Las fundaciones, ONG y organizaciones de la sociedad civil en Ecuador pasarán a estar bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Así lo establece el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, enviado este martes, 29 de julio de 2025, a la Asamblea Nacional por el presidente Daniel Noboa, con carácter de urgente en materia económica.

Este cuerpo legal también introduce reformas tributarias, como un nuevo impuesto del 12 % a los dividendos que distribuyan las sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador entre sus socios o accionistas, que se aplicará como un impuesto a la renta único.

Control a fundaciones y organizaciones sociales

La propuesta del Ejecutivo busca establecer controles más estrictos a fundaciones, corporaciones, ONG, organizaciones comunitarias y otras entidades sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras, que operen en el país.

Según el documento, estas organizaciones deberán cumplir con nuevas exigencias de transparencia, auditorías, rendición de cuentas y sistemas de integridad institucional. El proyecto argumenta que algunas de estas entidades han servido como fachadas para actividades ilícitas, como señaló previamente el presidente Noboa en declaraciones públicas.

“Se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro para ingresar dinero y desestabilizar el país, sin ningún tipo de control”, advirtió el mandatario.

El capítulo 4 del proyecto detalla que la SEPS tendrá competencia para vigilar, auditar, intervenir y controlar a este tipo de organizaciones, aplicando para ello las normativas contenidas en leyes como la Ley de Compañías, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Seguros y la propia ley propuesta.

Infracciones y sanciones

Entre las infracciones sancionables por la Superintendencia se incluyen:

• El uso indebido o desvío de recursos económicos con fines distintos a los declarados.
• El incumplimiento reiterado de normas contables, de transparencia o prevención de lavado de activos.
• La obstaculización de la labor de control de la entidad reguladora.

Además, las organizaciones deberán implementar sistemas de control que incluyan:

• Auditorías internas y externas.
• Registro detallado de transacciones financieras.
• Reportes periódicos sobre uso de fondos.
• Código de Ética y gestión de riesgos de corrupción.
• Informes públicos de gestión con detalle de ingresos y egresos, donaciones recibidas y beneficiarios de proyectos.

También se mantiene la obligación de registrarse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), bajo el control del Ministerio de Gobierno.

Sin persecución política, afirma el proyecto

Pese a los controles, el texto aclara en una disposición general que ninguna medida de supervisión podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política o para restringir la libertad de asociación, señalando que las intervenciones deberán respetar la legalidad y los derechos humanos.

Hasta enero de 2024, Ecuador contaba con más de 71.000 organizaciones sociales registradas, según una investigación de Grupo FARO. De ese total, el 85 % se mantenían activas, con mayor presencia en Pichincha, Guayas y Manabí.

El proyecto se suma a la agenda legislativa urgente impulsada por Noboa y abre un nuevo frente de discusión sobre el rol y la regulación del sector no gubernamental en el país.