Autores:

Víctor Xavier Enríquez Champutiz

Pablo Barragán Ordóñez

Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad que debe entenderse como parte de un fenómeno internacional y sobretodo, regional: los delitos relacionados al consumo y tráfico de drogas extendido en todos los estratos sociales.

La pérdida progresiva de institucionalidad dentro del Estado ecuatoriano, la exclusión de adolescentes del sistema educativo por los elevados costos vida –  inflación, la falta de oportunidades laborales y problemas sociales irresolutos de un país en vías de desarrollo entre otros han derivado en el incremento de la violencia, inseguridad, reducción del turismo y, por lo tanto, la reducción de ingresos al Presupuesto General del Estado.

El conflicto armado no internacional (CANI) enfocado al crimen organizado transnacional ha sido reconocido como tal en los Decretos Ejecutivos 110 y 111, y formalizado mediante el Decreto 218, emitido por el señor Presidente de la República señor Daniel Noboa Azín. La implementación y ejecución de la declaratoria de estados de excepción han contribuido en parte a mitigar el problema, en ciertas zonas del país, aunque la Corte Constitucional, máximo órgano de justicia e interpretación constitucional ha exigido y pide del gobierno nacional medidas estructurales que coadyuven a la solución definitiva de esta problemática. 

En ese contexto, no se trata única y exclusivamente de un problema de seguridad interno, sino de una compleja red de intereses ilegales regionales e internacionales que operan en sectores de influencia de las economías criminales como el narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos y el contrabando de combustibles, armas entre otros.

En zonas como: Sucumbíos, Esmeraldas, Manabí y Guayas se han constituido en los polos donde se han desarrollado mayoritariamente acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad, gobernabilidad y la cohesión del Estado, debido a las extorsiones, secuestros y muertes, inclusive a funcionarios públicos. Esta perspectiva ha sido ampliamente desarrollada por Insight Crime y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2023), quienes advierten sobre la convergencia de economías criminales, debilidad estatal y vínculos entre crimen y actores institucionales en Ecuador y países vecinos.

Asimismo, artículos de análisis como “Ecuador en Estado de Guerra” (El Vanguardista, 2024) alertan sobre la presencia de estructuras criminales con poder de fuego, legitimidad social y capacidad de presión territorial. Por su parte, el análisis sobre el Acuerdo de Cooperación entre Ecuador y Estados Unidos (El Vanguardista, 2024) plantea que el país requiere una arquitectura de defensa y justicia basada en inteligencia compartida, interdicción regional y judicialización con respaldo técnico internacional. Este artículo analiza la respuesta del Estado ecuatoriano ante el CANI desde una perspectiva crítica y multidimensional.

Dicha perspectiva contiene argumentos y lineamientos para debatir la propuesta de ley económica urgente enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, en mayo de 2025. El proyecto legislativo plantea herramientas viables para la eficiente ejecución de las misiones del personal encargado del orden público, ya sea Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Su objetivo debe propender al fortalecimiento de las instituciones del Estado, garantizar la judicialización efectiva de los actos delictivos y lograr sentencias ejecutoriadas que desarticulen el accionar de las redes criminales y disuadan posibles amenazas en lo posterior.

El Bloque de Seguridad, especialmente las Fuerzas Armadas, han asumido un rol importante en la ejecución de operaciones militares internas. Las acciones tácticas, operacionales y estratégicas evidencian que la planificación del empleo de la fuerza se ha venido adaptando desde años anteriores ante la evolución del fenómeno delictivo con liderazgo y voluntad política. La lógica operativa busca superar el enfoque reactivo y transformarse en una estrategia de control, intervención y respuesta ante amenazas como los grupos armados organizados (GAO) – grupos de delincuencia organizada (GDO), redes transnacionales de narcotráfico, ciberdelincuencia y organizaciones con capacidad militar o paramilitar, con énfasis en zonas de frontera y ejes logísticos.

En ese contexto, los hechos recientes ocurridos el 18 de mayo de 2025, donde once militares fueron emboscados en la comunidad del Alto Punino, provincia de Sucumbíos, durante una operación de patrullaje, reavivaron el debate nacional sobre la magnitud del conflicto.

La gravedad del incidente reafirma la necesidad de garantizar condiciones claras desde el sistema de administración de justicia, así como la gestión de la administración pública que ante la sensibilidad de la información de los operativos militares debe guardar la debida reserva de la misma a fin de que no se filtre información y se ponga en riesgo vidas humanas del personal militar asignado a las funciones de defensa y seguridad nacional.

Asimismo, se debe hacer conciencia ciudadana en la función judicial para que se evite el abuso de las garantías penales y el principio pro reo que libera a delincuentes con notorios historiales delictivos. Por el contrario, se le deben otorgar garantías jurídicas y judiciales a los militares y policías que enfrentan amenazas transfronterizas de alto riesgo, sin el temor de ser enjuiciados penalmente por el ejercicio de sus funciones.

En este nuevo entorno, caracterizado por amenazas híbridas y un ambiente VICA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), el poder aéreo y espacial ha emergido como un multiplicador de capacidades para enfrentar amenazas transfronterizas dentro del marco de sus competencias y en un claro escenario de guerra en contra del narcoterrorismo.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana ha desplegado sistemas ISR mediante aeronaves tripuladas y no tripuladas, ha incrementado su cobertura radar y ha participado en la detección de rutas ilícitas, pistas clandestinas y tráfico aéreo no identificado. De acuerdo con información abierta, se han inhabilitado 36 pistas clandestinas en zonas sensibles como Esmeraldas, Guayas y Sucumbíos. El componente aeroespacial se complementa con una proyección futura que aspira al desarrollo de capacidades satelitales, interoperabilidad digital y ciberdefensa activa, como parte de una modernización estratégica.

A la par, el análisis estructural del conflicto ha sido abordado con herramientas metodológicas como el enfoque PESTEL, que permite visualizar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y legales que sostienen la economía criminal.

La crisis institucional lamentablemente se manifiesta en todos los niveles del Estado, especialmente en el sistema de administración de justicia. La corrupción, el abuso en la aplicación de derechos humanos a favor de los procesados, y la criminalización de quienes enfrentan el crimen organizado, han debilitado el esfuerzo interinstitucional.

El impacto económico del narcotráfico supera los 10.000 millones de dólares, equivalente al 8% del PIB nacional. A ello se suma la falta de oportunidades para la juventud, que, ante la ausencia de políticas educativas y sociales sostenidas, así como la escasez de trabajo, han sido cooptados por organizaciones criminales, que los utilizan como fuerza operativa de sus estructuras debido a la benignidad del Código Orgánico Integral Penal COIP.

Frente a esta realidad, se vuelve prioritaria la implementación de un sistema de inteligencia financiera robusto. Para ello fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) resulta clave para neutralizar las economías ilícitas que alimentan el conflicto armado no internacional en Ecuador. Este fortalecimiento debe contemplar una reforma legal que le otorgue mayor autonomía funcional, capacidad sancionadora y protección especial sobre el manejo de inteligencia financiera. Operativamente, se requiere la conformación de unidades especializadas en delitos complejos como lavado de activos vinculados al narcotráfico, minería ilegal y corrupción, integradas con tecnologías avanzadas de análisis predictivo y trazabilidad financiera en tiempo real. Además, es imprescindible establecer protocolos de articulación con el Bloque de Seguridad, la Fiscalía y organismos tributarios, a fin de garantizar respuestas ágiles y coordinadas. En el plano internacional, la UAFE debe integrarse activamente a redes regionales de inteligencia financiera y suscribir acuerdos de cooperación que permitan el intercambio oportuno de información con países estratégicos, fortaleciendo así su capacidad disuasiva frente a estructuras del crimen organizado transnacional.

La comprensión de esta amenaza ha sido fundamental para diseñar una estrategia de respuesta interagencial, cuyo principal instrumento sigue siendo el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019–2030. Este plan debe actualizarse a la luz de las experiencias vividas durante más de un año de confrontación bajo el régimen del CANI. La propuesta legislativa del Ejecutivo ha generado un debate que trasciende lo jurídico y lo político, proyectándose sobre el rol de las Fuerzas Armadas en un escenario de seguridad interna. Más que crear nuevos marcos normativos, se debe iniciar con la aplicación coherente y efectiva de la ley existente, acompañada por un compromiso institucional real de todas las funciones del Estado bajo una lógica estratégica. La debilidad del sistema judicial amenaza con socavar el esfuerzo operativo del Bloque de Seguridad, al no traducirse en resultados judiciales

Desde una perspectiva prospectiva, el exministro Oswaldo Jarrín ha señalado que el futuro de la seguridad nacional dependerá de la capacidad del Estado para adaptarse a los nuevos modelos de guerra y las amenazas emergentes.

Esto implica fortalecer la interoperabilidad institucional, redefinir capacidades en función de un entorno no convencional y consolidar mandos conjuntos que integren inteligencia, ciberdefensa, logística territorial y sobretodo cooperación internacional debido a la naturaleza del crimen organizado transfronterizo.

Por su parte, el constitucionalista Nilo Cassanello ha advertido que la excepcionalidad no puede convertirse en regla. Las Fuerzas Armadas deben operar con legitimidad, respaldadas por un sistema que garantice justicia y no impunidad. Según Ana Patricia Muñoz, desde el enfoque social, insiste en que la seguridad sin desarrollo ni cohesión social es inviable, y que el aparato de defensa debe vincularse con políticas de inclusión, prevención y equidad; una actividad que debe coordinar el poder ejecutivo a través de sus agencias afines.

Por tanto, el compromiso de las Fuerzas Armadas en esta etapa debe ser el de demostrar y ratificar el cumplimiento irrestricto de sus responsabilidades constitucionales en salvaguarda de la defensa e integridad territorial y los derechos y garantías de los ciudadanos frente a amenazas reales y dinámicas, y también demandar del poder político y judicial la correcta aplicación de la ley – sistema judicial.

La eficacia y la efectividad de las misiones otorgadas a las Fuerzas Armadas se demuestra con el elevado nivel de confianza ciudadana en el cumplimiento de las tareas encomendadas dentro del respeto al marco constitucional y legal. Por ello, la paz no se reduce al silencio de las armas; implica la reconstrucción / modernización institucional en un ambiente de paz y seguridad que genere las condiciones para el desarrollo armónico de nuestro pueblo, la protección efectiva de los derechos ciudadanos y la restauración de la confianza en el Estado.

Este documento nos invita a reflexionar con visión estratégica los compromisos que se exigen y la responsabilidad histórica que recae sobre la sociedad en general en conjunto con la cooperación internacional, puesto que, frente a amenazas regionales debemos plantear soluciones regionales. El CANI no es solamente una guerra contra grupos armados transnacionales; sino un escenario que permite planificar un nuevo esquema de seguridad nacional que requiere cohesión, liderazgo y sentido institucional.

Referencias

• Barragán Ordóñez, Pablo. El Vanguardista. (2024, enero 19).  Ecuador en Estado de Guerra.
• Barragán Ordóñez, Pablo El Vanguardista. (2024, enero 25).  Acuerdo de Cooperación entre Ecuador y Estados Unidos.
• Cassanello, N. (2025, mayo). Entrevista en Fundamedios: análisis constitucional sobre el proyecto de ley de seguridad.  Fundamedios Ecuador. [https://www.youtube.com/watch?v=qX3BjzXq6jY](https://www.youtube.com/watch?v=qX3BjzXq6jY)
• De la Gasca, J. (2025, mayo 18). Entrevista sobre el proyecto de ley para enfrentar el crimen organizado.  Secretaría General de Comunicación. [https://www.facebook.com/watch/?v=701195979073580](https://www.facebook.com/watch/?v=701195979073580)
• Ecuador Chequea. (2024, diciembre 14). La política internacional de Noboa ha sido una de cal y una de arena.  Ecuador Chequea . [https://ecuadorchequea.com/la-politica-internacional-de-noboa-ha-sido-una-de-cal-y-una-de-arena/](https://ecuadorchequea.com/la-politica-internacional-de-noboa-ha-sido-una-de-cal-y-una-de-arena/)
• InSight Crime. (2023, agosto).  Alerta temprana binacional Ecuador – Colombia. [https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/Alerta-Temprana-Binacional-Ecuador-Colombia.pdf](https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/Alerta-Temprana-Binacional-Ecuador-Colombia.pdf).
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• InSight Crime & UNODC. (2023).  Amenazas regionales del crimen organizado en América Latina y el Caribe . [https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/AMENAZAS-REGIONALES-DEL-CRIMEN-ORGANIZADO-OECO.pdf](https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/AMENAZAS-REGIONALES-DEL-CRIMEN-ORGANIZADO-OECO.pdf)
• Jarrín, O. (2025). Comentario técnico en análisis institucional de seguridad. En Fundamedios, Panel sobre seguridad y derecho . [https://www.youtube.com/watch?v=qX3BjzXq6jY](https://www.youtube.com/watch?v=qX3BjzXq6jY)
• Muñoz, A. P. (2025). Intervención en foro de seguridad multidimensional. En Fundamedios,  Panel sobre seguridad y derecho . [https://www.youtube.com/watch?v=qX3BjzXq6jY](https://www.youtube.com/watch?v=qX3BjzXq6jY)
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• Simon, F. (2025). Intervención en panel de expertos sobre el Decreto 218. En Fundamedios,  Panel sobre seguridad y derecho . [https://www.youtube.com/watch?v=qX3BjzXq6jY](https://www.youtube.com/watch?v=qX3BjzXq6jY)

Víctor Xavier Enríquez Champutiz

Ingeniero en Electrónica e Instrumentación. Maestro en ingeniería con especialidad en Sistemas de Calidad y Productivividad. Teniente coronel de Estado Mayor Técnico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Docente de la Academia de Guerra Aérea.