La Fiscalía dijo que probará que los Bucaram, dos israelíes y tres agentes de la AMT de Quito conformaron una estructura delictiva para comercializar ilegalmente pruebas de COVID-19 en la pandemia.

Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras dos personas son juzgadas por delincuencia organizada por irregularidades en la comercialización de pruebas de COVID-19 en 2020, durante la pandemia.

La audiencia se instaló el viernes, luego de 10 convocatorias fallidas durante cuatro años, por incidentes generados por los procesados y sus abogados. Abdalá Bucaram comparece de manera virtual, porque requiere de cuidados médicos permanentes y está conectado a un equipo de respiración, ante su cuadro de salud.

Incluso, hubo una declaratoria de nulidad del proceso y el sobreseimiento de los Bucaram para no ser juzgados, pero por insistencia de la fiscal Lidia Sarabia, ahora enfrentan el juicio.

Este lunes, la audiencia continuó con el interrogatorio de testigos. La Fiscalía convocó a 154 personas, entre policías, peritos, funcionarios de bancos, SRI, Servicio Nacional de Aduanas y otros.

La Fiscalía dijo que probará que, entre marzo y agosto de 2020, los Bucaram, dos ciudadanos isralíes y tres agentes de tránsito de Quito conformaron una estructura delictiva para obtener beneficios económicos en la comercialización de 21 mil pruebas COVID-19.

Los extranjeros Sheiman Orem y Shy Dahan, quien fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral, trasladaban los insumos a Guayaquil. Eran escoltados por los tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito para no ser detenidos en medio del toque de queda, usando así recursos públicos.

Las pruebas de COVID-19 fueron entregadas a Jacobo Bucaram, quien pagó USD 321 mil en efectivo a los israelíes. Los extranjeros fueron finalmente detenidos en Santa Elena, y con la información de sus celulares, se empezó a investigar a los Bucaram y a los uniformados.

En este caso, dos agentes de transito ya fueron sentenciados en procedimientos abreviados por aceptar su culpa y obtuvieron penas reducidas de tres años y cuatro meses.

Las cuatro personas restantes, que no aceptaron su responsabilidad y que son juzgados, ahora podrán enfrentar penas de hasta 13 años de cárcel. El tribunal prevé que el juicio se extienda hasta el miércoles.

Vía: Ecuavisa