24 de diciembre de 2022

Al cierre de la calificación de candidaturas para las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reactivó el trámite de la causa por infracción electoral que pesa sobre Jorge Yunda, quien es candidato a la reelección por la Alcaldía de Quito.

La candidatura de Jorge Yunda a la Alcaldía de la ciudad por la alianza Juntos por la gente, está calificada y en firme y por lo tanto, es irrenunciable frente al proceso electoral de febrero del 2023, de acuerdo con una notificación que emitió de forma inmediata la presidenta de la Junta Electoral de Pichincha, María Belén Mieles, cercana a la vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) Esthela Acero, exmilitante del movimiento Alianza PAIS, cuando era liderado por el expresidente Rafael Correa.

Esto en un contexto en el que, en las últimas horas, el pleno Tribunal Contencioso Electoral, presidido por el juez Fernando Muñoz, intentó sesionar por dos ocasiones, sin éxito, para resolver sobre los recursos de aclaración y ampliación que presentó Yunda y su denunciante, el alcalde en funciones Santiago Guarderas, al fallo que lo sancionó con la pérdida de sus derechos de participación por dos años y al pago de una multa de 30 salarios básicos por incurrir en una infracción electoral.

El fallo de segunda y definitiva instancia, se emitió el 19 de agosto pasado por un tribunal del TCE y, cuatro meses después, no ha podido ejecutoriarse debido a que no se han resuelto los recursos horizontales (de aclaración y ampliación), porque el juez ponente de la causa, Richard González, denunció irregularidades en la elaboración de dicha sentencia.

González divulgó la noche de este 22 de diciembre un video en sus redes sociales, en el que acusó a sus colegas y al presidente Fernando Muñoz de una “grave intromisión en la Función Judicial interna”, al intentar sesionar para resolver los recursos, aunque las plenarias se suspendieron.

Recordó que fue él el que se percató de que la sentencia “había sido redactada en las oficinas del Concejo Metropolitano de Quito, cuyo autor es Diego Zambrano, abogado de Santiago Guarderas en su momento y, actual funcionario del Municipio”, por lo que remitió a la Fiscalía General del Estado la denuncia de estos hechos por existir un posible “ilícito”.

Bajo ese argumento, González mantiene suspendido el trámite de la causa hasta que en algún momento, la Fiscalía del Estado tenga resultados de su investigación. Con ello él espera poder “determinar qué sucedió”.

Sin embargo, “el presidente Fernando Muñoz, pese a que no forma parte del tribunal que resolvió sobre la causa, decide convocar a sesiones para resolver el recurso de aclaración y ampliación. Este interés que vulnera la independencia judicial interna de este juez (González), que mediante providencia le dijo que no íbamos a tramitar más este proceso hasta que haya de la Fiscalía una respuesta, siga insistiendo de que debe hacerlo inmediatamente”, opinó en el video.

Aseguró que él es ajeno a “intereses político-partidistas o electorales” y al contrario, un “defensor de la independencia judicial porque es la única garantía de que los derechos no se cimienten en hechos bochornosos”.

El candidato, que busca la reelección a la Alcaldía de Quito, Jorge Yunda se pronunció también en Twitter, al conocerse de la convocatoria a sesionar la tarde del jueves. “3 jueces que se excusaron y no conocieron la causa quieren aclarar una sentencia emitida por otros y que es objeto de un DELITO PENAL. Todo porque saben que en las urnas gano. ¿Tendrán idea de lo que van a hacer y las consecuencias penales?” (sic), escribió.

De su lado, la alianza electoral que cobija su postulación, Juntos por la gente, integrada por los movimientos políticos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) lista 4, Pachakutik (PK) lista 18 y Mover lista 35, amenazó a los jueces electorales que estarán vigilantes y en las calles para exigir que no se afecte a su aspirante político.

Maxi Hidalgo, coordinador provincial de PK, en una declaración de prensa de este viernes, dijo que estaban indignados por “las trafasías” de algunos de los magistrados. “Estaremos atentos de forma permanente para defender la candidatura de nuestro compañero Jorge Yunda, porque no hay nada que se pueda acusar en contra de nuestro compañero, vamos a estar vigilantes de estas cosas que en la oscuridad están haciendo algunos de estos jueces, para coartar la participación política”.

Aunque la sentencia del Tribunal Contencioso, en la que se lo sancionó con la pérdida de sus derechos políticos, se ejecutoríe, Jorge Yunda podrá seguir participando en la campaña electoral y hasta ser electo por voto popular el 5 de febrero próximo.

No obstante, en el Consejo Nacional Electoral se explicó que en el caso de que sea electo para esa dignidad, se le entregará sus credenciales, pero no podría asumir sus funciones porque en los organismos del Estado constará una inhabilidad, es decir, que no goza de los derechos de participación por sentencia ejecutoriada del TCE.

Al consultarle sobre este hecho a Max Hidalgo, indicó que se mantendrán en las calles defendiendo la participación de Yunda y, “cuando se dé ese proceso, aunque no creo que se vaya a dar, porque con la perspectiva que estamos y a la luz pública, no creo… Ahí comunicaremos”, recalcó.

A propósito de cómo ha avanzado el trámite de esta causa, en el que Yunda recusó por varias ocasiones a los jueces y González suspendió su trámite hasta que algún momento la Fiscalía se pronuncie sobre un posible hecho irregular, el pleno del Tribunal reformó el reglamento de sesiones del Tribunal.

Se argumentó “que es necesario adecuar la normativa interna que regule de manera óptima el funcionamiento de las sesiones en vista de las situaciones presentadas en el desarrollo de las mismas y que estén acordes con la Constitución y el Código de la Democracia”.

La normativa publicada en el Registro Oficial en septiembre pasado contiene seis artículos y reformó el artículo 16 del original, en el que se resolvió que cuando se instale una sesión se esperará 15 minutos después de la hora convocada para iniciar y, si no se cuenta con el quorum, se dejará constancia de quiénes no asistieron.

Se convocará a la reinstalación dentro de las 24 horas siguientes y,si se observa dos ausencias consecutivas de alguno de los integrantes del pleno sin que haya justificación, se llamará a una nueva instalación en la que se podrá “apartar al juez o conjuez de una causa” y se nombrará a su reemplazo.

“En caso de que el juez separado de la causa sea sustanciador perderá la competencia y se designará por sorteo a un nuevo sustanciador entre los jueces que conformen el nuevo pleno jurisdiccional para esa causa. El quorum de la sesión para resolver sobre la ausencia del juez sustanciador será de cinco jueces, debiendo al menos estar integrado el pleno del Tribunal por tres principales”, agrega el artículo.

Vía: El Universo