Las voces de estudiantes y docentes fueron escuchadas en la subcomisión de Educación que fiscaliza el proceso de intervención de la Universidad de Guayaquil. Los actores coincidieron en que no se ven resultados positivos de la gestión de la Comisión de Intervención (CIFI-UG), menos aún la puesta en marcha de un plan de fortalecimiento institucional.

El asambleísta Jimmy Candell, presidente del organismo, indicó que se han cumplido tres sesiones y lo fundamental es preparar el correspondiente informe borrador, en el plazo de 15 días, tomando en cuenta las visiones de los sectores inmersos en la temática. Anunció que se convocará al titular del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), a fin de que explique la programación de la evaluación realizada a esta entidad.

 

Comisiones generales

Kevin Sánchez, presidente de Asociación de estudiantes de la Facultad de Psicología, habló de la necesidad de impulsar auditorías operacionales a los docentes, establecer un modelo curricular, crear un sistema de admisión, organizar las prácticas pre profesionales, diferenciándolas con pasantías. Además, que se haga seguimiento constante a los egresados y desarrollar programas de orientación vocacional para evitar la alta deserción estudiantil.

Camilo Morán, exmiembro del Consejo Superior de la Universidad de Guayaquil, aseveró que las dos intervenciones han sido un desastre, más aún cuando se destruyó la estructura orgánica y funcional de la Universidad de Guayaquil, a lo que se suma la pésima enseñanza virtual para carreras técnicas como medicina.

No se ejecutó el total de los presupuestos, por lo que se devolvió al fisco más de 56 millones de dólares, dejando de cancelar la bonificación complementaria a jubilados; bajó significativamente la investigación científica, al igual que la generación de PhD y maestrías. Se pretende, en plena pandemia, contratar un sistema de seguridad por siete millones de dólares, enfatizó.

Víctor Hugo Briones, exdirector de Posgrado, señaló que oportunamente se diseño un plan de excelencia para posgrados y desarrollo de la investigación científica, los que hoy no existen.

Jorge Jaramillo, delegado de la Asociación de Profesores, lamentó que no se reconozca a la directiva electa con 700 votos, en razón de una impugnación presentada por quien obtuvo solo 20 votos, al criticar la falta de apertura de las autoridades del plantel.

En cambio, Judith Paredes, docente de la Universidad, llamó a garantizar estabilidad al personal contratado y que los concursos de oposición y méritos sean más transparentes. Observó las trabas para acceder a la formación en maestrías.

A su vez, Alina Vera, del posgrado de ciencias médicas, mencionó que un grupo de 50 galenos iniciaron un proceso de homologación del título para la especialidad, convocado por la Universidad de Guayaquil, a partir de julio de 2018, proceso que se lo quiere dejar sin efecto cuando ellos han cumplido con todos los trámites y el pago respectivo, por lo que solicitó el apoyo de la mesa de Educación.

Terminación de la intervención

Las legisladoras Silvia Salgado y Noralma Zambrano, integrantes de la subcomisión, plantearon que la intervención de la Universidad de Guayaquil concluya a la brevedad posible, considerando que es grave la ruptura de la estructura orgánica y funcional, lo que impide la democracia participativa de docentes, alumnos y personal administrativo en la toma de decisiones. Es clave que se recupere el cogobierno y que todos asuman el compromiso de trabajar por un mejor futuro, añadieron.