Expresidente Constitucional de la República del Ecuador

Universidad Andina Simón Bolívar – Quito, 8 de abril de 2026

Es un honor encontrarme en este prestigioso foro del pensamiento crítico de nuestro país, para acompañar la presentación de la segunda edición del libro “Boicot político: el retorno de los sofistas”, escrito por el abogado Fabián Pozo Neira.

Este análisis jurídico, muy bien documentado, examina uno de los momentos más críticos de la política ecuatoriana ocurrido en 2023: la decisión de una mayoría de la Corte Constitucional de viabilizar el juicio político en mi contra bajo el inaceptable argumento de que la acusación, sobre un supuesto peculado por omisión, tenía “coherencia narrativa” y “mínima verosimilitud”.  

Fabián Pozo lo dice con mucha claridad: “basta tener un buen sofista como narrador de una mentira coherente para lanzar la democracia a la suerte de los votos en la Asamblea. Es un estándar propio de la sociedad del relato y no de la verdad”. Es decir, “la Corte Constitucional fijó un estándar sumamente ligero que representa un peligro para la democracia”.

Los sofistas contemporáneos fabrican, en el espacio público, escenarios propicios para la desestabilización a partir de falacias que, a decir de los magistrados Alí Lozada, Richard Ortiz, Daniela Salazar, Karla Andrade, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas, es suficiente con que estén medianamente bien contadas para suponer que son ciertas.

Lo que esperaba el país -y así lo exige la Constitución de la República- era una evaluación rigurosa, objetiva y técnica por parte de esta mayoría de la Corte. O al menos una revisión guiada por el sentido común que no diera crédito a la patraña de que el presidente de la República pudo beneficiarse de un contrato firmado tres años antes de que asumiera el cargo.

Con el paso de los años me quedan pocas dudas de que este fallo se alineó a la coyuntura política del momento y que sus autores ni siquiera abrieron el expediente. A la postre, lo que hicieron los seis jueces de la Corte Constitucional fue validar una mentira y renunciar a su deber deanalizar si los hechos tenían un sustento jurídico mínimo y si correspondían a las causales que determina la Constitución para dar paso a un juicio político. Hoy también creo que la historia los ha juzgado: serán recordados como cómplices de la degradación institucional y del deterioro de los valores democráticos.

El tiempo, que pone las cosas en su lugar, ha confirmado dos hechos que los sectores democráticos no deben obviar. El primero es que los actores políticos y mediáticos, que produjeron la narrativa de peculado por omisión alrededor de la empresa estatal Flopec, hoy están plenamente relacionados con miembros del crimen organizado. Lo segundo, como lo determina el fallo de la Corte Nacional de Justicia sobre la base de la investigación de la Fiscalía General del Estado, es que nunca hubo “elemento alguno para deducir una imputación” en mi contra. Con ello, esta infamia política y jurídica queda archivada.

En el corazón de toda democracia sana late el principio de la separación de poderes. Cuando ese equilibrio se rompe, cuando un poder se corroe y pretende someter o anular al otro mediante procedimientos laxos, falacias o hechos distorsionados, no solo se viola la Constitución sino que se traicionan los principios de la república. Aquí reside otro de los aportes de esta obra: comprender la justicia como valor supremo, no como instrumento de los intereses político-partidistas. La justicia no pretende aplausos ni venganzas; busca la verdad y la verdad, como bien afirma el autor, siempre es una gran aliada de la historia.

Algunos de los jueces de esa penosa mayoría hoy se encuentran fuera del cargo y es probable que hayan retomado sus cátedras o regresado a la actividad privada. Otros permanecen en funciones. Sin embargo, hay preguntas que les van a perseguir toda la vida: ¿Con qué cara miran al país? ¿Cómo pondrán una mala nota a un estudiante, después de haber dado paso a un juicio político sin abrir el expediente? ¿Cómo podrán hablar de democracia, después de haberla expuesto a un riesgo tan alto?

El Estado de derecho no es una construcción retórica, sino el sustento de la democracia. De él dependen la igualdad ante la ley, la predictibilidad de las reglas y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Cuando se permite que el juicio político se transforme en un boicot político disfrazado de control, cuando se relajan las garantías procesales o se aceptan dictámenes basados en criterios laxos y hechos falsos, se resquebraja ese fundamento. En esa erosión encuentran espacio la corrupción y el crimen organizado, fuerzas que no solo compran voluntades, sino que pervierten la esencia misma de la democracia.

La corrupción es un veneno lento que destruye la confianza pública, distorsiona la competencia justa y socava la igualdad ante la ley. El crimen organizado, con su capacidad de infiltrarse silenciosamente en las instituciones, representa un desafío existencial aún mayor: pretende sustituir el monopolio legítimo de la fuerza por el imperio del miedo y del dinero ilícito. Ambos fenómenos amenazan valores democráticos fundamentales.

En este contexto, el rol que juegan las redes sociales no puede pasar desapercibido. Se han convertido en espacios públicos aprovechados, precisamente, por estos sectores adversos a la ética y a la legalidad. Allí, cualquiera puede arrogarse el derecho de herir, difamar y erosionar la reputación y la dignidad de otros amparado en el anonimato o la ligereza.

No obstante, la hora de la justicia llega. Y cuando lo hace, no se impone como un ajuste de cuentas, sino que se aplica con la serenidad de la verdad, la fuerza de la ley y la contundencia de los hechos.

El libro de Fabián Pozo nos recuerda que las tensiones entre poderes son inherentes a los sistemas democráticos y que la solución a sus diferencias debe lograrse en el marco del debido proceso, la tipicidad clara y el respeto irrestricto al principio de legalidad. Este texto deja lecciones jurídicas, políticas y democráticas que deben internalizarse en la sociedad para reducir la inestabilidad política y fortalecer la institucionalidad pública.  

Celebro que esta obra vea la luz en el seno de la Universidad Andina Simón Bolívar, institución fiel a su tradición pluralista y excelencia académica. Aquí, juristas y ciudadanos podrán reflexionar con libertad sobre cómo fortalecer nuestra democracia mediante el cultivo de valores sólidos: la integridad personal, el compromiso con la verdad, el respeto al otro y la defensa de las instituciones.

Apreciado Fabián: te expreso mi gratitud por este trabajo equilibrado y necesario. Gracias por transformar un desafío personal en una memoria histórica. Este libro no es un alegato; es una invitación al rigor, a la prudencia constitucional y a la defensa sin estridencias de los principios republicanos. 

Al doctor César Montaño, a las autoridades de esta casa de estudios, mi reconocimiento por abrir sus puertas al diálogo académico. A ustedes, estudiantes y profesores, me permito sugerirles que lean este libro con espíritu crítico. Discútanlo, analícenlo. Ese es el mejor homenaje que podemos rendir a la verdad, a la justicia y a los principios democráticos que todos defendemos.

Hoy más que nunca seguiré caminando libremente por Ecuador y el mundo, con la tranquilidad de haber hecho siempre lo correcto.