Nancy Saltos Fernández

En esencia, el ex Yachay EP es la tierra cultivable que la sociedad debe a los campesinos excluidos desde la colonia*.
* Me refiero a la Empresa Pública ex – Yachay EP y a los latifundios, en ningún caso a la Universidad Yachay Tech. No escribo Siembra EP ya que sembrar es el concepto lejano al proyecto en cuestión.
El destino de las tierras semi-abandonadas del ex -Yachay EP es una incógnita, así lo percibe el pueblo llano de Urcuquí. Desde sus inicios, el territorio destinado al emblemático proyecto fue negociado entre los hacendados latifundistas y el gobierno derrochador de ese entonces. La compra de las haciendas se realizó, como se diría “entre blancos”; hoy al cierre del proyecto la tónica es la misma, los actores principales de Urcuquí no tenemos voz ni voto, ni representación en los destinos de nuestro territorio.
En particular ¿Qué representa para la mayoría de pobladores urcuquireños la ex – Yachay EP cuando la población de Urcuquí se dedica en un 80% a la agricultura?, se podría concluir que lo que se juega en la liquidación la ex Yachay EP es en esencia la tierra cultivable a la que no acceden miles de familias campesinas agricultoras de Urcuquí y ahora se encuentra destruida, salvo el caso de los hectáreas arrendadas.
Hay que advertir que a nivel planetario, debido al crecimiento de la población, a la urbanización y la erosión el suelo se ha convertido en un bien común muy escaso. A nivel regional, según los estudios del problema agrario, en Ecuador pero sobre todo en Urcuquí, se reflejan altos índices de inequidad en el acceso a la tierra. Según Sanmartín (2016), escasamente el 6,5% de superficie de tierra está en manos campesinas, entendiéndose esto como el derecho a tierra de buena calidad, con agua de riego, en planicie y en la cantidad adecuada para el sostén de una familia; es decir, para el sector campesino agricultor es supremamente difícil acceder a la tierra para cultivar y vivir en condiciones dignificantes.
Desde la época colonial hasta el sol de hoy el acaparamiento de la tierra por parte de las haciendas latifundistas y ahora al Estado, que compró las 4600 ha en el valle de Urcuquí, se constituye en una de las principales trampas estructurales de la pobreza.
En efecto, mucha agua ha corrido bajo la corta vida del sobredimensionado proyecto: las administraciones municipales de Urcuquí que entregaron el territorio a cambio de quién sabe qué mendrugos, la burocracia dorada con sus gerentes y administradores veraneando en la “intocable” joya de la corona gubernamental anterior. ¿Qué pensar de los abundantes procesos de la contraloría y las astronómicas cifras de los posibles sobreprecios, por ejemplo, en el “innovador” proyecto de la siembra de rabanitos?
Así pues, se corrobora lo que Fernández y sus colegas (2018) afirman en su estudio etnográfico, la ex Yachay EP se constituye como “la experiencia de destrucción de un territorio”.
Por tales razones, legítimamente, existe oposición al hermetismo en el azaroso e incierto destino del suelo cultivable secuestrado en la ex Yachay EP.
Desde 2018, los campesinos, organizados y no organizados, presentaron al Estado la propuesta local de acceso a la tierra para la soberanía alimentaria, bajo el modelo de “Agricultura Orgánica y Nutricional”, en la figura legal de comodato; enfoque que solucionaría ampliamente los gravísimos problemas que aquejan a Urcuquí: salud, empleo, economía familiar campesina, educación, entre otros problemas evidentes de la pobreza extrema.
Con la pandemia de por medio es imperativo volver los ojos a la tierra en manos y capacidades campesinas, custodiar el suelo como soporte de toda forma de existencia, base del desarrollo humano. Ciertamente del cuidado a la tierra con un modelo de agricultura sustentable depende la supervivencia de la humanidad