Patricia Hidalgo A.
En un mundo hiperconectado, donde las palabras viajan más rápido que la velocidad de la luz, la libertad de expresión se ha convertido en un pilar fundamental de las sociedades democráticas. Sin embargo, este derecho, consagrado en constituciones y tratados internacionales, enfrenta un dilema cada vez más complejo: ¿cómo garantizar su ejercicio sin caer en excesos que dañen a individuos, grupos o incluso a la propia democracia? La respuesta, para muchos, no está en la regulación estatal, sino en la autorregulación ética de los medios y comunicadores.
La libertad de expresión es, sin duda, un derecho inviolable. Es el cimiento sobre el cual se construyen sociedades libres, plurales y críticas. Regularla desde el Estado, con leyes que limiten su alcance, abre la puerta a la censura y al autoritarismo. Pero, ¿qué pasa cuando ese derecho se utiliza para difamar, manipular o incitar al odio? Ahí es donde entra en juego la ética.
Los medios de comunicación y los profesionales de la información tienen un poder inmenso. Sus palabras pueden construir o destruir, informar o desinformar, unir o dividir. Por eso, muchos expertos coinciden en que un código de ética sólido y consensuado podría ser la clave para evitar los excesos sin necesidad de recurrir a la regulación gubernamental.
Un código de ética no es una camisa de fuerza, sino una brújula. Establece principios básicos como la veracidad, la imparcialidad, el respeto a la privacidad y la dignidad de las personas. No prohíbe, sino que guía. No castiga, sino que educa. Y lo más importante: nace desde dentro de la propia profesión, no desde un escritorio gubernamental.
En América Latina, donde la polarización política y social es cada vez más marcada, la falta de ética en algunos medios ha exacerbado los conflictos. Noticias falsas, titulares sensacionalistas y discursos de odio han encontrado un terreno fértil en redes sociales y medios tradicionales. Esto no solo daña la credibilidad de la prensa, sino que también pone en riesgo la convivencia pacífica.
Pero, ¿cómo implementar un código de ética sin que se perciba como una forma de censura encubierta? La clave está en la transparencia y la participación. Los códigos deben ser elaborados por consenso entre periodistas, editores, propietarios de medios y representantes de la sociedad civil. Además, deben incluir mecanismos de rendición de cuentas, como comités de ética independientes que evalúen las denuncias y emitan recomendaciones.
Algunos países ya han dado pasos en esta dirección. En Argentina, por ejemplo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) promueve la autorregulación a través de un código de ética que ha sido adoptado por numerosos medios. En Colombia, la Fundación Gabo impulsa iniciativas similares, enfocadas en fortalecer la calidad del periodismo y su compromiso con la verdad.
Sin embargo, la autorregulación no es una varita mágica. Requiere voluntad política, compromiso profesional y, sobre todo, una ciudadanía crítica que exija calidad y responsabilidad a los medios. Los códigos de ética no pueden ser letra muerta; deben vivirse y aplicarse en el día a día.
En última instancia, la libertad de expresión no necesita menos ética, sino más. No necesita más leyes, sino más responsabilidad. Porque, como dijo el filósofo Karl Popper, “la libertad ilimitada lleva a la falta de libertad”. Y en un mundo donde las palabras tienen el poder de cambiar realidades, es nuestra obligación usarlas con sabiduría y respeto.
La libertad de expresión jamás debe ser regulada, pero si los medios y comunicadores asumen un compromiso ético genuino, la idea de regulación perderá sentido. Porque, al final, la mejor garantía de una prensa libre y responsable no está en las leyes, sino en la conciencia de quienes la ejercen.
