Quito, Ecuador. El Gobierno del presidente Daniel Noboa informó este miércoles 17 de junio que ha logrado reconstruir la ruta del dinero del caso Progen e identificar cómo fueron distribuidos los recursos. El secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, detalló que estos avances han sido posibles gracias a la cooperación internacional gestionada por el presidente Daniel Noboa con el Gobierno de los Estados Unidos y a la aplicación de la Ley RICO. Mediante un mensaje a la ciudadanía, Neira informó a la población sobre la exhaustiva investigación que se llevó adelante para identificar quiénes se beneficiaron de manea ilícita de los recursos del Estado: “la investigación financiera no se limitó a revisar contratos; reconstruyó transferencia por transferencia el recorrido de los fondos”, aseguró. Producto de ello, se encontró una red de empresas y personas que se lucraron de recursos de todos los ecuatorianos, utilizando a PROGEN como medio. Es así que esta investigación arrojó un primer hallazgo contundente: “los fondos nunca permanecieron más de una semana en las cuentas de PROGEN. Cada pago realizado por CELEC a PROGEN fue distribuido a diferentes actores”, quienes, a través de sus empresas, han venido consolidando experiencia en la adjudicación de contratos estatales en sectores estratégicos desde 2016. En línea con los resultados de la investigación, el secretario José Julio Neira informó que 29 personas jurídicas recibieron dinero directamente de PROGEN. Quien recibió la mayor parte del dinero fue la subcontratista Astrobryxsa LLC / SA (tanto la registrada en Estados Unidos como la registrada en Ecuador); fueron USD 15.2 millones aproximadamente y lo repartió a 9 beneficiarios: 4 personas jurídicas y 5 naturales. Entre ellas figura José Luis Hidalgo Fernández, abogado que no solo ha facilitado el traspaso de bienes dentro de esta estructura, sino que también forma parte del estudio jurídico que patrocina a conocidos procesados por delincuencia organizada, como el prófugo Xavier Jordán. Hidalgo, creó y compró 8 empresas que facilitaron la distribución del dinero para que llegue a manos de sus verdaderos beneficiarios. El individuo mencionado, registra la compra de bienes directos, a través de sus empresas, sin justificativo aparente, ya que declaró ingresos por USD 100.000; “pero lo más indignante es que mantiene acreditaciones por más de USD 500.000 dólares en el Sistema Financiero Nacional”, mencionó Neira. Otro de los investigados es Karla Saud Calero, quien utilizó más de USD 162.000 de ese dinero para sus gastos personales, lo que la coloca como una de las beneficiarias finales del entramado. Esto, lo logró debido a que es medio hermana de Alex Dueñas Calero, quien ocupó cargos estratégicos como administrador de la Unidad de Negocio Guayas–Los Ríos de CNEL EP, fue asesor de la Gerencia General de CELEC EP y, mediante vínculos familiares, habría logrado la adjudicación de los contratos. El último beneficiario es José Walter Manrique Suárez, quien entregó más de USD 2.3 millones a 10 beneficiarios, 5 empresas jurídicas y 4 personas naturales, además de sus consumos personales. “Los movimientos transaccionales realizados por estos individuos fueron identificados, ya que utilizaron los bancos: del Austro y Pichincha”. Durante este importante anuncio, el Secretario de Estado fue categórico al aseverar: “No vamos a detenernos, vamos a identificar cada dólar robado por PROGEN”. Por consiguiente, indicó que ha dispuesto a la Secretaría General de Integridad Pública analizar las medidas, dentro del ámbito de sus competencias, para evitar que estos actos de corrupción queden en la impunidad, nacional e internacionalmente; ante esto, la institución remitió un pedido oficial a la Embajada de Los Estados Unidos en Ecuador, para que esta nación analice la aplicación de una ley federal que sanciona a las empresas estadounidenses involucradas en el presunto pago de sobornos. Asimismo, dio a conocer que se ha puesto en conocimiento de la UAFE la información disponible para que, en el ejercicio de sus atribuciones legales y técnicas, analice la posible existencia de operaciones inusuales o injustificadas, y valore la adopción de la medida de inmovilización de fondos. El secretario Neira concluyó asegurando que “hemos demostrado que este caso de corrupción tiene nombres y apellidos, hoy se les cayó el relato”.