El Asambleísta Fernando Jaramillo, representante de la provincia de Imbabura, presentó este jueves en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para el Fortalecimiento de la Responsabilidad Penal Juvenil, una iniciativa orientada a enfrentar de manera proporcional y responsable la creciente participación de adolescentes en delitos de alta gravedad.
La propuesta plantea una reforma al artículo 385 del Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando una nueva escala progresiva de medidas socioeducativas, particularmente en los casos de delitos sancionados con penas superiores a diez años en el régimen penal de adultos. Esta reforma establece tramos claros de internamiento institucional que van de cuatro hasta catorce años, manteniendo su naturaleza socioeducativa y sin equipararse a penas privativas de libertad del sistema penal ordinario.
El proyecto se fundamenta en la necesidad de fortalecer el sistema de responsabilidad penal juvenil frente al incremento sostenido de la participación de adolescentes en delitos graves, muchos de ellos vinculados a estructuras de delincuencia organizada que se aprovechan de las sanciones actualmente vigentes para reclutar a menores de edad.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio del Interior, en el año 2025 fueron aprehendidos 2.812 adolescentes entre 12 y 17 años, principalmente por delitos contra la propiedad, la seguridad pública y el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, lo que evidencia que las actuales medidas socioeducativas no han logrado cumplir de manera efectiva su finalidad preventiva ni disuasiva.
La iniciativa legislativa mantiene los principios constitucionales del interés superior del adolescente, el debido proceso y la proporcionalidad, y propone una respuesta normativa más clara y gradual frente a conductas de alta lesividad social, sin desnaturalizar el carácter especializado del sistema de justicia juvenil.
Asimismo, el proyecto no genera un incremento estructural del gasto público, ya que su implementación se apoya en la infraestructura, capacidades técnicas y recursos existentes del sistema de justicia juvenil, optimizando la aplicación de las medidas socioeducativas y fortaleciendo los procesos de rehabilitación y reinserción social.
La propuesta se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029 y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, orientado a promover sociedades pacíficas, fortalecer el acceso a la justicia y consolidar instituciones eficaces.
El Asambleísta Fernando Jaramillo reafirma su compromiso con la provincia de Imbabura y con el país, impulsando iniciativas legislativas que respondan a la realidad actual del Ecuador, fortalezcan el Estado de derecho y contribuyan a la seguridad ciudadana y a la convivencia pacífica.