El pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 126 votos la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural -LOEI- y con ello implementa cambios y necesidades requeridas ante las nuevas realidades que enfrenta el Sistema Educativo.
La reforma trabajada en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -CECCYT-, recoge un conjunto de demandas tanto de docentes de instituciones públicas, particulares, comunitarios, etc., estudiantes, Ministerio de Educación, organizaciones sociales y organismos internacionales especializados.
La revalorización docente incluye base salarial para los maestros de 2,5 veces el salario básico y un nuevo escalafón , recoge la recategorización automática, capacitación gratuita y convocatoria anual de concursos de merecimientos; fortalece el sistema intercultural bilingüe y amplia el enfoque epistémico de la etnoeducación; es riguroso en el presupuesto para educación del 6% del PIB para el sector; será el interés superior del niño y sus derechos lo que regula el sistema de protección de derechos en ámbito escolar para prevención de violencia y aseguramiento de derechos; entre otros contiene la reforma.
Silvia Salgado – responsable de desarrollar la propuesta referente a los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), Educadores populares y comunitarios, servicio y personal de bibliotecas, entre otros- la parlamentaria destacó durante las ocasiones que intervino en la discusión como proponente de la reforma que incluye la Etnoeducación , que la reforma incluye un capítulo específico e incorpora acciones afirmativas -enmarcadas en la vigencia del Decenio Afro- para la contratación de docentes en el magisterio provenientes de pueblos y nacionalidades; así como una transitoria del reconocimiento del derecho a la seguridad social de más de 12.000 educadores comunitarios que vienen demandando justicia por más de 20 años. Finalmente se establece un Plan de Transición para el retorno progresivo, voluntario y seguro a clases a propósito del impacto producido por la pandemia y la ampliación del plazo para el proceso de profesionalización docente entre otras.
La reforma entrará en vigencia luego del conocimiento del ejecutivo que tiene la facultad de veto, antes de ser publicada en el Registro Oficial. “Así se cumple después de casi 4 años de trabajo con un conjunto de demandas planteadas por los actores del sistema que buscan fortalecer la educación pública del país” precisó Silvia Salgado quién lideró la reforma en el Primer debate.