El reciente informe de gestión presentado por el Gobierno volvió a colocar en el centro de la discusión temas como estabilidad fiscal, financiamiento externo y sostenibilidad económica. En ese contexto, el acuerdo vigente entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mantiene como uno de los principales ejes para entender cómo el país enfrenta sus restricciones financieras dentro de una economía dolarizada.

Desde una mirada económica, Jeaneth Torres, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que el acuerdo firmado en 2024 y ampliado en 2025 responde no solo a una necesidad de financiamiento, sino también a las limitaciones estructurales que implica operar sin política monetaria propia.

A diferencia de otras economías, Ecuador no puede emitir moneda ni recurrir a devaluaciones para absorber shocks externos. Esto significa que gran parte del ajuste recae sobre la política fiscal, el manejo del gasto público y la capacidad institucional para sostener equilibrio financiero en escenarios internacionales complejos.

El programa acordado con el FMI se estructura alrededor de metas relacionadas con el saldo fiscal, el fortalecimiento de las reservas de liquidez y la sostenibilidad de la deuda pública. Dentro de este esquema, uno de los principales objetivos ha sido recuperar confianza en los mercados internacionales y garantizar estabilidad dentro del sistema dolarizado.

Durante los últimos meses, Ecuador logró regresar a los mercados internacionales de capital después de varios años sin acceso, acompañado de una reducción significativa del riesgo país. Este comportamiento refleja una mejora parcial en la percepción de estabilidad financiera y en la credibilidad de la política económica.

Sin embargo, la economía ecuatoriana continúa enfrentando vulnerabilidades estructurales, particularmente por su dependencia del petróleo. La volatilidad del precio del crudo y episodios recientes que afectaron temporalmente la operación de los oleoductos evidenciaron cómo los factores externos siguen impactando directamente sobre las finanzas públicas.

En este contexto, el fortalecimiento de ingresos no petroleros adquiere una relevancia estratégica. Más allá de incrementar la recaudación, el desafío consiste en reducir la exposición de la economía a variables internacionales y construir una estructura fiscal más sostenible en el largo plazo.

El caso ecuatoriano también reabre el debate sobre los límites y posibilidades de los programas de ajuste en economías dolarizadas. La combinación entre disciplina fiscal, supervisión multilateral y reformas estructurales puede contribuir a estabilizar el sistema financiero, aunque su sostenibilidad dependerá de la capacidad política e institucional para mantener dichas reformas en el tiempo.

En ese escenario, como explica Torres, el acuerdo con el FMI no debe entenderse únicamente como un mecanismo de financiamiento temporal, sino como una prueba sobre la capacidad del país para sostener estabilidad económica sin herramientas monetarias propias. Más allá de la coyuntura, el verdadero reto será transformar la consolidación fiscal en una estrategia sostenible de desarrollo y resiliencia económica.