Asamblea ratifica Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia
El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. El informe fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana
El presidente de la mesa, Juan Fernando Flores, indicó que la Convención guarda armonía y tiene concordancia con la Constitución. Además, dijo que este instrumento internacional tiene elementos fundamentales como respeto a la igualdad y no discriminación, tanto en el ámbito público como privado, compromiso de los Estados parte para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todo acto de discriminación.
Señaló que los Estados deben reconocer la diversidad de todos los sectores que forman parte de la sociedad. Apuntó que la normativa pretende reforzar los derechos y garantizar la dignidad de los ecuatorianos que viven en territorio nacional y en el extranjero.
Remarcó además que el instrumento internacional tiene como finalidad reforzar la protección de los derechos humanos, la dignidad, igualdad y no discriminación. La convención define las categorías que constituyen actos discriminatorios e intolerantes y la determinación de compromisos que deben asumir los Estados partes, en materia de políticas públicas, actos legislativos, investigación y cooperación internacional tendiente a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia.
De acuerdo con el análisis elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales, la Convención implica un desarrollo progresivo de los derechos humanos y refuerza su protección; así también se corresponde con las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador y su compromiso en el respeto y protección de los derechos fundamentales.
La mesa, además, concluyó que la Convención prevé la creación de un Comité Interamericano para la prevención y eliminación del racismo, la discriminación racial y todas las formas de discriminación e intolerancia, que promoverá la integración de las Américas en pro de la defensa de los derechos humanos.
Dijo también que la Convención fortalece al Sistema Interamericano de Protección de Derechos por cuanto reconoce expresamente categorías discriminatorias vinculadas con expresión e identidad de género, situación migratoria e investigaciones sobre el genoma humano, no contenidas en otros instrumentos internacionales.
Debate
La asambleísta Nathalie Viteri sostuvo que en la Convención los Estados partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas.
La legisladora Paola Cabezas reflexionó sobre la discriminación que existe en contra de las personas afrodescendientes. En tal sentido, indicó que era necesario la ratificación de la Convención. También se refirió a la discriminación, intolerancia y xenofobia que existe en el país.
La asambleísta Jessica Castillo afirmó que la Convención permite crear un entorno de respeto e igualdad entre todas las personas. Señaló que es preciso incluir estos textos en la normativa nacional. El Estado debe garantizar el cumplimiento y ejercicio de derechos ciudadanos, opinó.
La legisladora Raisa Corral manifestó que la Asamblea Nacional debe ratificar este instrumento internacional y asumir el compromiso para que el Estado elimine, prohíba y sancione los actos discriminatorios y lleve adelante acciones afirmativas. Además, sugirió encargar a un ente nacional el seguimiento de la Convención.
Finalmente, la parlamentaria Marjorie Chávez dio a conocer que Ecuador suscribió 27 convenios internacionales relacionados con los derechos humanos. En esta línea, la Convención fortalecerá la lucha contra la discriminación, agregó.
Pleno tramitó en primer debate la reforma a la Ley de la Universidad Amawtay Wasi
El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión semipresencial No. 717, tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amawtay Wasi, por el cual se modifica el texto de la Disposición Transitoria Primera, a fin de ampliar el plazo de vigencia de la Comisión Gestora, como máxima autoridad de esta Universidad, hasta diciembre de 2023.
Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación y ponente del informe, subrayó que uno de los ejes fundamentales de la lucha de los pueblos indígenas es el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en todos los niveles. La Universidad Amawtay Wasi, que significa la Casa de la Sabiduría, nació de las entrañas de los pueblos y nacionalidades, dijo.
Fundamentó la propuesta en el mandato constitucional que garantiza los derechos de los pueblos y nacionalidades, tanto individuales, cuanto colectivos, así como otras normas de la Ley Suprema relacionadas con la educación.
Explicó el trámite seguido en la mesa, que incluyó la creación de una subcomisión, que trabajó con representantes campesinos y dirigentes de las nacionalidades, así como a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad, en el marco del análisis de las propuestas de reforma que fueron agrupadas en un texto único.
Recordó que, según la Transitoria Primera, el plazo de vigencia de la Comisión Gestora concluye en agosto de este año. Sin embargo, todavía no se han cumplido todos los procesos de institucionalización de la Universidad, razón por la cual es necesario ampliar el tiempo para que este órgano culmine con la planificación establecida para el inicio de actividades de este centro de educación superior.
La reforma permite que la Comisión Gestora pueda cumplir las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas y, a la vez, facilita que este órgano ejerza las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución.
Además, prevé un plazo adecuado para que la Comisión Gestora garantice una elección transparente de autoridades, así como la conformación de un cogobierno democrático que aporte de manera efectiva a la consecución de una institución pública de calidad.
Comisión general
El exlegislador por Chimborazo, Pedro Curichumbi, justificó su propuesta reformatoria a la Ley que crea la Universidad Amawtay Wasi, que obedece a que el país dispone de más de 70 universidades en todo el país, mientras que para las 14 nacionalidades del Ecuador no existe un solo centro de educación superior, por tanto, no hay la posibilidad de acceder a la ciencia, a la filosofía, al arte, tratándose de los pueblos y nacionalidades.
De su lado, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), subrayó que los pueblos y nacionalidades han sido sujetos de discriminación, debido a patrones colonialistas que subsisten en la sociedad, de ahí que la Universidad Amawtay Wasi es un elemento fundamental para transformar esa estructura colonial y construir un auténtico Estado intercultural y plurinacional.
Debate
Los 14 asambleístas que intervinieron en el debate coincidieron en la necesidad de extender el plazo para que la Comisión Gestora cumpla el proceso de institucionalización de la Universidad Amawtay Wasi y que, sobre todo, los entes rectores de la educación superior den el acompañamiento respectivo para que este centro universitario pueda iniciar sus actividades y acoger en sus aulas a miles de jóvenes de las nacionalidades y pueblos del Ecuador.
Así mismo, se mostraron partidarios que, desde la Asamblea y el Ejecutivo, se dé el impulso necesario para concretar la creación de las universidades para las provincias amazónicas, en cumplimiento de lo previsto en el Undécima Disposición Transitoria de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Trabajadores de seguridad privada y obreros de Sucumbíos expondrán demandas laborales
Representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada (FENASPE) expondrán ante la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social la realidad del sector y su planteamiento dentro del Código de Trabajo.
En la sesión convocada por la presidenta de la Mesa Legislativa, Rina Campain, para este miércoles, a las 10h30, los legisladores también escucharán las demandas laborales de los obreros de la provincia de Sucumbíos.
Los dirigentes de la Fenaspe plantean incluir en el Código del Trabajo un capítulo exclusivo para los guardias privados, considerando su particular actividad de cuidar vidas y bienes ajenos, que reúne condiciones de trabajo específicas que no tienen los demás sectores de trabajadores.
Rubén Salvador en su carta argumentó que han realizado acciones de distinta índole, a fin de que el Estado reconozca su actividad de alto riesgo que realizan los más de 187.000 guardias privados del país.
Mientras que los delegados del Sindicato Único de Obreros del Gobierno Provincial de Sucumbíos se referirán al incumplimiento de sus derechos laborales.
Reconocimiento
En el Orden del Día también consta la entrega de Acuerdo Legislativo a Isabel Ponce Ycaza, como reconocimiento al éxito alcanzado en el Trigésimo Octava Edición del Premio Ortega y Gasset, auspiciado por el Diario El País de España, por su reportaje “Las mujeres que ganaron al desierto”.
La ecuatoriana ganó el Premio de Periodismo Ortega y Gasset 2021, el más prestigioso de España. En su artículo narra la historia de cuatro mujeres en la región de Jubones, en la provincia de El Oro, que buscaron la forma para conseguir agua y llevarla a sus hogares, mediante un sistema de riego que permite sembrar en este sector árido de Ecuador.
El Legislativo tratará temas de niñez, seguridad social, reactivación económica de Esmeraldas y Manabí
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, convocó a los parlamentarios a la continuación de las sesiones 697 y 714 del Pleno, con el fin de avanzar con el tratamiento de varios temas de interés nacional.
En la continuación de la sesión No. 697, prevista para las 10h00 del jueves 15 de julio, se tratarán cinco temas. Entre ellos, el segundo debate de los proyectos de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna); de Ley para la Reactivación Económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas y reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional.
El Coopina está orientado a establecer los principios y normas sustantivas y procesales que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a la doctrina de protección integral, reconocida en la Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos.
Determina los principios rectores y lineamientos generales que orientan las políticas públicas, planes, programas, proyectos, medidas administrativas, normativas, judiciales y de cualquier otra índole, de naturaleza pública o privada.
Así mismo, dispone la integración, organización, financiamiento y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes; crea los mecanismos para la prevención, garantía, protección, restitución y reparación de sus derechos y relaciones familiares.
En cambio, el proyecto Ley para la Reactivación Económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas genera las condiciones para reactivar el sector productivo, a través de la aplicación de estímulos sociales y empresariales, en especial para la creación, adecuación y funcionamiento de micro, pequeños y medianos emprendimientos, productores agrícolas, gestores de turismo, cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, redes, uniones y federaciones pertenecientes al sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria, entre otros.
Mientras, el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional determina que el grupo de pensionistas de la Caja Policial, que lo constituyen los asegurados cotizantes que alcanzaron el derecho vitalicio a la pensión de invalidez, vejez y muerte, a partir del 9 de marzo de 1959, hasta la expedición de la presente ley, mantendrán sus derechos y aportarán al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, de su propia pensión mensual, los porcentajes aprobados por el Consejo Directivo del ISSPOL, para los seguros de enfermedad y mortuoria.
En la agenda también consta el tratamiento de dos proyectos de resolución para condenar la violencia de género y violencia política en contra de las mujeres y tratar el proceso de vacunación contra el Covid-19.
Sesión 714
Para las 16h00 está previsto continuar la sesión No. 714. Los parlamentarios tratarán el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias Leyes para la Defensa y Garantía de los Derechos Individuales y Colectivos de los Trabajadores, por el cual se establecen correctivos en beneficio de los trabajadores del sector privado y de los obreros regulados por el Código de Trabajo en el sector público.
A través del proyecto se incorporan disposiciones para tomar en cuenta el encargo que se realiza de forma temporal y previa designación del empleador; el encargo o subrogación; la división de la jornada; el personal de confianza que tienen derecho al pago de horas suplementarias o extraordinarias.
Luego los parlamentarios analizarán el proyecto de resolución que condena la suscripción del Convenio CIADI y el dictamen emitido por la Corte Constitucional y otro para apoyar y fortalecer las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, tendientes a investigar la presencia de buques extranjeros particularmente aquellos que se les identifica como Flota de Pesca Internacional y que se encuentran colindantes con la Zona Económica Exclusiva.
Comisión de Gobiernos Autónomos exhorta al Presidente de la República que proponga reforma a la Ley de Simplificación Tributaria
La Comisión de Gobiernos Autónomos resolvió exhortar al presidente de la República, Guillermo Lasso, que remita un proyecto de reformas a la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, en vigencia desde el 31 de diciembre de 2019, a fin de que la remisión del 100 % del capital, intereses y multas correspondientes al copago o cualquier obligación de pago o aporte de los beneficiarios del bono o incentivo de vivienda de emergencia se amplíe a las personas que perdieron sus viviendas en las provincias de Santo Domingo, Santa Elena y Los Ríos, como consecuencia del terremoto de 2016.
Como se conoce, la remisión se aplicó únicamente a los beneficiarios del bono o incentivo de vivienda de emergencia, en las modalidades de reasentamiento, reconstrucción, reposición y otros, a los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 en las provincias de Manabí y Esmeraldas, para la entrega de vivienda y terreno y cuyos aportes se encontraban en mora o pendientes de pago a la fecha de expedición de la ley.
Esta decisión la adoptó luego de escuchar a Iván Bolaños, presidente del Comité Promejoras del Barrio La Victoria, en Santo Domingo de los Colorados, conformado por 100 familias de escasos recursos económicos que fueron debidamente calificadas como beneficiarias del incentivo de vivienda. El dirigente aseveró que la pandemia agravó la situación, por lo que no tienen posibilidades de cancelar el copago y hoy corren el riesgo de quedarse sin su vivienda, considerando que el Ministerio de Vivienda ha iniciado procesos de coactiva que podrían concluir con la expropiación del bien.
Por ello, solicitó que la remisión del pago de la deuda que se aplicó en el caso de Esmeraldas y Manabí se amplíe a las otras provincias que también fueron declaradas en emergencia como consecuencia del terremoto de 2016. Propuso que esa alternativa se incluya en el proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, que analiza la Comisión de Gobiernos Autónomos.
Así mismo, advirtió que tampoco se ha cumplido la Ley de Apoyo Humanitario que prevé facilidades, como la ampliación de los plazos para el pago de las obligaciones tributarias.
El presidente de la mesa legislativa, Celestino Chumpi, enfatizó que Ecuador es un Estado de derechos y justicia social y, por lo tanto, es indispensable que las leyes beneficien a todos en igualdad de condiciones. Consideró que con la Ley de Simplificación Tributaria se ha vulnerado el derecho a la vivienda.
De su lado, la asambleísta Viviana Veloz comentó que la Ley de Simplificación Tributaria cometió una injusticia, porque la remisión solo benefició a Manabí y Esmeraldas, ante lo cual es necesario aplicar el principio de igualdad y equidad, ya que todos los afectados por el terremoto tienen misma condición de vulnerabilidad.
El legislador Marlon Cadena mocionó exhortar al Presidente de la República que envíe un proyecto de reformas a la ley en referencia para beneficiar a los pobladores de las cinco provincias que fueron declaradas en emergencia en el terremoto de 2016, moción que fue aprobada.
Comisión trata acuerdo que crea Comisión Binacional entre Ecuador y Perú
La Comisión de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana trató el acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas entre Ecuador y Perú.
En ese marco recibió la comparecencia del embajador de Perú, Vicente Rojas, quien señaló que 5 millones 200 mil personas viven en zona de integración fronteriza. Sostuvo que entre ambos países comparten nueve cuencas y es un compromiso proteger y cuidar el recurso hídrico, por lo que es preciso trabajar de manera sostenible y equilibrada para mantener el líquido vital.
Precisó que este acuerdo ya fue aprobado por el Congreso de Perú en 2020 e hizo un llamado para que los legisladores ecuatorianos lo apoyen.
De su parte, Luis Espinosa, delegado del Ministro de Relaciones Exteriores, sostuvo que este instrumento tiene dos objetivos primordiales: consolidar la cooperación bilateral para el mejor aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos de las cuencas transfronterizas de Zarumilla, Puyango-Tumbes, Catamayo-Chira, Mayo-Chinchipe, Santiago, Morona, Pastaza, Conambo-Tigre y Napo. Así como contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, las actividades productivas, el ambiente y los ecosistemas acuáticos de las nueve cuencas hidrográficas.
Remarcó que las cuencas han sido afectadas por causas antropogénicas, porque la calidad del agua se ha visto afectada por los desechos de la minería ilegal, por lo tanto, hay un esfuerzo conjunto para ver como se mejora su calidad y sean utilizables.
Mientras que Óscar Rojas, delegado del Ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, apuntó que una gestión integral de los recursos hídricos es base fundamental para armonizar los territorios en lo que tiene que ver al acceso al agua en calidad y cantidad, tanto para consumo humano como para los diferentes usos que se le pueda otorgar.
En cuanto a los compromisos bilaterales indicó que se suman a la gestión de la Cancillería, ya que trabajar por las nueve cuencas binacionales requiere una atención conjunta para garantizar su buen manejo, tanto a nivel de sus ecosistemas, como de los diferentes procesos que se deben llevar a cabo para que se haga un buen uso y administración del recurso hídrico.
Emilio Cobo, experto ambiental, indicó que la cooperación transfronteriza es importante, porque tiene una vinculación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con el numeral 6. “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
Expuso las ventajas de cooperación entre Ecuador y Perú, como la disminución de conflictos, diálogos y estabilidad política, gobernanza efectiva, creación de instituciones conjuntas, distribución equitativa de beneficios entre Estados, mejores condiciones ambientales de las nueve cuencas y fortalecimiento de la integración fronteriza.
Así mismo, se refirió a la importancia de la creación de una Comisión Binacional. En tal sentido señaló que las instituciones son el sustento fundamental para viabilizar y anclar la cooperación en forma sostenible en el tiempo.
También dijo que las instituciones deben promover la gestión conjunta de los recursos a través de medidas para el intercambio regular de información, establecimiento de base de datos fundamentales sobre la cuenca, sistemas de alerta temprana y gestión del riesgo, medidas de monitoreo conjunto y plataformas para la participación de diferentes actores públicos y privados.
Contralor subrogante, Carlos Riofrío, defendió su designación
Ante la Comisión de Garantías Constitucionales, Carlos Riofrío, defendió la legalidad de su designación como contralor General del Estado subrogante y afirmó que no renunciará al mismo. Explicó que Pablo Celi, una vez que concluyó el permiso por enfermedad, ejecutó varios actos administrativos como aceptar la renuncia definitiva de Valentina Zárate, contralora subrogante, para nombrarle a él en este cargo y posteriormente como Contralor.
Señaló que estos actos administrativos se cumplieron de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría y el marco legal interno con las respectivas acciones de Talento Humano, legalmente autorizadas.
Riofrío dijo que ya en el cargo de Contralor Subrogante pidió información de cómo está funcionando la institución, estableció planes de control a nivel nacional, realizó cambios de personal en las áreas de predeterminación, responsabilidades, recursos de revisión para que personal de carrera y con el perfil adecuado ocupe esas áreas.
Informó que tramitó 47 informes de responsabilidad penal pendientes que no fueron enviados oportunamente a la Fiscalía General del Estado para el trámite respectivo.
Preguntas
Los legisladores, Virgilio Saquicela, Mario Ruiz, Paola Cabezas, Ronny Aleaga, Sofía Sánchez, Victoria Desintonio, Ferdinan Álvarez, Gruber Zambrano, Édgar Quezada y Francisco Jiménez, formularon varias inquietudes sobre su designación, tiempo de servicio en la Contraloría, si cumple el perfil para ejercer cargo, glosas desvanecidas, licencia por enfermedad a favor de Pablo Celi, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel 4.
Las inquietudes se refirieron también a las acciones emprendidas para descubrir actos de corrupción, documentación recuperada luego del incendio del edificio de la Contraloría en el año 2019.
Respuestas
Carlos Riofrío señaló que no puede informar cómo se dio la designación de Pablo Celi como contralor general del Estado y que en su caso personal no tiene ningún impedimento para cumplir el encargo de Contralor subrogante, ya que cumple el perfil para ejercer las funciones. Dijo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe realizar el concurso para nombrar al titular de la Contraloría y cuando termine el concurso y se declare el ganador habrá la transición con toda la documentación de los procesos que lleva adelante este organismo de control.
Aclaró que no tiene ninguna relación, a no ser la laboral, con Pablo Celi. No le ha visitado en la cárcel ni ha recibido ni hecho llamadas al excontralor. Respecto del desvanecimiento de las glosas, sostuvo que se ha tergiversado el tema, porque la Contraloría, dentro del debido proceso puede desvanecer glosas, por ejemplo cuando se da la devolución de recursos económicos de alguien que se le responsabilizó civilmente. Aclaró que no se lo hace por decisión u orden de ninguna autoridad de la Contraloría, sino con un informe técnico luego de un riguroso proceso de auditoría y de juzgamiento.
Riofrío indicó que hasta l 31 de mayo pasado se han confirmado glosas por 2.941 millones de dólares, lo que significa alrededor del 20% de las glosas que se han desvanecido dentro del debido proceso.
En cuanto a la documentación que se quemó en el año 2019, manifestó que la Contraloría desde mayo de 2020 inició un proceso de recuperación de todos los expedientes con la participación de 30 profesionales. Se han recuperado 43 mil expedientes que seguirán los procesos de juzgamiento para establecer las responsabilidades respectivas, estos expedientes están digitalizados, añadió.
La sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales continuará una vez que el Contralor Subrogante entregue la información requerida y los parlamentarios puedan revisar para tener una visión más clara del tema y volver a convocar al funcionario.
Asamblea inicia tratamiento de Reformas a la Ley de Apoyo Humanitario
Dando cumplimiento a uno de los hitos de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, (CAL), dirigido por la presidenta Guadalupe Llori Abarca, calificó tres proyectos de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario, mismos que serán tratados en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
El tratamiento de los proyectos de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario forma parte de las prioridades de la Agenda Parlamentaria “Minga por el Ecuador”, que fue trabajada y aprobada en consenso con todas las bancadas legislativas.
Entre los principales argumentos que motivan las propuestas de reformas, se encuentra la presunta vulneración de derechos en materia laboral, razón por la cual la Legislatura actual, vigilante del respeto a las garantías laborales y constitucionales de los trabajadores del Ecuador, tratará estas propuestas de reformas.
Las iniciativas legales corresponden a los asambleístas Mario Ruiz Jácome, Victoria Desintonio y al exparlamentario Roberto Gómez.
De igual forma, el máximo organismo de administración de la Asamblea, con 6 votos direccionó el tratamiento de dos proyectos de reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Las propuestas fueron presentadas por los exasambleístas Silvia Salgado y Byron Suquilanda.
