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El equipo de El Vanguardista se adentra al mundo de la Minería en la provincia de Imbabura, denominada Geoparque Mundial por la UNESCO por su ambiente, naturaleza, paisajes, lagos, pero contradictoriamente en el cantón Urcuquí se evidencia el abandono de las autoridades y la corrupción generada por la llegada de la Minería ilegal a la provincia. En el año 2017, cuando se detectaron los primeros indicios de minería ilegal en tres concesiones para explotación de oro en Imbabura, la situación no ha cambiado. Ahora, la inteligencia del Estado reconoce que la zona sigue tomada por grupos armados, como Los Lobos, la zona tiene unas 2.000 personas en actividades ilegales y se obtienen USD 330.000 diarios de 27 socavones.
Campamentos de minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura.
Por: El Vanguardista
Las autoridades estatales detectaron en el 2018 un brote de minería ilegal en el sector de El Triunfo, parroquia La Merced de Buenos Aires, con aproximadamente 5.000 mineros de nacionalidades venezolana, colombiana, peruana. A pesar de que en julio del 2019, se hizo un mega operativo armado para erradicar ese foco en la zona de La Merced de Buenos Aires, Imbabura, la minería ilegal goza de buena salud y ahora se ha consolidado con la presencia de grupos armados delincuenciales, como Los lobos y la naturalización en la población de esta actividad como un modo de vida.
Un nuevo informe de inteligencia, al que tuvo acceso el equipo periodístico de El Vanguardista señala que actualmente unas 2.000 personas, entre ecuatorianos y extranjeros están involucradas en estas actividades, sobre todo en las concesiones mineras IMBA I e IMBA II (Mina nueva, mina vieja, el Olivo), de la empresa australiana Hanrine. En esta concesión se extrae el material rocoso a través de bocaminas con la utilización de herramientas industriales y artesanales, y también se lo procesa de modo artesanal en las llamadas chanchas para luego ser comercializados en zonas mineras de Azuay y El Oro.
Vista aérea de la parroquia La Merced de Buenos Aires. Foto: Cortesía
Los especialistas atribuyen a esta permanencia de este delito (declarado como amenaza a la seguridad del Estado, por el COSEPE, en enero del 2023) a la ineficacia de las acciones articuladas por parte de las instituciones estatales en la zona. Además de la reactivación de la minería no autorizada hay problemas de contaminación ambiental.
El descuido, descoordinación y la complicidad han permitido que el GAO, Los Lobos, para continuar con el financiamiento de sus estructuras, continúan controlando la minería ilegal y delitos conexos en la zona minera norte. Con ese fin han establecido nexos con bandas delincuenciales que operan en la zona. Las bandas son las encargadas de realizar el transporte y seguridad del material aurífero, así como la seguridad en las plantas de beneficio y bodegas de almacenamiento. Oficiales de inteligencia de la FT no descartan que estos a su vez busquen ampliar su zona de injerencia y reactiven el brote minero de la zona de El Cielito-Carchi.
Según los informes, Los Lobos están liderados por Franco C., y, además de mantener el control de la minería ilegal y delitos conexos en la zona minera norte de La Merced de Buenos Aires, constituyen estructuras de economía criminal basada en actividades de: tráfico de armas, municiones y explosivos; lavado de activos, tráfico de hidrocarburos, sicariato y extorsión entre los principales. Desde su llegada a la zona, en septiembre del 2022, Los Lobos impusieron un impuesto del 10% a todos quienes hacen explotación minera en la zona.
En el lugar no hay red de alcantarillado para aguas servidas, lo cual se soluciona con mangueras o tubos de PVC que desembocan en las cunetas de la vía principal, con el consiguiente problema sanitario. Ahora también ha brotado lo que las autoridades y pobladores de La Merced de Buenos Aires llaman la «Ciudad del Plástico».
Desde su llegada a la zona, en septiembre del 2022, Los Lobos impusieron un impuesto del 10% a todos quienes hacen explotación minera en la zona.
De las antiguas covachas de madera y plástico que proliferaron de manera improvisada y desordenada en el 2018, ahora hay unas 45 estructuras de madera y zinc, e incluso a edificaciones de concreto de dos plantas, construidas por cierto sin permisos en la llamada «Ciudad del Plástico» en el sector El Triunfo. Estas construcciones son alquiladas por extranjeros, refieren las autoridades, especialmente venezolanos y colombianos, para alojamiento, venta de herramientas para actividades mineras y posterior acopio de material en los sectores de El Limón, El Voladero, El Verde y La Esperanza de Rio Verde. También han proliferado bares y locales de tolerancia. Hay, por tanto un aumento de la inseguridad y la violencia en la zona.
Junto a la extracción ilícita de recursos mineros se entrelazan delitos como la extorsión y la afectación a los recursos naturales. Las acciones ilegales «se han naturalizado entre la población local», dice uno de los informes y «muchas de estas personas que procederían de los sectores de: El Triunfo, La Perla, Santa Lucia, La Visera, Rio Verde, Palmira de Toctemi y del casco parroquial de Buenos Aires, han abandonado sus actividades agrícolas y ganaderas para involucrarse en este negocio ilegal», que les genera una mayor rentabilidad, lo que facilita a las facciones delictivas evadir el control de las instituciones de seguridad del Estado».
Las 2.000 personas estarían distribuidas entre la mina Vieja, Nueva, el Olivo y la Esperanza de Rio Verde (principal punto de salida del material aurífero). Estas personas desempeñan actividades de picadores, encargados de las poleas, cargadores, muleros, abastecedores, campaneros; son dueños terrenos y bodegas temporales de material, quienes ante la presencia de la Fuerza Pública se retiran al sector de la Ciudad de Plástico o a la Esperanza de Rio Verde, y unos pocos se mantienen escondidos en el sector de las minas dentro de las bocaminas o en las malezas circundantes a las mismas.
Los ciudadanos dedicados a la minería ilegal mantienen un sistema de radiocomunicación, dice otro informe, «con acceso a la frecuencia del personal de FF.AA». De esta manera los ilegales se mantiene alerta a las operaciones militares y los operativos policiales.
Del acceso a las minas
Las rutas de acceso a La Merced de Buenos Aires son: desde Ibarra a través de la Panamericana E10 (vía Ibarra – San Lorenzo), con desvíos a la altura de San Jerónimo o por la vía Cahuasquí – Buenos Aires. Pero los involucrados en actividades ilícitas utilizan tres rutas alternas y una vez en la zona montañosa se desplazan a pie y en acémilas por senderos y trochas hasta las minas.
El material mineralizado, que se obtiene de al menos 27 socavones, se transporta mediante poleas y mulas a lugares de acopio temporal y procesamiento conocidas como chanchas, que han proliferado en la parte posterior de las minas (Sector El Voladero – El Verde). En otros casos, se utilizan mulas por caminos de herradura hasta el Puente de La Esperanza de Río Verde. Aquí el material se acumula y luego se transporta a otras plantas de procesamiento en camionetas 4×4, dirigidas a propiedades particulares. Este material es luego comercializado y distribuido tanto en carbón activado como en pequeños lingotes.
En tres de las minas más grandes, el grupo Los Lobos, con alrededor de 60 personas lideradas por alias “Manuel Reyes”, se hacen cargo de extorsiones, vacunando con el 15% de la producción diaria en cada sitio de extracción y procesamiento a mineros ilegales, muleros y a los dueños de los negocios que se encuentran en la feria y la Ciudad del Plástico.
Actualmente las minas producen aproximadamente tres mil sacos de yute diarios, con material aurífero, al igual que se estarían comercializado de la siguiente manera:
El saco de material mineralizado aurífero concentrado se pagara entre los USD 100 a USD 130. Con un rendimiento de al menos USD 300.000 diarios.
Los insumos químicos se pagan cada saco así: cianuro USD 700, Asido USD 150, Carbón USD 200 y sosa caústica USD 80.
El 7 de marzo del 2023, se emitió una alerta en la que se advertía que las comunidades Awá de Palmira de Toctemi, parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí (Se ingresa por la parroquia Lita), Río Verde Medio y Río Verde Bajo de la parroquia Lita del cantón Ibarra, se encuentraban en riesgo por la violencia. La Defensoría del Pueblo de Colombia y Ecuador exhortaron a los Gobiernos de Colombia y Ecuador a promover medidas de prevención y protección del pueblo indígena Awá, al que se conoce como la Gran Familia Binacional Awá, ubicado en el cordón fronterizo internacional colombo-ecuatoriano.
La principal amenaza que afrontan las comunidades Awá de Palmira de Toctemi, Río Verde Medio, Río Verde Bajo y Alto y Santa Teresa de la Chorrera es la presencia de extranjeros dedicados a la extracción ilegal en La Merced de Buenos Aires. Estos transitan libremente por vías alternas, que son senderos y caminos fangosos, para transportar material aurífero.
En Ibarra, agentes del Estado detectaron que una célula de Los Lobos que pretendía movilizar USD 160,000 hasta un hostal, para repartir esta suma entre varios de sus integrantes.
Tras el operativo en el hostal se detuvo a tres personas. Durante el registro de sus pertenencias los agentes encontraron USD 30.000 en efectivo, que no pudieron justificar. Los miembros de la fuerza pública consultaron telefónicamente al fiscal de turno, quien les había dicho que «el monto encontrado no era suficiente para iniciar un proceso penal, dado que las figuras delictivas en estos casos requieren montos superiores a 45.000 dólares». Así que los liberaron y devolvieron el dinero a los sujetos «mediante un acta de entrega recepción».
En las navidad del 2024, en Urcuquí se conoció que se había dado una supuesta colaboración de policías en la noche del sábado 21 y domingo 22 de diciembre, para brindar seguridad en el sector La Visera, donde se realizó un agasajo navideño por parte de por parte de Franco C., considerado cabecilla de Los Lobos, quien llegó al sector en compañía de personas no identificadas que se habían presentado como emprendedores.
Y ahora, también las procesadoras…
La actividad minera ha provocado la instalación de procesadoras artesanales en la zona montañosa. Aquí se usan sustancias químicas y explosivos altamente contaminantes, como el cianuro, mercurio, viruta de zinc, cal y nitrato de plata. Estas sustancias, junto a la tala de árboles y excavaciones antitécnicas en el subsuelo, contaminan tanto el suelo y el agua.
Los mineros ilegales financian sus operaciones a través de diversas fuentes: capital propio, créditos informales y la venta de minerales en los mercados nacionales que son reinvertidos. «Parte de su estrategia implicaría el reclutamiento de comuneros locales y residentes de caseríos aledañas, quienes, motivados por la necesidad de ingresos económicos para sus familias, proporcionarían seguridad y actúan como informantes frente a las escasas acciones en territorio de los organismos de control del Estado», dice uno de los informes.
En la zona de influencia de esta actividad minera ilegal y principalmente en la Ciudad del Plástico, se han establecido sistemas informales de suministro de servicios básicos, alimentos, productos y herramientas, lo que implica el constante transporte de combustible, GLP y otros productos a través de caminos de herradura, evadiendo los puestos de control de la fuerza pública.
Los militares en la zona recomiendan que las autoridades de control analicen la factibilidad de efectuar una intervención integral, acompañada de estrategias sostenibles a largo plazo para prevenir la reactivación de la minería ilegal, como ya ocurrió después de la intervención en el 2019.
A diferencia del 2019, el transporte de material minero se realiza ahora en pequeños lingotes o en carbón activo, que son menos detectables y más fáciles de movilizar para su comercialización a escala local. Los militares sugieren analizar la viabilidad de aumentar el personal policial y militar, dotándolos de los recursos necesarios para establecer puestos de control fijos en los accesos a las vías alternas a La Esperanza de Río Verde.
Recomiendan además que las instituciones de seguridad y control, como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y ARCOM, refuercen su presencia en las zonas de influencia minera ilegal, mediante la implementación de puestos de control permanentes y patrullajes constantes para evitar el tráfico de minerales y la presencia de grupos delictivos organizados. Además, que se articulen acciones entre las entidades de control como el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Fiscalía, para desarrollar estrategias conjuntas que permitan un control más efectivo de la actividad minera ilegal y sus impactos ambientales y sociales.
Y recomiendan que cualquier intervención estatal en la zona esté acompañada de estrategias de desarrollo sostenible, que impidan la reactivación de la minería ilegal, promoviendo alternativas económicas para las comunidades afectadas, como programas de empleo formal, educación y capacitación en actividades productivas legales.
Cómo actúa la minería subterránea
Transporte de material aurífero desde la zona minera, hacia bodegas de almacenamiento.
- Transporte de material aurífero en vehículos tipo camión desde las bodegas de almacenamiento hacia las plantas de procesamiento en las provincias del sur del país.
- Seguridad a los camiones que transportan material aurífero, con el empleo de personal armado y vehículos que hacen de seguridad velada en las rutas que se movilizan.
- Transporte de material aurífero con seguridad hacia las plantas de procesamiento situadas en el sur del país.
Cómo actúa la minería a cielo abierto
Disponen de recursos económicos suficientes para reparar la maquinaria destruida y suspendida en cortos periodos de tiempo.
- Apoyo de la población local que indirectamente se lucra de esta actividad.
- Disponen de una red de informantes con medios de comunicación (teléfonos y radios), que les permiten alertar de la presencia de los organismos de control del Estado.
- Consiguen equipo pesado sin controles de actividad.
- Operan de manera coordinada con traficantes de armas, munición, explosivos y combustibles para realizar sus actividades ilícitas.
- Disponen de colaboradores que son parte de los organismos de control y seguridad del Estado.
- Sus actividades son realizadas en lugares de difícil acceso y alejados de las zonas pobladas.
- Mediante el empleo de actividades hostiles (extorsiones, intimidaciones), buscan mantener el control de la minería ilegal y delitos conexos.
- Se encuentran estructurando redes para que estas se encarguen de la adquisición de explosivos.
- Se encuentran ofreciendo a los habitantes de las comunidades cercanas a las áreas o frentes mineros, alimentación (entrega de víveres) y pago de recursos económicos (dinero en efectivo), de esta manera una vez reclutados tendrían el apoyo por parte de comuneros
- Realizan trabajos de minería en concesiones suspendidas y que poseen permisos de acuerdo al catastro minero para trabajos de exploración, mas no de explotación.
La minería ilegal en la provincia de Imbabura, particularmente en sectores como Buenos Aires, La Merced y cantones como Ibarra y Urcuquí, representa un problema complejo que ha trascendido lo ambiental para convertirse en un entramado de corrupción y crimen organizado con profundas implicaciones sociales y políticas.
Desde 2017 se detectaron indicios de minería ilegal en concesiones oficiales de explotación de oro en Imbabura, actividad que ha crecido pese a operativos estatales. En la parroquia Buenos Aires, por ejemplo, se ha consolidado una minería ilegal con la participación de aproximadamente 2.000 personas, entre nacionales y extranjeros, que trabajan en concesiones mineras como IMBA I e IMBA II, donde se extrae y procesa material aurífero con métodos industriales y artesanales. La actividad está controlada por grupos armados delincuenciales como “Los Lobos”, que además se dedican al tráfico de armas, lavado de activos, extorsión y sicariato, lo que evidencia la interrelación entre minería ilegal y crimen organizado. Estos grupos han establecido redes de seguridad, transporte y almacenamiento del oro ilegal, y han logrado naturalizar esta actividad en la población local, desplazando actividades agrícolas tradicionales por la minería ilegal, que ofrece mayor rentabilidad.
Los operativos realizados por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en 2025 han permitido desmantelar campamentos, plantas de procesamiento ilegales y confiscar grandes cantidades de material mineralizado, maquinaria, explosivos y sustancias químicas altamente contaminantes como cianuro y mercurio. Por ejemplo, en enero de 2025 se desarticularon megaprocesadoras con capacidad para decenas de personas y se incautaron más de 300 bultos de material aurífero y canecas con cianuro, evidenciando la magnitud económica de esta actividad ilícita, que genera ganancias diarias estimadas en decenas de miles de dólares. También se clausuraron bocaminas y campamentos en sectores como Lita, El Verde, Mina Nueva, Mina Vieja y El Olivo.
Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan obstáculos significativos debido a la corrupción y complicidad de autoridades gubernamentales, policiales y otras instituciones. Investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia señalan que la minería ilegal ha logrado infiltrarse en las estructuras del Estado, facilitando su expansión y permanencia. Esta corrupción ha permitido que grupos criminales financien sus operaciones y evadan controles, mientras que las comunidades locales sufren amenazas, extorsiones y la degradación ambiental causada por la minería no regulada. La minería ilegal no solo contamina el suelo y el agua con químicos tóxicos, sino que también genera conflictos sociales y vulnera derechos humanos, especialmente en territorios indígenas y rurales.
En 2022, 16 personas fueron procesadas judicialmente por minería ilegal en Imbabura, tras ser sorprendidas en flagrancia con equipo y explosivos, lo que demuestra la judicialización de algunos casos, aunque la problemática persiste y requiere acciones más integrales y coordinadas.
En conclusión, la minería ilegal en Imbabura es un fenómeno que combina la explotación ilícita de recursos naturales con redes de corrupción y crimen organizado que involucran a autoridades estatales y fuerzas de seguridad, generando graves impactos sociales, ambientales y económicos. Los recientes operativos coordinados han logrado golpes importantes, pero la complejidad del problema exige un compromiso sostenido y transparente de todas las instituciones para erradicar esta actividad y proteger el patrimonio natural y la seguridad de la población.
