíos
Los dirigentes del Sindicato Único de Obreros del Gobierno Provincial de Sucumbíos expusieron el incumplimiento de sus derechos laborales. Edwin Vásconez, síndico de la organización, relató el proceso de un supuesto conflicto colectivo y aseguró que se está violando la ley al evitar el cumplimiento del pago a más de 360 trabajadores que laboraron y laboran en el Consejo Provincial de Sucumbíos.
El secretario General del Sindicato, Paulo Morales propuso convocar al Ministro de Trabajo y a las autoridades del Consejo Provincial para expliquen porqué se incumplen los derechos laborales.
La asambleísta Johana Ortiz expresó que la Comisión debe llamar a las autoridades competentes y hacer un proceso de fiscalización. De su lado Marcela Holguín reiteró la necesidad de exigir respeto a los derechos laborales. Planteó conformar una mesa técnica de trabajo que evidencie sus necesidades y busque soluciones.
La presidenta de la Comisión, Rina Campain, manifestó que están conscientes del riesgo y el esfuerzo de los trabajadores de la seguridad privada, por lo que pedirán explicación sobre la falta de atención al sector. Informó que trabajarán en un informe técnico de las dos organizaciones para buscar solución a sus demandas.
Reconocimiento
Previamente, a través de un Acuerdo Legislativo, la Comisión exaltó el trabajo de Isabela Ponce Ycaza, fundadora y editora del medio de comunicación GK, galardonada a la mejor investigación periodística que distingue la narrativa sobre el esfuerzo cotidiano de mujeres que impulsan proceso de cambio en un entorno desfavorable.
Los legisladores resaltaron el trabajo periodístico de investigación de Isabela Ponce que acoge la lucha constante de valiosas protagonistas para cultivar la tierra en la zona semidesértica de Jubones, al sur del país.
Isabela Ponce Ycaza subrayó que lo importante es que en su trabajo, que mereció el Premio de Periodismo Ortega y Gasset 2021, el más prestigioso de España permitió que el mundo conozca la realidad de las mujeres del campo y de la ruralidad.
Comisión solicitará que Copinna regrese a la mesa para adaptarlo a la nueva realidad
La presidenta de la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Pierina Correa, dio a conocer a los legisladores de la mesa los puntos que abordará mañana en la continuación de la sesión No. 697 del Pleno, donde se tratará el Código de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes (Copinna).
Una vez que concluyó el segundo debate, el pasado 1 de abril, estaba previsto que la normativa entre a votación. Sin embargo, la Comisión solicitará que el proyecto regrese a la mesa. Según la legisladora Correa la normativa ahora lo tratará una Comisión Especializada Permanente con nuevos asambleístas, además, hay varios factores internos y externos que le dan una nueva condición al Copinna.
Así mismo, dijo que hay condicionantes que debe contemplar el Código en la nueva realidad dada por la pandemia del Covid 19, como deserción escolar, procesos migratorios, abuso intrafamiliar, trabajo y mendicidad infantil, orfandad por Covid, depresión, limitado acceso al sistema de salud y desnutrición.
En otro aspecto, manifestó que se identificaron algunos nudos críticos, entre ellos, regresividad de derechos, contradicciones con la Constitución y otras normativas, con tratados internacionales y omisión de recomendaciones de organismos especializados en niñez y adolescencia.
Señaló que es necesario que el Copinna sea devuelto a la Comisión, con el fin de incorporar nuevos elementos y consideraciones que permitan entregar al país un código robustecido que atienda y responda a las necesidades y garantice el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Trabajo en territorio
En la sesión, los asambleístas explicaron las gestiones que realizan en territorio. La legisladora Amada Ortiz hizo un recuento de las actividades que realizó en Santo Domingo e Imbabura. Por ejemplo, indicó que en La Concordia junto con su equipo realizaron mesas de trabajo con la Vicealcaldesa, Directora Distrital del MIES, Defensor del Pueblo, sobre temas de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La asambleísta Vanessa Freire sostuvo que una vez que el Copinna sea devuelto a la Comisión, su equipo de trabajo tiene previsto reunirse el 30 de julio con autoridades de Los Ríos, entre ellos, Gobernador, Prefecto, Alcalde, Fiscal Provincial, Director Zonal del MIES, Delegado de las Juntas Cantonales, entre otras. Antes de la cita se entregará el Primer Cuerpo del Código, para que en las mesas de trabajo se hagan sugerencias y observaciones. Esta propuesta será replicada, luego de 15 días en Azuay y Orellana.
El parlamentario Eriberto Llamuca señaló que lo importante es garantizar los recursos económicos para la aplicación del Código, caso contrario sería letra muerta. Dijo que visitó los barrios El Fortín, Balerio Estacio, Bastión Popular, Pascuales, Las Orquídeas, entre otros, y la preocupación de las familias gira entorno a que niños, niñas y adolescentes, debido a la pobreza y falta de oportunidades, se convierten en blanco fácil para ganar dinero por la venta de droga, robo y sicariato.
Actividades de la Presidencia
En otro aspecto, la presidenta de la Comisión, Pierina Correa, detalló las actividades realizadas durante la semana. En ese marco, comentó sobre la reunión que mantuvo con el asambleísta Washington Varela, coordinador del grupo de legisladores independientes, a quien le presentó la gestión que realiza respecto al Código de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes.
Igualmente, dijo que en Santa Elena, junto con el asambleísta Lenin Mera, mantuvo una reunión con niños y jóvenes de los Consejos Consultivos de Salinas, Libertad y Santa Elena. Ahí se trabajó en mesas de diálogo sobre diversas temáticas relacionadas con educación, acceso a internet, limitación de educadores de acceso a internet, falta de empleo de padres, entre otros.
Una nueva cita se produjo en el cantón Paján con representantes de varios sectores. Ahí dio a conocer el trabajo de la Comisión para recabar información y sugerencias respecto al Código. “Me reuní con representantes de derechos humanos para reforzar el cuidado de niños, niñas y adolescentes”, mencionó.
Comisión ratifica el compromiso de trabajar por una educación superior de calidad
Las denuncias de supuestas irregularidades en la aplicación del examen de habilitación para el ejercicio profesional en las carreras de Medicina, Odontología y Enfemería fue materia de análisis en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales con la presencia del presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), Juan Manuel García.
El presidente de la Comisión, Manuel Medina, explicó que el funcionario fue invitado para contrastar la información que presentaron los profesionales de las tres carreras que se sometieron a la prueba de evaluación.
Aclaró que en ningún momento se ha planteado elminar el examen de habilitación, pues mantienen el compromiso de trabajar para asegurar la calidad de la educación superior, a la vez que subrayó que se requieren medidas para superar los problemas que se han presentado.
El Presidente del Caces aseveró que trabajan para mejorar la calidad, por ejemplo en la acreditación de los docentes universitarios para dictar la cátedra y la elaboración del Reglamento de acreditacion de programas internacionales de posgrado, para que los estudiantes puedan validar sus estudios en el exterior y que las universidades tengan estándares más altos.
Advirtió que es falso que se haya filtrado la prueba como sostuvo un grupo de profesionales evaluados. Enfatizó que el tema fue materia de una auditoría por parte de la Escuela Politécnica Nacional que concluyó que no hubo filtración de ningún documento.
Explicó que la prueba no evalúa capacidades, sino competencias y que las preguntas, que no son de conocimientos, sino casos clínicos, no son elaboradas por el Caces, sino por profesores de las tres carreras universitarias seleccionados luego de un taller, luego evaluadas por otro grupo de docentes y finalmente se someten a veeduría de observadores internacionales de Chile, Paraguay y México, entre otros países.
Así mismo, aseveró que desde 2014 en que se inició la evaluación el número de profesionales aprobados ha ido en aumento, con excepción del año 2020 que llegó al 47.86%, al tiempo que manifestó que la prueba debe ser exigente, porque está de por medio uno de los principales derechos, como es el derecho a la vida de las personas.
Anunció que los resutados de la última prueba se conocerán e 31 de julio del presente, a la vez que afirmó que es falso que haya reprobado el 80 % de los evaluados.
PV
Comisión de Justicia revisa actuación del Consejo de Participación frente a situación de la Contraloría
La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, compareció ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con el fin de explicar las actuaciones frente a la situación que vive la Contraloría General del Estado.
El legislador José Chimbo solicitó al comparecencia de la funcionaria para que explique el fundamento legal y constitucional que tuvo el Consejo para solicitar, con fecha 23 de junio de 2021) a Pablo Celi de la Torre que dé un paso al costado y presente su renuncia.
Al respecto, Sofía Almeida reiteró que se vieron impedidos de iniciar el concurso para la selección y designación de Contralor, en razón de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ratificó a Pablo Celi hasta que concluya el período para el que fue elegido el Titular, es decir hasta marzo de 2022, decisión que fue “blindada” luego por la Corte Constitucional.
Explicó que el Procurador del Estado emitió un criterio vinculante en el sentido que el Consejo de Participación no tiene atribución para encargar la función de Contralor, ante lo cual los consejeros sugirieron como alternativa interpretar el artículo 33 de la Ley de la Contraloría para encargar a un profesional idóneo mientras se realiza el concurso de oposición y méritos que demoraría entre seis y ocho meses.
Señaló que consideraron oportuno pedir a Celi que presente su renuncia en razón de que se encunta privado de la libertad y enfrenta denuncias de corrupción, con el propósito de “salvar la institucionalidad del país”, subsanar conflcitos en el ámbito jurídico y moral y pemitir que los servidores de la Contraloría cumplan sus labores sin temor de verse cuestionados.
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, tras señalar que las inquietudes expuestas reflejan el sentir de la ciudadanía, afirmó que le preocupa que el Consejo de Participación demore hasta 8 meses en el concurso para la selección y designación de Contralor General del Estado.
Los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo enfatizaron que la Constitción establece con claridad las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, que no está facultado para exhortar a nadie. Ellos tienen la obligación de convocar a concursos y nombrar a las autoridades de varias instituciones, afirmaron.
La Costitución no les faculta exigir la renuncia, eso es atentar contra un derecho constitucional, subrayó Ricardo Vanegas.
Asambleístas piden estado de excepción para Chunchi
Ante la inminente amenaza, exposición y afectación producida por continuos deslizamientos, agrietamientos y represamiento de los ríos que cursan en los sectores de La Armenia y Kullpa, el Pleno de la Asamblea exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, declarar Estado de excepción en el cantón Chunchi.
Los legisladores consideraron que el riesgo es permanente y que ha sido insuficiente el estado de emergencia declarado, por la falta de recursos económicos para ejecutar el plan de contingencia y proteger a la población de las zonas afectadas.
Patricia Núñez, proponente de la resolución, narró la grave situación de riesgo que enfrenta el cantón Chunchi, donde viven más de 20 mil personas, Explicó que el propósito es prevenir de manera urgente el riesgo, mitigar desastres, reducir vulnerabilidades y establecer un camino para la recuperación de la población y medios de vida impactados por los constantes eventos peligrosos.
Se refirió a varios deslizamientos que cobraron la vida de personas, destruyeron vivienda, causaron daños en el sistema de agua y en la vía férrea. Detalló que el sector refleja un alto nivel de amenazas y que no es posible que se sigan enterrando los sueños de miles de personas.
Comisión General
Walter Narváez, alcalde de Chunchi, tras detallar la situación emergente del cantón, solicitó el apoyo para solucionar los diferentes problemas y proteger la integridad ciudadana de la localidad. Dijo que se requiere un sistema de alerta temprana, plan de estabilización de los taludes, mejoramiento vial de la carpeta asfáltica, construcción de puentes, tecnificación de los sistemas de riego y otras acciones.
Sostuvo que en medio de una pandemia enfrentaron la caída de ceniza volcánica y un mega asentimiento, pues 30 millones de metros cúbicos arrasaron 145 hectáreas de tierras en donde perdieron alrededor de 718 animales, que representan el sustento diario de los pobladores.
Causa justa
Los asambleístas hablaron de la situación difícil que atraviesa la zona constantemente impactada por eventos de la naturaleza, lo que deja múltiples afectaciones que tienen un impacto en la economía, por lo que pidieron atención urgente por parte del Gobierno Nacional para evitar daños mayores.
El legislador Jhon Vinueza mencionó que Chunchi podría hundirse si no se toman medidas urgentes y describió las consecuencias de los deslizamientos. Rafael Lucero afirmó que uno de los deslizamientos de tierra arrasó viviendas, sembríos y animales en el cantón. Indicó que es necesaria la unión de todos para auxiliar a ese cantón.
Jessica Castillo expuso que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ofrece un entorno de igualdad y respeto debe se la línea de actuación de todas las personas. De su lado Mariano Curicama explicó que la condición topográfica de Chunchi le convierte en una zona susceptible a deslizamientos.
Soledad Diab reiteró la importancia de trabajar en prevención y políticas de resiliencia, criterio que fue compartido por Pierina Correa, a fin de cuidar la integridad de la ciudadanía de Chunchi.
Salvador Quishpe reflexionó por qué en el país existen sectores que durante años demandan atención a sus derechos, a la vez que sugirió revisar los contratos con las telefónicas, “que dejan utilidades por aproximadamente 900 millones de dólares anuales” para atender las necesidades de la gente.
Entre tanto Diego Ordóñez pidió tomar en cuenta varios elementos que conlleva declarar el estado de excepción, mientras que Fernando Villavicencio enfatizó que se debe atender esta emergencia de manera inmediata para tranquilidad de la ciudadanía.
Asamblea exhorta al Presidente cancelar el incentivo económico a los maestros jubilados
La Asamblea Nacional exhortó al Presidente de la República que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas cumpla el pago de los valores pendientes por concepto de incentivos jubilares, adeudados a los maestros jubilados desde el año 2008; y, a la Ministra de Educación, la validación de expedientes que les permita acceder a dicho incentivo.
Así mismo, exhortó al Ministro de Trabajo a que dé seguimiento del proceso de pago de los valores adeudados y validación de expedientes de los maestros jubilados, con la finalidad de garantizar pagos ágiles y oportunos, en garantía de sus derechos constitucionales.
Igualmente, a los titulares de esas Carteras de Estado que presenten un informe de ejecución a las Comisiones de Educación y del Derecho al Trabajado.
La proponente del proyecto, Lucía Placencia, señaló que los jubilados reclaman el pago urgente del incentivo económico, que es un derecho que por ley les corresponde. Son 13 años de incumplimientos a más de 15 mil maestros. A unos se les ha pagado una parte y a otros no por la falta de validación de sus expedientes, dijo.
Advirtió que se no cumple el cronograma de pagos, pese a la suscripción de actas de compromiso en los años 2019 y 2020. Recordó que Ecuador es un país constitucional de derechos y justicia, que debe ser el marco normativo para cumplir las obligaciones de parte del Estado.
Debate
Los parlamentarios respaldaron la propuesta argumentando que se busca hacer justicia a los maestros, quienes reclaman un derecho. Advirtieron que varios maestros han fallecido sin recibir el incentivo jubilar. No se puede permitir que continúe este trato inhumano, de allí la importancia de que los ministerios hagan realidad el pago, precisaron.
En el debate se indicó que el Estado adeuda 751 millones de dólares por concepto de incentivo jubilar a más de 15 mil maestros, razón por la cual es necesario buscar una solución a esta problemática.
En esta oportunidad intervinieron los asambleístas Carlos Zambrano, Pedro Velasco, Yessenia Guamaní, Luis Almeida, Fredy Rojas, Manuel Medina, María José Plaza, Patricia Mendoza, Isabel Enríquez, María Fernanda Astudillo, Rocío Guanoluisa y Ricardo Vanegas.