Fausto Giraldo

El Ecuador, como diversos países del mundo, tiene un sistema de gobierno presidencialista, republicano y de representación política, eso es lo que aprobaron en primera instancia los “padres de la patria” y en segunda la ciudadanía por el referéndum aprobatorio de la Constitución del 2008.

El problema no es la norma jurídica ni la declaratoria conceptual, es la cultura de participación política en las elecciones, su limitada o ausencia presencia en la población hace que cometamos errores a la hora de emitir juicios de valor, de adherirnos a una organización partidista o sencillamente acudamos a dar nuestro voto.

En principio partamos por el hecho de que, con o sin nuestra presencia activa, en la vida del país se van a dar “elecciones” a las diferentes dignidades y quiénes ganen harán, o desharán, lo que desean con la cuestión pública, para bien o para mal de los habitantes aunque nunca en su propio perjuicio, principalmente económico.

En razón de lo dicho en el párrafo anterior, parte de la cultura política electoral desde la población es no dejar de participar en ella ya que se trata de precautelar los recursos e instituciones que nos pertenecen a todos, pues nuestra ausencia desde el inicio de la postulación de candidatos, la formulación de propuestas, la campaña electoral, las elecciones y la gestión de las autoridades elegidas implicará necesariamente afectarnos en el presente y quizá no garantizar el futuro de las nuevas generaciones.

Un segundo elemento es comprender que si el Estado no interviene en regular los procesos electorales, quienes forman parte de las agrupaciones partidarias harían lo que esté a su antojo y más aún, sobre la base del deterioro ético y moral de la sociedad, ejecutarían actividades no transparentes cuyo único fin será ocupar los cargos para beneficio propio y no del bien común.

Parte de esa regulación es el financiamiento de la promoción electoral, no es dinero que se entrega a los candidatos, son recursos que se distribuyen de forma proporcional e igualitaria a todas y cada una de las dignidades según el nivel territorial y representación que ostenta y se lo cancela directamente a los medios de comunicación que hayan decidido los candidatos pautar. Este financiamiento limita en parte la intervención de las grandes maquinarias electorales que invierten impresionantes recursos económicos para captar los votos.

Aún hace falta regular mejor los presupuestos autorizados como gasto electoral, principalmente el control y la sanción, para quienes superan los montos, pues este objeto ha permitido prostituir las campañas y los votos por su compra a través de dádivas que en algunos casos hasta expresan una gran “miseria” humana de quienes la promueven: se compran con kits alimenticios y hasta dinero en efectivo.

La cultura política electoral es un proceso que contribuiría a que aprendamos de principio a fin como actuar y que decidir, a analizar de forma reflexiva y crítica los acontecimientos, candidatos, organizaciones partidarias, propuestas, trayectorias, comportamientos políticos y de gestión, solución a nuestros principales problemas y alternativas de transformación de sistemas o formas que impiden el mejoramiento de las condiciones de vida.

Claro está no a todos conviene que haya una cultura política electoral, es más les alimenta el debate e insulto sanguinario que se produce en redes sociales y medios de comunicación o enfrentamientos físicos presenciales y circunscriben la participación a estar o no en una campaña respaldando a los candidatos o simplemente a acudir a votar. Eso no es cultura política electoral.